Los contribuyentes comenzaron a pagar por la estancia de Iván Moreno Miranda poco despues de que un agente de la Patrulla Fronteriza lo detuvo el 14 de enero.
Moreno Miranda había cruzado la frontera de forma ilegal cerca de Douglas, después de haber sido deportado en 2013, segun documentos de la corte federal en Tucsón. El fiscal federal decidió presentarle cargos criminales y Moreno Miranda se quedó en custodia del Servicio Federal de Alguaciles por cuatro meses, a un costo de 9,600 dólares.
Esos costos pueden crecer con rapidez.
En un caso semejante, pero en el que el acusado había cometido delitos hace dos décadas, incluyendo asalto agravado a la edad de 19 años, el caso se complicó y se demoró tres meses más. Los costos de albergarle en prisión llegaron a casi 16,800 dólares.
En la última década, los costos de la estancia en prisión de personas que cometieron delitos relacionados con la inmigración en el sur de Arizona superaron los 1,800 millones de dólares, según información obtenida por el Arizona Daily Star -diario hermano de La Estrella de Tucsón- a través de la petición de archivos públicos.
La agencia federal de Alguaciles (Marshals) pagó casi 1,100 millones de dólares en los años 2007-15, según información obtenida a través de una petición presentada bajo la Ley de Libertad de Información. Más de 90 por ciento de esos fondos, 1,000 millones, fue pagado a CoreCivic, una empresa de prisiones anteriormente conocida como Corrections Corporation of America.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pagó 760 millones de dólares desde 2007-16, según información obtenida también mediante la petición de archivos públicos.
La Agencia Federal de Prisiones alberga actualmente a 2 mil 825 indocumentados que fueron sentenciados en Arizona, a un costo anual de 98 millones de dólares. La mayoría está en otras partes del pais, mientras que 266 de ellos están en prisiones en Arizona a un costo anual de 9.2 millones de dólares.
Además, los condados de Arizona pagaron 335 millones de dólares de 2009 a 2016 para albergar a indocumentados que cometieron delitos locales, según información provista por el Condado Cochise.
Los costos anuales de detención del ICE crecieron 400 por ciento de 2007 a 2016, mientras los mismos costos por los Marshals crecieron 50 por ciento, según los archivos oficiales.
Es probable que los costos de detencion sigan creciendo debido a la ruptura de la administración de Trump con políticas previas, lo cual deriva en que todos los indocumentados detenidos ahora deben quedar presos (ya no deportarlos de inmediato) mientras sus casos se resuelven.
En un comunicado del 20 de febrero, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenó a agencias federales aumentar sus capacidades de detención cerca de la frontera “al máximo posible”.
Y en un memorándum el 11 de abril, el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, ordenó a los fiscales en estados fronterizos priorizar los delitos relacionados con la inmigración.
“Para un abogado de defensa, esto implica trabajo seguro”, dijo el abogado F. Michael Carrillo después de una audiencia en la corte federal en Tucsón. “Pero desde una perspectiva humana, es un fraude. Es desgarrador”.
“Esos son los ‘bad hombres’?”, preguntó Carrillo. Para muchos de sus clientes, “su pasado criminal consiste en un montón de violaciones de leyes migratorias”.
La Patrulla Fronteriza y el fiscal federal del Distrito de Arizona no respondieron a pedidos por información. El ICE negó al Arizona Daily Star la petición de realizar un recorrido por centros de detención y de obtener la cifra total de indocumentados bajo custodia de ICE en el Sur de Arizona.
