El Condado Pima y la ciudad de Tucson adoptaron una posición en contra de la propuesta del presidente Trump de expandir la valla en la frontera entre Estados Unidos y México, calificándola de "un símbolo ofensivo y dañino de temor y división".
El martes 6 de junio, la Junta de Supervisores del Condado y el Consejo de la Ciudad de Tucsón aprobaron resoluciones similares que denunciaban la Orden Ejecutiva 13767, la cual ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que "tomara todas las medidas apropiadas para planear, diseñar y construir un muro físico a lo largo de la frontera sur, "entre otros cambios de política”.
La resolución tomada por Tucsón originalmente iba un paso más allá al pedir a la administración local que deje de trabajar con compañías que "se involucren en el diseño, construcción o financiamiento de la valla fronteriza".
La resolución del condado no contenía tal disposición, porque la Oficina del Fiscal del Condado lo desaconsejó, dijo el supervisor Richard Elías.
Originalmente, la resolución de la ciudad declaraba que el Consejo requeriría a las empresas que hicieran pública "su participación en el muro fronterizo antes de que la ciudad invirtiera en esas empresas" y establecía que “la ciudad de Tucsón no desea asociarse con ninguna empresa que participe de ninguna forma en el diseño, construcción o financiamiento del muro fronterizo”.
El consejo optó por suavizar el lenguaje, dando a la ciudad la directriz de dejar de participar con cualquier empresa que tuviera una participación lucrativa en la construcción de la valla a lo largo de la frontera con México. Ahora, el lenguaje contenido en la resolución de la ciudad es en gran parte ceremonial.
Ninguna acción pública ni fondos mutuos están vinculados al proyecto de muro fronterizo propuesto en este momento, dijeron funcionarios municipales.
La concejal Regina Romero trató de agudizar la polémica pidiendo a la ciudad que se niegue a trabajar con ciertas empresas, alegando que esa es la parte sustancial de la resolución. Pero no logró convencer a sus colegas, ya que el abogado de la ciudad, Mike Rankin, dijo que las leyes federales de adquisiciones prohibirían que la ciudad vaya más allá de revisar su cartera de inversiones.
El alcalde Jonathan Rothschild dijo que sigue siendo importante oponerse a la muralla fronteriza, incluso si la resolución de la ciudad es principalmente simbólica. “Es una idea terrible, terrible, terrible”, dijo en relación a la nueva valla propuesta.
Michael Varney, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tucsón (Tucson Metro Chamber), escribió una carta al consejo horas antes de la reunión oponiéndose formalmente a la resolución. Dijo que el consejo puede avanzar con cualquier declaración política que quiera, pero debe dejar a las empresas locales fuera de ella.
“La ciudad no tiene que incluir medidas punitivas que sólo dañen a las empresas locales para hacer esa declaración”, dijo.
Brian Turmail, un portavoz de los Contratistas Generales Asociados de América, fue inicialmente crítico de la resolución, diciendo que perjudica a la industria local de la construcción.
“Deja a los trabajadores de la construcción como rehenes de una lucha política que no tiene nada que ver con ellos”, dijo Turmail.
El precedente de crear una lista negra de empresas que participen en el programa respaldado por el gobierno federal es una "cuesta muy resbaladiza", dijo, argumentando que otras jurisdicciones podrían negarse a trabajar con una empresa de construcción porque alguna vez construyó un centro de Planned Parenthood.
“Es una política muy mal pensada”, dijo Turmail antes de que se hicieran los cambios a la resolución, que fue aprobada por el consejo 6-0, con el concejal Steve Kozachik ausente en la reunión.
Resolución del condado
La resolución del condado plantea una serie de objeciones económicas, sociales, ambientales y humanitarias a la construcción de nuevas vallas fronterizas.
Entre otras cosas, argumenta que las aprehensiones de los migrantes se encuentran en mínimos históricos, las comunidades fronterizas tienen a menudo bajos índices de criminalidad, miles de inmigrantes han muerto en las fronteras tratando de evadir la el cerco y a otros elementos de "militarización" y que un muro fronterizo es “ofensivo y dañino”.
“Compartimos el desierto de Sonora con nuestros vecinos”, dijo Elías, quien pidió que la resolución sea puesta en la agenda. “Y México ha sido un buen vecino”.
El supervisor Ramón Valadez denunció el muro fronterizo propuesto como una “herramienta que no soluciona ningún problema”.
La resolución del condado fue aprobada con una votación de 3-2, con la objeción de los supervisores Ally Miller y Steve Christy.
