Ya es hora de que los demócratas en el Congreso se fajen los pantalones cuando se trata del presidente Obama y las deportaciones.
Recientemente, un pequeño cuadro de diputados demócratas, encabezados por el congresista de Tucsón Raúl M. Grijalva, pidieron al Presidente cesar las deportaciones, las cuales han ocasionado un profundo daño a miles de familias en todo el país. El gobierno de Obama está en vías de establecer el récord por el mayor número de deportaciones de inmigrantes indocumentados, se prevé que alcance los dos millones este año.
Los 27 diputados también solicitaron a Obama expandir el programa de la Acción Diferida, conocido por sus siglas en inglés como DACA, mismo que ofrece una estadía temporal a ciertos jóvenes que fueron traídos por sus padres a este país siendo niños.
Los críticos hicieron un llamado a tomar acciones morales.
“Esto no significa abandonar una reforma migratoria integral por una orden ejecutiva: Esto significa decir que si a uno realmente le importa –y a todos nosotros nos importa- el consuelo, el bienestar y la seguridad de millones de familias en este país, entonces tenemos que explorar todas las opciones”, dijo Grijalva en una conferencia de prensa en el Capitolio en la que se presentó la carta, el pasado 5 de diciembre.
Como que ya era tiempo de que lo demócratas se hicieran oír en contra de la política de deportación del Presidente. Repetidamente y en voz alta han criticado a los republicanos, específicamente a la mayoría del también llamado Gran Viejo Partido (GOP, en inglés) en la Cámara de Diputados por no aprobar una reforma migratoria integral. Pero se han mantenido callados cuando se trata del Presidente rompiendo el récord de deportaciones.
Las deportaciones, que se han dado con la complicidad de las agencias locales de la policía a lo largo del país, han separado familias, enviado a uno o a ambos padres a su país de origen mientras que sus hijos nacidos en Estados Unidos permanecen en este país.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, casi 205 mil padres de niños nacidos en Estados Unidos han sido deportados entre el 1 de julio del 2010 y el 31 de septiembre del 2012. Esto representa casi el 23 por ciento de todas las personas deportadas en ese periodo. Pero la cifra real podría ser incluso mayor, dado que algunos padres no siempre admiten que tienen hijos, dijo el Concejo de Inmigración de Estados Unidos.
También han habido muchos casos de residentes legales deportados. Y en muchas de las ocasiones, los deportados no son delincuentes sino personas que cometieron una infracción menor de tráfico –como la falta de la luz que va arriba de la placa del carro, el manejar sin licencia o traer una camioneta sin guardafangos.
“La oposición sin sentido que no refleja la voluntad pública ni la responsabilidad moral que tenemos no debiera permitirnos prolongar el innecesario sufrimiento de aquellos que pronto podrían tener su lugar plenamente reconocido en nuestra sociedad. De hecho, un paso firme para garantizar el alivio nos movería a la dirección en la que realmente debería empezar el debate migratorio, la legalización de 11 millones de hombres y mujeres que consideran a Estados Unidos su casa”, decía la carta.
Grijalva y sus colegas tienen razón al pedir al Presidente que tome medidas ejecutivas más agresivas. La administración ha intentado poner el foco en la deportación de criminales, pero el verdadero crimen se da cuando un padre o una madre es deportado tras una parada de tránsito de la policía local.
“Permítanos no tomar estas políticas a la ligera”, decía la carta. “Cada deportación de un padre, una hermana o un vecino pesa en nuestra conciencia social; cada redada o detención innecesaria afecta seriamente el tejido de las libertades civiles que juramos defender.
“Estamos hablando de familias y comunidades norteamericanas. Criminalizar a las familias estadounidenses o dejar en manos de las agencias locales del orden la responsabilidad de decidir quién se queda y quién se va no es la opción correcta”.
ENGLISH VERSION
Democrats in Congress are finally getting some spine when it comes to President Obama and deportations.
Recently, a small cadre of House Democrats, led by Tucson’s Rep. Raúl M. Grijalva, called on the president to cease deportations, which have caused great harm to thousands of families across the country. The Obama administration is on the way to setting a record for the highest level of deportations of undocumented immigrants, expected to reach 2 million this year.
The 27 representatives also asked Obama to expand the deferred action program, or DACA, which grants temporary stays of deportation to some undocumented immigrants who were brought to this country as children by their parents.
The critics called it the moral action to take.
“This is not to abandon comprehensive immigration reform for executive action: This is to say that if you truly care — and we all do — about the comfort, the well-being and the security of millions of families across this country, then we have to explore all options,” Grijalva said at a Capitol press conference announcing the letter on Dec. 5.
It’s about time Democrats begin to sound off on the president’s deportation policy. They have roundly and loudly criticized Republicans, specifically the GOP House majority, for failing to take up comprehensive immigration reform. But they have been quiet when it comes to the president’s recording-breaking deportations.
The deportations, which have come with the complicity of local police agencies across the country, have separated families, sending a parent or both back to their country of origin while their U.S.-born children remain in this country.
According to the Department of Homeland Security, almost 205,000 parents of U.S.-born children were deported between July 1, 2010 and Sept. 31, 2012. That was nearly 23 percent of all individuals deported during that period. The real number is likely even higher since parents do not always admit to having children, the American Immigration Council said.
In too many cases, legal residents have been deported. And too many times, the deported individuals are noncriminals who committed a minor traffic violation — lack of a light over the license plate, failure to have a driver’s license or not having mud flaps on the truck.
“The senseless opposition that neither reflects the public will nor the moral responsibility we hold should not allow us to prolong the needless suffering of those who could so soon have their place in our society fully recognized. In fact, taking a strong step toward granting relief would move us in the direction of where the immigration debate rightfully should start, with the legalization of 11 million men and women who call the United States their home,” said the letter.
Grijalva and his colleagues are right to call on the president to take more aggressive executive steps. The administration has attempted to focus more attention on deporting serious criminals, but the real crime comes when fathers and mothers are deported when stopped by local police.
“Let us not take these policies lightly,” the letter said. “Every deportation of a father, a sister, or a neighbor tears at our social consciousness; every unnecessary raid and detention seriously threatens the fabric of civil liberties we swore to uphold.
“We are talking about American families and American communities. Criminalizing American families or giving local law enforcement the responsibility to choose who stays and who goes, is not the right option.”
