Por Perla Trevizo
La Estrella De Tucsón
Cuando padres de familia que están de forma ilegal en el país son detenidos o deportados, sus hijos muchas veces se quedan y algunos terminan en custodia del estado.
Dada la falta de uniformidad entre las dependencias y los estados, el desenlace de cada caso depende en gran medida de los abogados personales, trabajadores sociales, jueces e incluso de los centros de detención.
Varios esfuerzos intentan cambiar eso:
Un grupo local de jueces de la corte juvenil, abogados, trabajadores sociales para el bienestar infantil y funcionarios mexicanos están trabajando unidos para encontrar posibles soluciones.
Un nuevo acuerdo concebido para ayudar a prevenir la separación familiar pide a funcionarios de Arizona que notifiquen al Consulado de México sobre los casos que involucran a niños mexicanos.
Los nuevos lineamientos federales enfatizan que las dependencias encargadas del bienestar infantil capaciten a sus empleados para tratar ese tipo de casos y que ofrezcan servicios apropiados a las familias.
Algunos esfuerzos de ciudadanos están encaminados a enseñar a la gente cómo proteger a sus hijos en caso de que los padres sean detenidos.
“Está empezando a funcionar; la comunidad está tomando conciencia en este tema”, dijo Laurie Melrood, trabajadora social y consultora de familias inmigrantes, quien encabeza el grupo de trabajo estatal. “Pero aún estamos buscando la forma”.
Varias series de reportes han subrayado lo difícil que es para los padres tener a sus hijos de regreso después de que ellos han sido detenidos o deportados. Entre los retos están la comunicación, la capacidad de participar en procedimientos judiciales, acceso a clases para padres y la capacidad de asistir a las visitas programadas con sus hijos, concluyó un estudio del 2011 realizado por Nina Rabin, maestra de leyes en la Universidad de Arizona.
Todos estos problemas se manifestaron en el caso de un cliente. La mujer fue acusada de abuso infantil porque dejó a sus hijos con su novio, quien llevó a sus propias hijas al parque y dejó solo en el departamento al hijo de ella de 14 años de edad y con una discapacidad. Después de dos años de pelear por su caso migratorio, la mujer fue deportada y el estado le quitó la custodia.
Rabin dijo que habló con muchos especialistas en el sistema de bienestar infantil que le dijeron que ese único incidente no habría sido la base para cancelar sus derechos como madre de familia si no fuera por el prolongado periodo de tiempo que ella pasó detenida e imposibilitada para fungir como mamá.
Jueces, trabajadores sociales y abogados reportaron que no saben cómo contactar a los centros de detención para buscar a padres que han sido detenidos o deportados, dijo Rabin. Algunos dejarían a los padres de lado bajo la creencia de que si estaban detenidos es porque algo malo hicieron.
“Todos en el sistema de bienestar hablaron sobre el hoyo negro de la inmigración”, dijo.
‘Familias destrozadas’
Hasta medio millón de padres de familia fueron deportados de 2009 a 2013, informaron recientemente el Instituto Urbano y el Instituto de Política Migratoria.
Ninguno de los dos rastrea el dato de cuántos de los hijos de esos pares deportados terminaron bajo cuidado temporal de otras familias (foster care) o fueron reportados a dependencias de bienestar infantil.
Un estimado dice que alrededor de 5 por ciento de todos los niños reportados a agencias de bienestar infantil de Estados Unidos tiene a un padre o madre que está en el país de forma ilegal. Este reporte, publicado en la Revista de Análisis de Servicios para Niños y Jóvenes (Children and Youth Services Review Journal), también indicó que entre los niños hispanos la cantidad sube a 19 por ciento. Estos datos no incluyen a niños que entraron en Foster Care.
En 2011, Race Forward, que antes era el Centro de Investigación Aplicada (Applied Research Center), fue el primer grupo en intentar calcular este problema para su reporte “Familias Destruidas” (“Shattered Families”). Encontró que al menos 5 mil 100 niños en Foster Care tenía a uno de sus padres detenido o deportado. Ahí se incluían aproximadamente 275 niños del Condado Maricopa y 130 del Condado Pima.