Miller argumentó que la construcción de muros adicionales es una manera eficaz de protegerse contra la entrada de criminales y de drogas, y rechazó la afirmación de la resolución de que el muro ha llevado a una "crisis de derechos humanos".
"No creo que nuestra frontera esté suficientemente militarizada", dijo.
Christy dijo que la resolución era otro ejemplo de la junta "ahondando en áreas fuera de su alcance" y se burló de quienes esperan que tal medida tuviera algún impacto significativo en la política federal.
“Esta junta tiene un condado que hacer funcionar”, agregó. “¿Y qué estamos haciendo con estos temas nacionales de manera grandilocuente para que todos nos sintamos bien?”.
Elías replicó que el Condado Pima tiene la frontera más larga con México entre los condados del suroeste, y agregó que “la gente en las fronteras merece tener voz”.
ENGLISH VERSION
Pima County and the city of Tucson are taking a stand against President Trump’s proposed expansion of the U.S.-Mexico border wall, calling it “an offensive and damaging symbol of fear and division.”
On Tuesday, the county Board of Supervisors and City Council approved similar resolutions denouncing Executive Order 13767, which directed the Department of Homeland Security to “take all appropriate steps to immediately plan, design, and construct a physical wall along the southern border,” among other policy changes.
Tucson’s resolution went a step further by originally calling for the city to stop working with companies that “become involved in the designing, building or financing of the border wall.”
However, the county’s resolution didn’t contain such a provision because the County Attorney’s Office advised against it, said Supervisor Richard Elías.
The city’s resolution originally stated the council would require the disclosure by “companies of their involvement with the border wall prior to city investment in those companies” and that “the city of Tucson does not wish to be associated with any company that participates in the design, construction or financing of the border wall in any way.”
The council opted to soften the language, directing the city to divest holdings in any companies that would profit from building the wall along the Mexico border. The language contained in the city’s resolution is largely ceremonial. No publicly traded stocks or mutual funds are tied to the proposed border wall project at this time, city officials said.
City Councilwoman Regina Romero attempted to salvage the controversial section directing the city to refuse to work with certain companies, saying it was the teeth of the resolution. But she failed to convince her colleagues as City Attorney Mike Rankin said federal procurement laws would prohibit the city from going further than reviewing its investment portfolio.
Mayor Jonathan Rothschild said it was still important to oppose the border wall even if the city’s resolution is mainly symbolic. “It is a terrible, terrible, terrible idea,” he said of the proposed wall.
Michael Varney, the president and CEO of the Tucson Metro Chamber, wrote a letter hours before the meeting to the council formally opposing the resolution. He said the council can move forward with any political statement it wants but should leave local businesses out of it.
“The city does not have to include punitive measures that will only damage local companies in order to make that statement,” he said.
Brian Turmail, a spokesman for the Associated General Contractors of America, was initially critical of the resolution, saying it hurts the local construction industry.
“It holds construction workers hostage to a policy fight that has nothing to do with them,” Turmail said.
The precedent of blacklisting companies for participating in a federally backed program is a “very slippery slope,” he said, arguing other jurisdictions might refuse to work with a construction company because it once built a Planned Parenthood center.
“It is a really poorly-thought-out policy,” Turmail said before the changes were made to the resolution, which was approved by the council 6-0, with Councilman Steve Kozachik not at the meeting.
County resolution
The county resolution raises a number of economic, social, environmental and humanitarian objections to additional border wall construction.
Among other things, it argues that migrant apprehensions are at historic lows, border communities often have low crime rates, thousands of migrants have died in the borderlands trying to evade fencing and other elements of “militarization,” and that a border wall is an “offensive and damaging symbol.”
“We share the Sonoran Desert together with our neighbors,” said Elías, who asked that the resolution be put on the agenda. “And the nation of Mexico has been a good neighbor to us.”
Supervisor Ramón Valadez decried the proposed border wall as a “tool that doesn’t solve any issue.”
The county resolution was approved with a 3-2 vote, over the objections of supervisors Ally Miller and Steve Christy.
Miller argued that additional wall construction is an effective way to protect against the entry of criminals and drugs, and rejected the resolution’s claim that the wall has led to a “human rights crisis.”
“I don’t think our border is militarized enough,” she said.
Christy said the resolution was another example of the board “delving into areas outside of its purview,” and mocked the prospects of such a measure having any meaningful impact on federal policy.
“This board has a county to run,” he added. “And what are we doing with these national issues in a grandstanding manner to make us all feel good?”
Elías countered that Pima County has the longest border with Mexico of any southwestern county, adding that “the people in the borderlands deserve to have a voice.”
