Por Valeria Fernández
Centro para el Periodismo
de Investigación de Arizona
SONORA, México.— Zoila López sostiene una botella con agua turbia frente a una ventana sobre el lavatrastes, y al agitar su contenido, el agua se vuelve de un turbio color café. Es agua de la llave.
Es una mañana agitada en la que sus tres niños, que van de los 3 a los 7 años, la ayudan a preparar el lonche de su esposo. El hijo de en medio, Jesús, de 6 años, llena un vaso con agua purificada de un garrafón para lavar verduras. No creen que el agua de llave sea segura.
“Así es como sale, sobre todo en la mañana”, dijo López, de 32 años, mientras volvía a agitar la botella. “Ahora usamos agua purificada para todo –y ni siquiera puedo confiar”.
López y su familia están entre los miles de personas afectadas por el derrame minero del 2014 que contaminó el Río Sonora. Se le ha considerado uno de los peores desastres ambientales en la historia de México y que ha amenazado el sustento de los residentes de la cuenca del Río Sonora.
Frustrada por lo que reclama como una respuesta lenta del gobierno de México y la falta de transparencia de la mina, la gente de la región está presionando. Más de 600 residentes, incluida López y su familia, son parte de un movimiento que pide que los funcionarios hagan más por restaurar la seguridad de su salud y de esas tierras a las que consideran su casa.
El 6 de agosto del 2014, casi 40 mil metros cúbicos (11 millones de galones) de una solución de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, se vertió en el Río Bacanuchi y desembocó en el Río Sonora. El derrame impactó un área de casi 322 km a lo largo de la cuenca del río, donde habitan más de 22 mil personas.
Ha pasado más de un año desde el derrame, y funcionarios tanto del gobierno como de la mina afirman que el río está a salvo. La mina presentó un plan de remediación que el gobierno de México aprobó. Pero los esfuerzos de limpieza han alcanzado unos 30 km desde el sitio del derrame, lo que únicamente abarca terreno propiedad de Grupo México.
“No podemos decir que se ha remediado el 100 por ciento. El plan de remediación es a 5 años”, dijo Adolfo García Morales, quien entonces era delegado de la Secretaría de Gobernación de México en Sonora y ahora es secretario de Seguridad Pública del estado.
El derrame del 2014 sucedió a tan sólo 40 km de Arizona, en Sonora. Afectó a siete municipios: Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.
El Río Sonora, que corre de Cananea hasta cerca de Hermosillo, es considerado la fuente de vida agrícola y ganadera de la región.
El esposo de López, Armando Enríquez, perdió su cosecha cuando el gobierno cerró temporalmente todos los pozos del Río Sonora tras el derrame. La afectación a sus tierras se agudizó un mes después, cuando azotó el Huracán Odile, ocasionando que el río creciera e inundara sus tierras con agua aún tóxica.
“Además de que nos afectó económicamente, causó mucho daño a los ranchos (en la región)”, dijo Enríquez, de 35 años. “Todo lo que tengo está aquí, así es como me gano la vida”.
Las autoridades federales en México llegaron a un acuerdo con Grupo México para establecer el Fideicomiso Río Sonora, por el equivalente a unos de 150 millones de dólares, para ofrecer financiamiento para reparaciones a los ganaderos y otros empresarios afectados por el derrame. Hasta el mes de agosto del 2015, el fondo había cubierto más de 36 mil reclamos individuales, algunos de los cuales incluían múltiples quejas por persona e iban desde aspectos de salud hasta negocios.
Enríquez recibió el equivalente a 7 mil dólares para reponer sus pérdidas en el negocio, pero dijo que sus gastos agrícolas fueron cuatro veces más. Agregó que esto es aparte del hecho de que inmediatamente después del derrame, su esposa e hijos empezaron a tener problemas de salud.
“Al principio creímos que estábamos seguros porque Grupo México nos traía agua en garrafones y en pipas. Pero después de consumir esa agua empezamos a tener problemas de salud”, dijo Zoila López, la esposa de Enríquez.
Durante el primer mes después del derrame, Grupo México distribuyó más de 45 millones de litros de agua limpia, de acuerdo a las declaraciones de la empresa. Ni la mina ni la Cofepris, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, respondieron a repetidos cuestionamientos sobre de dónde provenía el agua o qué tan segura era.
El gobierno mexicano dijo que envió de inmediato clínicas móviles a la región para monitorear a los ciudadanos sobre la exposición a metales pesados. Pero López se quejó de que los médicos no hayan examinado su sangre a ver si había toxinas, una prueba que la familia no puede pagar de su propia bolsa.
Siete meses después y tras haber hecho público su caso, López fue contactada por funcionarios de salud del gobierno. Fue entonces que a López y su familia les practicaron el examen de metales pesados. Como resultado, recibió el equivalente a mil dólares del fideicomiso de Grupo México.
López y su familia están reconocidos entre las más de 300 personas con problemas de salud relacionados directamente con el derrame. Reciben atención en el centro de tratamiento epidemiológico que abrió en marzo del 2015, operado por el gobierno.
Grupo México, un conglomerado minero mexicano con instalaciones en Latinoamérica y Estados Unidos, no notificó de inmediato sobre el derrame a las autoridades mexicanas como lo indica la ley, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa.
Sin embargo, cuando el hecho sucedió, Grupo México declaró en un comunicado que sí lo había hecho y además dijo que el derrame había sido consecuencia de las lluvias, cosa que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México calificó de falsa, “de acuerdo con los reportes del Servicio Nacional Metereológico”.
La Profepa determinó que la empresa operaba de forma ilegal en un área que aún estaba bajo construcción.
“Fue una combinación de un accidente de construcción y una decisión inapropiada de parte de la mina de empezar a usar instalaciones que no estaban listas para el proceso de producción”, dijo Arturo Rodríguez Abatia, subdirector de Inspección Industrial de la Profepa.