“Le quitamos el velo al sistema para mostrar familias que fueron destruidas y sistemas que no se comunicaron entre ellos”, dijo Dominique Apollon, director de investigación del grupo.
Se pide al estado que haga una petición de dependencia 72 horas antes de llevarse al niño de la casa. Pero si los funcionarios pueden hablar con los papás durante ese lapso sobre los posibles lugares afines, la adopción temporal o Foster Care puede evitarse.
También puede planearse antes de que el padre o madre sea deportado. Una vez que el padre está fuera de Estados Unidos, los trabajadores sociales y abogados primero tienen que localizar al padre, después trabajar con otro país que posiblemente tenga diferentes estándares para casas de colocación y que quizá no ofrezcan las clases de paternidad y los servicios requeridos por las agencias de bienestar infantil de Estados Unidos.
El asunto va más allá del impacto en niños y sus familias. Arizona paga 32.57 dólares diarios a los padres adoptivos temporales con su debida licencia para cuidar de los niños, y aun más si el niño tiene necesidades médicas importantes. Eso no incluye gastos médicos, manejo del caso ni gastos legales.
Hacer las preguntas correctas, incluyendo la revisión de fuerzas policiales para saber si se ha arreglado algo en el tema del cuidado de los niños antes de llamar a las autoridades de bienestar infantil podría evitar que casi la mitad de los niños que tienen a un padre detenido o deportado vaya a parar en el sistema oficial, dijo Melrood. Esto es especialmente importante en Arizona, donde más de 17 mil niños reciben cuidado fuera de sus casas familiares y donde hay un problema serio de falta de casas que los reciban temporalmente.
Grupos multiagencias
trabajan por un cambio
El Comité para el Apoyo de Familias Transnacionales se reunió por primera vez en abril. Jueces de cortes juveniles, representantes locales del Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés), abogados migratorios, miembros del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Florence y funcionarios de los consulados de México en Tucsón y Nogales discutieron el protocolo para ayudar a los empleados de bienestar infantil a hacer referencias a especialistas en inmigración. Este grupo planeó también capacitación futura para jueces y trabajadores sociales y discutió un nuevo memorándum de entendimiento entre los consulados del estado y el DCS.
El acuerdo estandarizará el proceso mediante el cual el gobierno mexicano puede ayudar a encontrar a los padres de los niños, conseguir documentos, referirlos a abogados de inmigración y coordinarse con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de México, para asegurarse de que se sigue un plan, dijo Ricardo Pineda, cónsul de México en Tucsón. Su oficina está ayudando en 15 casos activos del DCS.
“Hemos tenido dos sistemas distintos trabajando en diferentes lados de la frontera”, dijo Kimberly Corsaro, jueza de la corte juvenil del Condado Santa Cruz, quien participa en el comité. “Este grupo transnacional tiene el potencial de mejorar las visitas a través de la frontera y mejorar la comunicación relacionada con el estudio del hogar”.
Lineamientos
Los lineamientos estatales y federales ayudan a los funcionarios a saber qué hacer cuando un padre ha sido detenido.
A nivel estatal, el DCS no lleva un registro del número de niños en custodia que tienen a alguno de sus padres detenido o deportado por el ICE, dijo Doug Nick, vocero de la agencia, porque todos los niños son tratados igual, sin importar el estatus migratorio suyo o de sus padres. Pero algunos empleados participan en sesiones de entrenamiento y en comités que enfrentan este problema. La dependencia trabajó recientemente con personas interesadas de la localidad y con oficiales de inmigración en Arizona para desarrollar lineamientos prácticos para el procesos de la dependencia juvenil relacionado con padres detenidos.
