Es algo histórico, dijo Abby Louise Jensen. Davin Franklin-Hicks lo llama un parteaguas.
Cuando la fiscal general de la nación Loretta E. Lynch anunció el lunes 9 de mayo la intención del gobierno federal de impugnar la ley de Carolina del Norte que discrimina a las personas transgénero, dejó en claro quiénes estarían del lado correcto -y del lado equivocado- de la historia.
“Nosotros los vemos”, les dijo Lynch a Jensen, a Franklin-Hicks y a todas las demás personas que por años han estado luchando por la igualdad de los derechos civiles y por mantener su identidad y expresión sexual.
Lynch, quien nació en Carolina del Norte y recordó las leyes estatales que fomentaban la discriminación racial -conocidas como Jim Crow– y los esfuerzos en años anteriores por tumbar esas leyes, agregó: “Estamos con ustedes, y haremos todo lo posible por protegerles su futuro. Por favor, sepan que la historia está de su lado”.
De hecho, el curso de la historia está del lado de un grupo de personas que han sido marginadas y, en muchos casos, viven con miedo y aislados.
“Es completamente extraordinario. No estamos acostumbrados a que el gobierno nos apoye”, dijo Jensen, abogada de apelación del Defensor Público del Condado Pima.
Pero no hay celebración aún, ni siquiera porque la administración de Obama emitió el viernes 13 de mayo fuertes lineamientos para que las escuelas públicas permitan a los estudiantes transgénero usar los baños que correspondan a su identidad sexual. Hay un fuerte y politizado movimiento para hacer de las personas trans el chupacabras de este año de elecciones presidenciales al apoyar la nueva ley de Carolina del Norte y apoyar a otros estados que niegan a las personas transgénero el acceso igualitario a los baños públicos.
El Gobernador republicano de Carolina del Norte se ha negado a ceder, argumentando que se trata del derecho del estado y acusando al gobierno federal de extralimitarse. Es la misma respuesta blanda que antes dieron los gobernadores del Sur cuando se negaron a que colegios públicos, escuelas, baños y bebederos fueran los mismos para las personas de cualquier raza o grupo social.
Franklin-Hicks dijo que el proyecto de ley 2 de Carolina del Norte es una reacción al éxito del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la creciente visibilidad de las personas transgénero en medios de comunicación y entre la ciudadanía. Los oponentes al matrimonio entre personas del mismo sexo perdieron, y ahora buscaron un nuevo grupo de personas a las cuales atacar, agregó.
“Es muy fácil asustar a la gente con esto”, dijo Franklin-Hicks, coordinador de relaciones públicas de La Frontera Arizona. Él y Jensen son copresidentes de la Comisión de Asuntos sobre Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgéneros de Tucsón.
La pelea por evitar que la gente haga pipí en el baño de su identidad sexual, sin embargo, no es nueva, dijeron Jensen, mujer transgénero y madre de tres hijas, y Franklin-Hicks, hombre transgénero quien está casado y tiene un hijo adoptado.
Hace tres años, el senador republicano de Fountain Hills en el Condado Maricopa, John Kavanagh, promovió una ley que hubiera convertido en delito –con pena de seis meses de cárcel– el que alguien usara un baño o regadera que no correspondiera con su sexo de nacimiento. Aunque en la legislatura de Arizona controlada por republicanos no hay un proyecto de ley en marcha, nuestro estado se puso de lado de Carolina del Norte en su batalla legal contra el gobierno federal.
¿Pero adivinen qué?
“Las personas trans siempre han utilizado el baño de su elección”, dijo Franklin-Hicks.
¿Qué va a hacer Carolina del Norte si su ley se mantiene? ¿Pondrá policías a revisar los genitales de la gente?
“A menos que revisen a todo el mundo”, dijo Jensen, “se convertiría en uso del perfil racial basado en el sexo, lo cual es inconstitucional”.
En realidad esto no se trata de quién puede y quién no utilizar un baño público conforme a su identidad sexual y tampoco es un asunto de “seguridad”. Esto se trata de demonizar a un grupo de personas para obtener una ganancia política. Está claro. Es una jugada política aventada a las espaldas de las personas transgénero, que sufren altos índices de abuso, violencia, depresión y todo lo que eso conlleva.
Ya hemos visto esta película antes: con los negros, los inmigrantes indocumentados, los homosexuales, los musulmanes.
Igual que las anteriores leyes que atacan con castigos a grupos de personas desprotegidas, la ley de Carolina del Norte se basa en el miedo y la ignorancia, dijo Jensen.
No podemos tenerles miedo y excluir a miembros de nuestras familias, compañeros de trabajo, vecinos o personas que no conocemos sólo por su identidad sexual.
Lynch, la primera mujer afroamericana en ser fiscal general, nos lo recordó la semana pasada cuando dijo una poderosa verdad: “Este no es momento de actuar movidos por el miedo. Es momento de hacer un llamado a nuestras virtudes nacionales de inclusión, diversidad, compasión y mentes abiertas”.
