agencia reforma méxico Lugar: Cananea... El derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, el 6 de agosto, contaminó primero las aguas del arroyo Las Tinajas, luego las del río Bacanuchi y finalmente las del río Sonora.
Rolando Chacón / Agencia Reforma México Lugar: Arizpe... Los presidentes municipales piden a Grupo México extraer todos los residuos tóxicos y metales pesados de los cauces naturales, además de adoptar medidas de saneamiento y prevenir nuevos derrames similares.
Rolando Chacón / Agencia Reforma México Lugar: Banámichi... El Municipio de Banámichi tiene 2 mil 500 habitantes, y está a unos 140 kilómetros aguas abajo de Cananea.
Por Liliana López Ruelas
La Estrella De Tucsón
Varias denuncias. Ríos de declaraciones. Limpieza a paso de hormiga. Agua que llega sobre ruedas pero que no fluye por la tubería. Cultivos que no pueden regarse. Leche que se tira por el caño. Pobladores cansados.
Son fragmentos de una fotografía difícil de armar, parte de la realidad de las más de 22 mil personas que no saben cuándo ni cómo su vida volverá a la normalidad después de que hace más de cinco semanas, el 6 de agosto, se derramaran al menos 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre sobre el río Bacanuchi, para desembocar luego en el río Sonora.
El miércoles 10 de septiembre estaba llamado a ser un día clave para este tema, pues los alcaldes de los siete municipios afectados –Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures- hicieron una convocatoria al presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México, para reunirse en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hermosillo y llegar a una solución negociada y rápida al problema.
Al cierre de esta edición el encuentro aún no se realizaba y se desconocía si la empresa atendería el llamado.
“Si la minera no compareciera, se entendería como una burla”, dijo vía telefónica desde Hermosillo Miguel Ángel Soto Lamadrid, uno de los abogados de los alcaldes.
Los daños
A finales de la semana pasada, la comisión espacial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a esta problemática recorrió la zona y estimó que los daños podrían ascender a 800 millones de pesos. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó un cálculo superior a los 2 mil millones de pesos en pérdidas patrimoniales.
El secretario de gobierno de Sonora, Roberto Romero López, dijo en conferencia de prensa el 3 de septiembre que tan sólo el Gobierno del Estado ha destinado 120 millones de pesos a las acciones que ha tomado hasta el momento. Insistió en que esa cifra -y lo que se acumule- la deberá resarcir el Grupo México.
Entre los principales gastos del gobierno estatal están la perforación de más de 14 nuevos pozos y la instalación de módulos para comprar a los productores del río sus productos (dulces, chile, cacahuate, queso, etc.) y comercializarlos en cadenas locales, así como pagar una indemnización a quienes no tuvieran nada que vender.
La respuesta de GM
Desde el día de la derrama, considerada por el Secretario del Medio Ambiente de México como el mayor desastre ocasionado por la minería en el país, ha habido acusaciones de una respuesta lenta, evasiva o incluso mentirosa de la empresa.
Por un lado, los primeros reportes de lo sucedido no salieron de la mina Buenavista del Cobre sino de los alcaldes de los pueblos afectados. Por otro lado, la minera señaló a la lluvia “inusual” como causante de la derrama, cosa que el Delegado en Sonora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió, acusando a la empresa de una falla en su sistema.
Asimismo, la cifra de 40 mil metros cúbicos de contaminantes que proporcionó la empresa ha sido cuestionada por la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que afirma que en el represo que se derramó había mucho más.
La minera ha repartido agua en pipas y embotellada. Entregó 500 mil pesos a cada uno de los siete municipios afectados y anunció la creación de un fondo de 300 millones de pesos para hacer frente a la contingencia.
A través de la Unión Regional Ganadera de Sonora, que gestionó los recursos, se anunció el 10 de septiembre la entrega de 10 millones de pesos a los rancheros afectados.
Sin embargo, en la visión de Jesús Romo, de Tucsón, quien forma parte del cuerpo de abogados pro bono (sin costo) de los alcaldes, la empresa en realidad “no se ha hecho cargo” del asunto.
Si quisiera responder en verdad, debería entregar por lo menos 10 millones a cada municipio, dijo.
Las demandas
Hay por lo menos cinco distintos procesos jurídicos interpuestos o anunciados en contra de la llamada mina de Cananea.
El primero fue una denuncia penal a mediados de agosto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por posibles delitos contra el medio ambiente.