A nivel nacional, los funcionarios de inmigración son exhortados a considerar si alguien es la persona que está principalmente a cargo de un niño cuando se procesa un caso. El ICE dijo que por lo general no detiene a un padre de familia mientras está en procedimiento migratorio, pero ese padre al final de cuenta podría ser deportado. Las personas que cruzaron la frontera recientemente y quienes tengan historial delictivo son prioridad para la detención.
El ICE creó un sistema de detección de detenidos en línea, y en el 2013 emitió una directiva para facilitar las visitas entre padres e hijos en centros de detención y para que los padres participen en las audiencias legales.
Este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del país también emitió lineamientos para planeación de casos y para servicios de entrega a familias en las que uno de los padres es detenido o deportado. Los casos se tratan con estos lineamientos en mente en Arizona, dijo Nick.
Preparados para lo peor
Los grupos de base están enseñando a los padres de familia sus derechos y cómo proteger a sus hijos.
Belem Chagolla se unió a uno de ellos, Corazón de Tucsón, hace unos cuatro años.
“Habíamos oído sobre familias a las que les quitaron sus hijos, y teníamos miedo”, dijo.
Después de asistir a una reunión, Chagolla habló con su hermana, quien es residente permanente, y le pidió que cuidara a sus hijos si algo pasaba. Le dio a su hermana un poder notarial, sacó copias de todos los papeles importantes y los puso en un folder rosa.
También se aseguró de que todos sus hijos tuvieran la doble nacionalidad, por si tenían que ir a vivir a México.
Una guía titulada “¿Y qué si me agarra y me arresta el ICE en Arizona?” está sobre la mesa de la televisión, a un la do de los libros de Dr. Seuss. Creada en la localidad por una coalición de expertos y defensores, habla sobre la tutela, sobre la importancia de tener un plan y qué hacer si son detenidos.
Chagolla ha preparado a su hijo mayor, Diego, de 8 años, para lo peor.
“Si ves que me lleva la policía, no te preocupes”, le dijo. “Tu tía está aquí. Ella te quiere mucho y te va a cuidar”.
Este tipo de conciencia, dijo la trabajadora social Melrood, “hace más fácil para los niños no quebrarse o terminar en Foster Care”.
Pero por cada familia que tiene un plan, dijo, hay muchas más que no lo tienen.
“Queremos contactar a más familias”, dijo Mónica Velasco, vecina de Chagolla y quien también pertenece a Corazón de Tucsón.
“Cada vez que conozco a una mamá le pregunto, ‘¿sabes de la tutela?”. Velasco está empezando un grupo de mujeres para hablar sobre estos temas.
Ella no ha escuchado de casos recientes en los que el DCS haya tomado la custodia de niños cuyos padres hayan sido detenidos por la policía, y piensa que eso se debe a los planes de contingencia y a una mayor conciencia de los oficiales policiacos.
Contacto en México
El proceso de educación se está dando en ambos lados de la frontera.
Melrood organiza viajes a Nogales con jueces, abogados y trabajadores sociales que se reúnen con funcionaros del DIF y migrantes.
También tienen planes de entrenar al DIF sobre la forma de trabajo del sistema de bienestar infantil de Arizona, cómo son las casas de estadía aquí y cuáles son los requisitos de los planes de caso.
Frida Espinosa, quien era residente de Arizona y es coordinadora de apoyo a familias transnacionales del Instituto de Mujeres Migrando de la Ciudad de México, está trabajando en una guía práctica para el DIF sobre cómo trabajar con familias transnacionales. También ha hecho videos para padres de familia deportados. Su organización invitó a un grupo de personas de Tucsón involucradas en el tema a dar una presentación en México sobre los esfuerzos locales. Se han dado avances, pero los defensores siguen pugnando para tener una mejor recolección de información que asegure que las necesidades de estas familias se satisfacen, dijo Melrood.
“Queremos ver reducciones significativas en el número de hijos de padres detenidos que quedan en custodia del estado simplemente porque nadie supo cómo encontrar a los padres o trabajar con la familia extendida”, dijo.
