La directora de la organización líder de Arizona en temas de aborción dijo el martes 12 de julio que su organización no reanudará los procedimientos en el Condado Pima. A pesar de que un juez federal bloqueó una ley de "personalidad" fetal, la organización teme que se puedan generar cargos penales contra médicos y otras personas.
Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Arizona, culpó de la decisión a las declaraciones "vagas y confusas" del fiscal general republicano Mark Brnovich sobre una prohibición casi total de los abortos.
Esa ley existe desde al menos 1901, pero ha sido bloqueada desde poco después de la decisión de la Corte Suprema de EEUU en 1973 en Roe v. Wade. Ese mandato cubre al Condado Pima y al fiscal general, lo que significa que la decisión del juez sobre la ley de personalidad dejó abierta la posibilidad de que se reanuden los abortos en Tucsón.
El tribunal superior anuló Roe el mes pasado, diciendo que las mujeres no tienen derecho constitucional al aborto, lo que permite a los estados limitar o incluso prohibir todos los abortos.
Brnovich anunció el mes pasado que la ley anterior a 1901 era aplicable y que su oficina buscaría que se levantara esa orden judicial, aunque aún no lo ha hecho.
“No vamos a poner en riesgo a nuestros pacientes, personal y comunidades, especialmente cuando la mayoría de nuestros proveedores y pacientes de primera línea se identifican como POC (personas de color), LGBTQ o inmigrantes, y sabemos que el sistema de justicia penal es particularmente cruel con esas comunidades”, dijo Forteno en un comunicado.
El director médico del segundo proveedor de abortos más grande de Tucsón no respondió a las solicitudes de información. Choices Women's Center, al igual que otros proveedores de Arizona, detuvo la atención de casos de aborto después del fallo de la Corte Suprema del 24 de junio.
El otro problema importante que les preocupa a los proveedores es una ley de 2021 que otorga todos los derechos legales a los niños sin nacer, la llamada ley de "personalidad". A los proveedores les inquieta que el estado pueda presentar cargos penales contra los médicos y otras personas por abortos legales, y el mes pasado le solicitaron a un juez federal bloquear dicha ley por considerarla inconstitucional.
El lunes 11 de julio, el juez de distrito Douglas Rayes afirmó en un fallo escrito que los grupos que demandaron para bloquear la ley tienen razón: "cualquiera puede adivinar", como reconoció el estado, qué leyes penales pueden estar violando los proveedores de servicios de aborto si realizan abortos que de otro modo serían legales. Los proveedores han temido ser acusados de abuso infantil, agresión u otros delitos.
Al menos otros cuatro estados tienen leyes de "personalidad" similares, entre los cuales están Missouri, Georgia, Alabama y Kansas, aunque la Corte Suprema de Kansas declaró en 2019 que el acceso al aborto es un derecho fundamental bajo la Declaración de Derechos del estado y su ley de "personalidad" no tiene ningún efecto.
Los estados ahora tienen amplios derechos para limitar el aborto, y ahora se pueden hacer cumplir muchas leyes que limitan o bloquean todos los abortos. Esto ha llevado a batallas en muchos estados sobre qué leyes son ahora aplicables.
Arizona está en esa posición, cuando el gobernador republicano Doug Ducey afirma que la prohibición de los abortos después de 15 semanas que firmó en marzo tiene prioridad sobre la ley anterior a 1901 que, según Brnovich, está vigente.
En 2020 se presentaron un poco más de 13,000 abortos en Arizona, según el informe más reciente del Departamento de Servicios de Salud del estado. De ellos, menos de 650 se realizaron después de las 15 semanas de gestación.
