Liliana López Ruelas
La Estrella de Tucsón
La investigación de casos de corrupción de ex funcionarios públicos en Sonora no tiene precedente, pero aún está por verse si las consecuencias también hacen historia, coinciden expertos.
Cuando era candidata a la gubernatura, la priísta Claudia Pavlovich prometió castigar la corrupción del gobierno panista de Guillermo Padrés. Ya en el cargo, creó por decreto la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, y cuatro meses después fue aprehendido el primer ex funcionario.
Jorge Morales Borbón, ex Secretario de Comunicación del gobierno estatal 2009-2015, fue detenido por la Policía Estatal Investigadora el 1 de febrero de 2016 en Hermosillo, Sonora, acusado de extorsión, un delito que en su situación de ex funcionario no alcanza fianza.
El fiscal anticorrupción del estado, Odracir Espinoza Valdez, informó que Morales habría recibido más de un millón de pesos en cuentas bancarias personales a cambio de liberar los pagos que el gobierno tenía pendientes a una empresa por sus servicios de comunicación, y dijo que había más denuncias similares contra el ex vocero.
El 7 de febrero un juez dictó formal prisión a Morales, por lo que enfrentará su juicio recluido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) Número 1, en Hermosillo.
El propio Fiscal Anticorrupción hizo crecer las expectativas en torno a estas investigaciones al afirmar en rueda de prensa que la detención de Morales era “sólo el principio de múltiples opciones para turnar ante la justicia sonorense a quienes defraudaron la confianza de los ciudadanos”.
Desde el 2015, diversos medios han difundido que el ex gobernador Padrés es investigado por delitos de corrupción.
El periódico The Wall Street Journal publicó en marzo que había una investigación abierta en la Secretaría de Hacienda en contra del entonces Gobernador y su hermano Miguel Padrés por supuestamente recibir millones de dólares de un empresario que ganó varias licitaciones para la fabricación de uniformes gratuitos para estudiantes del estado.
También en marzo del 2015, la misma Secretaría de Hacienda hizo público que la administración de Guillermo Padrés había favorecido a 574 contribuyentes, entre empresarios y ex funcionarios, exonerándolos del pago de impuestos por un total de mil 704 millones de pesos.
Y en este mes de febrero se difundió que Roberto Romero López, quien fuera secretario de Gobierno, y su esposa, la ex diputada panista Mónica Robles Manzedo, tienen orden de aprehensión por tráfico de influencias y están prófugos de la justicia.
Además, la nueva Fiscalía Anticorrupción ha dicho que tiene abiertas más de 100 investigaciones contra ex funcionarios del gobierno de Padrés.
En una nueva conferencia de prensa el 17 de febrero, el fiscal Espinoza informó también sobre la venta de plazas o puestos de trabajo desde la Secretaría de Educación y Cultura en el sexenio pasado y denunció que personas que han acudido a la Fiscalía a declarar han recibido amenazas.
Política de golpeteo
“Fue una relación tensa, de conflicto”, dijo el director y conductor radiofónico de Proyecto Puente, Luis Alberto Medina, sobre el trato de la ex Secretaría de Comunicación de Sonora con la prensa. “Hubo una persecución y política pública de insulto y difamación del padrecismo”.
“Esta política en contra de periodistas se realizaba desde la Secretaría de Imagen Institucional, que conducía Javier Alcaraz, y a través de las redes sociales”, dijo Medina. Javier Danigno, cuñado del ex Gobernador y quien tenía un puesto en el gobierno como director del Centro de Cómputo, Control y Comando, era muy activo en redes sociales.
El periodista dijo en entrevista telefónica que él no podría hablar de extorsión, “pero sí hubo un momento cuando hicimos una entrevista crítica con el Gobernador, hace tres años, en el que hubo un condicionamiento al presupuesto de publicidad con el grupo con el que estábamos (Uniradio)”.
A raíz de esa entrevista, Alcaraz hizo comentarios agresivos y discriminatoriåos en Twitter en contra del comunicador. La organización internacional Artículo 19 hizo un llamado a Padrés para que garantizara el derecho a la libertad de expresión en Sonora.
Luis Alberto Medina, ganador junto con su equipo de reporteros del Premio Nacional de Periodismo de México en 2015, dijo que la situación se le salió de control al gobierno panista a raíz de la crítica social por el cobro de la tenencia vehicular en 2012. Fue entonces que tras una declaración de Padrés surgió el movimiento de protesta Los Malnacidos.
“Y ahí el gobierno de Padrés tuvo un envejecimiento prematuro”, dijo Medina. Otros temas de sumo desgaste con la prensa y la sociedad fueron el acueducto que lleva agua del Valle del Yaqui a Hermosillo, las concesiones de uniformes gratuitos y la construcción millonaria del Estadio Sonora, además de escándalos como el de la presa en su rancho y la encarcelación de una ex empleada doméstica.
Justicia a prueba
Mientras para el periodista Luis Alberto Medina “por primera vez hay un programa contra la corrupción en general” implementado por la gobernadora Pavlovich, para la maestra e investigadora de Derecho de la Universidad de Sonora Olga Armida Grijalva esto aún está por demostrarse.
“El sistema político mexicano agarra al chivo expiatorio para hacer creíble que estamos aplicando la ley, cuando se oculta mucho más”, dijo Grijalva, quien fuera presidenta del entonces Comité Estatal Electoral de Sonora de 2003 a 2005. “Quiero ver qué tan efectivos son con otras órdenes de aprehensión” contra funcionarios de más alto nivel, como el ex Secretario de Gobierno.
Martín Holguín, columnista del diario El Imparcial -del que el ex vocero Jorge Morales fue director editorial años atrás-, escribió el 2 de febrero que “no hay precedentes en el pasado inmediato de Sonora para este tipo de acciones”.
Pero el problema, ubicó Grijalva, es que “el mismo PAN le va a torcer la mano al PRI, porque hay muchos gobernadores priístas, como el de Chihuahua, el ex Gobernador de Nuevo León, el de Veracruz, que están en la misma condición que Padrés”.
Sin embargo, Grijalva calificó de “exagerada” la corrupción en el primer gobierno panista que tuvo Sonora.
Los entrevistados coincidieron en que Pavlovich ha tenido un acierto político al seguir el camino opuesto al de Padrés: investigar a su antecesor. El priísta Eduardo Bours fue gobernador antes que Padrés, y sobre su administración pesaban dudas sobre el doloroso incendio en la Guardería ABC, donde fallecieron 49 niños.
Grijalva hizo notar que el nuevo Fiscal Anticorrupción de Sonora fue nombrado por la Gobernadora y es una persona de reconocida filiación priísta.
Pero “hay que darle beneficio de la duda. Conozco a Espinoza, es una persona honorable, y ante la falta de autonomía constitucional puede tener autonomía personal, y eso es muy valioso”, dijo Grijalva.
