Por Perla Trevizo
La Estrella de Tucsón
La demanda civil de la familia de un adolescente mexicano matado por un agente de la Patrulla Fronteriza en un tiroteo transfronterizo puede proceder, dictaminó un juez federal de Tucsón.
“Esta corte llegó a la conclusión de que, bajo los hechos que se discuten en este caso, el mexicano puede hacer valer para sí las protecciones de la Cuarta Enmienda y que el agente probablemente no puede garantizar su inmunidad”, escribió el juez de distrito de Estados Unidos Raner C. Collins en una decisión de 21 páginas, el 9 de julio.
La noche del 10 de octubre de 2012, el agente Lonnie Swartz de la Patrulla Fronteriza disparó desde este lado del cerco fronterizo hacia Nogales, Sonora, impactando a José Antonio Elena Rodríguez, quien caminaba del otro lado de la calle, a unos 9 metros del cerco.
La autopsia reportó que el joven de 16 años recibió unos 10 disparos, la mayoría por la espalda.
La Patrulla Fronteriza ha dicho que Elena Rodríguez estaba entre un grupo de personas lanzando piedras, pero los abogados de la familia dicen que él venía de jugar basquetbol y caminaba hacia su casa, que se ubica cerca de ahí.
El año pasado, Araceli Rodríguez, madre del adolescente, demandó al agente diciendo que Swartz violó la Cuarta y la Quinta Enmiendas por el uso “excesivo e injustificado” de la fuerza.
Sean Chapman, quien representa a Swartz, argumentó en mayo que el caso debía ser desechado porque Elena Rodríguez era un ciudadano mexicano que recibió balazos en suelo mexicano, y por lo tanto no estaba protegido por la Constitución de Estados Unidos.
Collions determinó que Swartz no puede hacer valer la inmunidad calificada cuando él encontró “después de los hechos que había utilizado fuerza excesiva y letal contra un no ciudadano”.
Swartz argumentaba que en el momento en que disparó a Elena Rodríguez no estaba claramente establecido si la Constitución podía aplicarse extraterritorialmente a una persona no ciudadana norteamericana y en suelo extranjero.
Pero Collins dijo que cuando Swartz disparó a Elena Rodríguez él era “un oficial de una fuerza de seguridad norteamericana parado sobre suelo norteamericano y bien consciente de los límites del uso de fuerza letal en contra de los ciudadanos norteamericanos o no dentro de Estados Unidos”.
Luis Parra, uno de los abogados que representa a la familia Rodríguez, dijo que la decisión estuvo bien razonada. “Realmente se enfoca en el escenario de los hechos pertinentes a José Antonio y su familia”, dijo.
“La decisión se reduce a la corte reconociendo los principios bien establecidos de los derechos constitucionales que indican que éstos no terminan en la frontera”, dijo. Y eso significa que “los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden seguir disparando a mexicanos bajo impunidad constitucional y quedar libres de la supervisión judicial”.
Collins escribió, “En esencia, este es un caso que alega el uso excesivo de la fuerza por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos parado en suelo norteamericano puesto ante una Corte Federal de Distrito de Estados Unidos encargado de la defensa de la Constitución de Estados Unidos”, escribió, “que el fallecido era un ciudadano mexicano en suelo mexicano en el momento en que ocurrió la violación no es sino una de las muchas consideraciones prácticas y factores que la Suprema Corte de Estados Unidos ha ordenado considerar a las cortes menores”.
Chapman no estuvo disponible de forma inmediata para hacer comentarios, pero en mayo ambos lados indicaron que una decisión desfavorable por parte del juez sería apelada.