El 4 de septiembre, un grupo de pobladores de la región presentaron en el Ministerio Público Federal de Agua Prieta una Acción Colectiva, un procedimiento nuevo en México que permite que más personas afectadas se sumen a la queja y se vean beneficiadas en caso de un fallo a su favor.
El secretario de gobierno de Sonora, Roberto Romero López, informó que el gobierno estatal interpondría dos demandas contra Grupo México. La primera sería de carácter civil, para que se reponga lo que el gobierno ha pagado hasta ahora, y la segunda una demanda penal por delitos contra la ecología.
Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) interpuso el 5 de septiembre una demanda penal en contra de quien resulte responsable del derrame. El presidente de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez, dijo en conferencia el lunes 9 de septiembre que los sonorenses “no queremos limosna ni apoyo a cuenta gotas”.
Y de no haber acuerdo con los alcaldes, también demandarían.
¿Cancelar la concesión?
Los diputados federales de la comisión especial para dar seguimiento a la problemática del río preparan un informe del que, anticiparon, es muy probable que se derive una petición formal de cancelación de la concesión de explotación de la mina.
El abogado Soto Lamadrid confirmó que es el gobierno federal el que tiene la facultad de revocar la concesión, aunque advirtió que no es eso lo que los alcaldes buscan.
“Y no porque la mina sea inocente, sino porque la preferimos viva para que pague el daño y no cancelada, donde nos sería más difícil”, dijo el también maestro de la Universidad de Sonora. “No es por amor, es por interés”.
¿Cuándo habrá gua?
“Agua potable en dos meses, de riego hasta que se limpie el río”, dijo Romo, abogado tucsonense y quien radica por temporadas en Banámichi.
Explicó que la perforación de los nuevos pozos alejados del río Sonora duraría dos meses, y que ese líquido alcanzaría para el consumo humano, pero “la ganadería y la agricultura se mueren si no hay agua del río”.
Lo que se requiere es que la empresa limpie el río lo más pronto posible, dijo, pero no a pico y pala, como lo hace ahora.
“Los expertos (consultados por el grupo de abogados) nos dicen que se tiene que hacer con maquinaria pesada, que haya ahí expertos también para muestrarios químicos para saber si llega la contaminación hasta el subsuelo”.
Romo abundó en que hay que sacar la tierra contaminada y enterrarla en otro lugar, y que la cal que han vertido sólo disimula el color del agua y la tierra pero no disuelve los químicos.
“Si Grupo México actúa responsablemente, puede hacerse en un año (la limpieza del río), si no, serán varios, y las pérdidas serán enormes”, advirtió Romo.
Sin embargo, en un anota publicada por El Imparcial el 7 de septiembre, se lee que el director de Salud y Seguridad de Grupo México, Enrique Valverde Durán, indicó que hay un avance del 36 por ciento en la limpieza del río y que en octubre la obra alcanzaría el 100 por ciento.
Valverde también dijo que hay áreas donde la naturaleza del río impide que se meta maquinaria pesada.
El hartazgo
“Ya nos están abandonando”, dijo Dora Bravo, residente de San Pedro de Ures. “Antes la entrega de agua era a diario, ya no, y tenemos que ir a Ures (a unos 15 minutos) a llenar el garrafón”.
Bravo dijo que el agua de la pipa para las necesidades de la casa no ha faltado, y que incluso se han repartido tinacos para que la gente almacene su agua. Con la instalación de tinacos es que fue posible iniciar clases en las escuelas a partir del 1 de septiembre.
“Pero es una batalla esto, y de verdad ya se nota; todo ha cambiado mucho, la gente nomás habla de eso. Todo mundo está en la ruina”.
En su familia, que habitualmente vive de la venta de quesos, su esposo tuvo que buscar otra opción y ahora comercializa sandía proveniente de Chihuahua.
Cansadas de la situación, Dora y otras mujeres de esa localidad de unos 900 habitantes tomaron la carretera del pueblo el viernes 29 de agosto para exigir que se abriera un pozo nuevo. “Y sí, en menos de cuatro horas ya había gente del Gobernador y ya están perforando un pozo”, narró vía telefónica.
Protestas como esa se han replicado en diversos poblados, exigiendo una respuesta contundente de la mina que resuelva el problema actual y futuro.
“No sé qué haría la población si no hay una rápida solución”, dijo el abogado sonorense Miguel Ángel Soto Lamadrid. “Y hablo de una solución ya para la próxima semana. Así de difícil está la situación en el estado”.
