Por Curt Prendergast
La Estrella de Tucsón
Tras varias semanas en las que inmigrantes ilegales suplicaban saber dónde están sus hijos, un juez federal en Tucsón le dijo a un fiscal que los ayudara.
La solicitud del juez magistrado Bruce G. MacDonald’s la semana pasada se dio mientras los jueces magistrados de Tucsón adoptaban una postura cada vez más severa para separar a las familias después de que el Departamento de Justicia anunciara una política de cero tolerancia para quienes cruzan la frontera ilegalmente.
La Oficina de Fiscal General de Estados Unidos está trabajando con agencias federales del orden y con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, la cual coloca a los niños con su familia o bajo el cuidado temporal de terceros, dijo Cosme López, vocero de la Oficina del Fiscal General.
“El plan es desarrollar un mecanismo para ayudar a los acusados a encontrar la ubicación de sus hijos”, dijo López.
El “mecanismo podría ser un punto de contacto en los centros de detención o un número telefónico al que los padres puedan llamar, entre otras opciones, dijo López.
En las semanas pasadas, al menos 45 niños, la mayoría de Guatemala, fueron separados de sus padres, quienes fueron procesados a través Operation Streamline, un programa agilizado para procesar a indocumentados detenidos al cruzar, según arrojó una revisión de los archivos de la Corte de Distrito de Estados Unidos realizada por este periódico.
Aunque algunas familias cruzan de forma ilegal la frontera y después contactan a agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que por lo general desencadena proceso penal, otras familias piden asilo en los puertos de entrada, entre ellos los de Nogales. Esas familias pasan por un proceso civil de inmigración, más que por un proceso penal.
El lunes 4 de junio, Mary Kincaid, asistente de defensor público federal, habló en nombre de su cliente, Cerafino Pérez Andrés, un guatemalteco que el 2 de junio cruzó la frontera de forma ilegal con su hija de 15 años.
“Él no sabe dónde está su hija ahorita”, dijo Kincaid a MacDonald, y le pidió que instruyera al gobierno informar a los padres de la ubicación de sus hijos.
La petición puede ser “un poco fuera de lo común”, dijo. “Pero creo que todos reconocemos que estamos en medio de una crisis humanitaria”.
Cuando los padres comenzaron a preguntar acerca de sus hijos en las audiencias de Streamline hace varias semanas, los jueces magistrados dejaban constancia del hecho de que los padres fueron separados de sus hijos. Luego, los jueces magistrados comenzaron a recomendar que los padres se reunieran con sus hijos.
MacDonald fue un paso más allá y le dijo al fiscal federal Christopher Lewis que preguntara dónde ubican a los niños y les proporcionara esa información a los padres, según una grabación de audio de la audiencia obtenida a través de la oficina del secretario del tribunal.
El problema para identificar las ubicaciones de los niños, de acuerdo con los fiscales federales, es que los niños son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que no forma parte del Departamento de Justicia ni del sistema judicial.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de “no tienen conocimiento ni control sobre dónde ubicarán a esos niños”.
Fredy Pérez Gregorio, un guatemalteco que cruzó la frontera ilegalmente con su hijo de 12 años, lloró mientras hablaba con MacDonald.
“Estamos muy tristes de no estar con nuestros hijos”, dijo Pérez. “No estamos acostumbrados a estar sin ellos”.
“Espero que cuando seamos deportados, los niños también sean deportados con nosotros, porque sería realmente malo dejarlos”.
Abel Ramírez Nicolás, también de Guatemala, pidió que reencontrarse con su hijo de 7 años.
“Todo lo que quiero es que me deporten, que me deporten con mi hijo”, le dijo Ramírez a MacDonald.
No quería ser deportado a Guatemala, donde hay “muchos problemas”, incluidas bandas callejeras violentas que se aprovechan de los niños, dijo.
“No quiero que mi hijo pase por esa situación”, dijo Ramírez. “Quiero luchar por él, quiero darle un futuro mejor. Por eso vine a este país”.
Numerosos abogados defensores le dijeron al Arizona Daily Star y La Estrella de Tucsón en las últimas semanas que no tienen respuestas cuando sus clientes les preguntan por el paradero de sus hijos.
El gobierno “realmente no está facilitando que las personas sepan dónde están sus hijos”, dijo la abogada defensora Guenevere Nelson-Melby. “Alguien más tiene que entrar y verificar los registros para saber a dónde se envía al niño”.
El consulado guatemalteco le dijo a ella que la Patrulla Fronteriza separa a padres e hijos después de que el consulado se reúne con las familias la mañana antes de las audiencias de Streamline. Después, los niños son enviados a otros estados.
Ella no sabía qué estados reciben a los niños. El consulado le dijo que hay una espera de dos o tres meses para que los niños tengan una audiencia ante un juez de inmigración.
El consulado tiene que averiguar a dónde van los niños y luego encontrar una manera de comunicarse con los padres, dijo Nelson-Melby.
“No queremos hacer esto en absoluto”, dijo el fiscal general Jeff Sessions sobre las separaciones en la frontera entre México y Estados Unidos durante una entrevista el martes 5 de junio en una entrevista de radio. “Si las personas no quieren separarse de sus hijos, no deberían llevarlos con ellos”.
Una vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que la práctica “constituye una injerencia arbitraria e ilegal en la vida familiar y una grave violación de los derechos del niño”, informó el New York Times la semana pasada.
