Menos niños están siendo removidos de sus familias, el cúmulo de reportes de abuso infantil sin investigar se ha reducido dramáticamente y las personas que trabajan en bienestar infantil tienen cargas de trabajo manejables. Todo ello es seña de que el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) de Arizona finalmente está en el camino correcto, dicen sus líderes.
Los esfuerzos estatales están recibiendo atención nacional. El titular de la revista Governing de abril del 2017 exaltaba las mejoras: “Cómo corrigió Arizona su disfuncional sistema de bienestar infantil en dos años”.
“Hemos visto un progreso fenomenal”, dijo Katherine Guffey, oficial de mejoras de calidad del DCS.
Pero los defensores de los niños dicen que aún no es tiempo de celebrar; advierten que el progreso reciente por sanar el sistema de bienestar infantil de Arizona, el cual ha estado roto de forma crónica, podría ser fácilmente revertido. Temen que la simple idea de que el sistema de bienestar infantil ha sido “arreglado” podría estimular la complacencia de legisladores cuyas decisiones en cuanto al financiamiento determinan la capacidad de función del DCS.
El progreso que reporta el Departamento de Seguridad Infantil no ha llegado hasta los niños en cuidado temporal y sus familias, dijo Kris Jacober, directora ejecutiva de la Asociación de Padres de Cuidado Temporal y Adoptivos de Arizona.
A pesar del declive reciente, Arizona aún tiene más de 14 mil 300 niños bajo en cuidado temporal de terceros, o foster care. La cifra creció a más del doble entre 2008 y 2016, aun cuando la mayoría de los estados vieron un descenso en sus cifras.
Los padres temporales describen caos en el intento de obtener servicios para los niños bajo su cuidado. También reportan dificultades para contactar a sus trabajadores sociales del DCS. Abuelos y otros familiares que cuidan de niños que fueron removidos de sus casas por el DCS suelen encontrar poco o nulo apoyo.
“Sigue habiendo mucha desesperación y aislamiento”, dijo Jacober. “No he experimentado que los niños ahora estén mejor en el cuidado temporal de lo que siempre han estado”.
Las dependencias encargadas del bienestar infantil no pueden hacer mucho cuando los legisladores eliminan fondos para servicios que pueden prevenir una crisis familiar o para los servicios en el hogar que ayudan a familias antes de que la disfunción se convierta en una amenaza para la familia. Pero cuando un niño cae bajo la custodia del Departamento de Seguridad Infantil, las prácticas de esta dependencia no deben hacer más mal que bien.
En busca de soluciones que pudieran funcionar aquí, el Arizona Daily Star y La Estrella de Tucsón hablaron con más de 100 líderes en reformar la seguridad infantil y viajaron a seis estados para ver qué es lo que les funciona. Hoy, en la segunda parte de una investigación publicada en el periódico impreso los primeros tres domingos de marzo en inglés y los viernes siguientes en español, nuestros periodistas visitaron Alabama y el Condado Allegheny, Pennsylvania, cuyos sistemas de bienestar infantil pasaron por una trasformación que brinda un aprendizaje para Arizona.
DEFINICIÓN DE “NEGLIGENCIA”
Las recientes reformas al Departamento de Seguridad Infantil de Arizona han detenido la avalancha de niños flotando en el cuidado temporal fuera de su casa desde que la Legislatura eliminó servicios cruciales para las familias durante la recesión económica.
El número de niños bajo el cuidado temporal de terceros en Arizona ha bajado de su máximo de casi 19 mil que había a principios del 2016 a 14 mil 300 hasta diciembre de 2017.
Pero los defensores de los niños dicen que seguimos en una crisis. En 2008, eran sólo un poco más de 9 mil 100 niños los que estaban en foster care en Arizona. Después, el estado eliminó servicios de una red de seguridad, como subsidios para ayudar a las familias de bajos ingresos a pagar por el cuidado de los niños. Sin contar con cuidado infantil al alcance de sus bolsillos, algunos papás tuvieron que elegir entre perder su empleo o dejar a sus hijos solos en casa. Y, como era de esperarse, los reportes por negligencia empezaron a despuntar.
Un cambio en la definición de “negligencia” en la ley de Arizona agravó el problema. En el 2008, la ley decía que un niño podía ser sacado de su casa por negligencia si había un riesgo de daño “irrazonable”, opuesto al término anterior de “sustancial”. Esa definición tan vaga dio como resultado más niños retirados de sus casas, dijo Shalom Jacobs, subdirectora de operaciones de campo del DCS.
La situación empeoró conforme la recesión económica generó recortes en el Departamento de Seguridad Infantil, que en ese tiempo supervisaba los Servicios de Protección al Menor. Llegaron cientos de despidos, exacerbando la carga de trabajo para los empleados que se quedaron, quienes tenían muy poco tiempo para investigar denuncias de abuso y maltrato.
Tristemente, los trabajadores sociales con cargas inmanejables de trabajo pueden desatar el peor de los escenarios: apresurar las investigaciones, lo que deriva en niños innecesariamente removidos de sus hogares, mientras que en otros casos se les deja en situaciones de peligro.
Ahora, el DCS tiene a trabajadores sociales recientemente capacitados y el objetivo de reducir las remociones innecesarias. A los colaboradores se les ha enseñado a enfocarse en las fortalezas de cada familia y buscar “monitores de seguridad”: amigos, familia o vecinos que pueden ayudar a supervisar y apoyar a los padres de familia con los que trabaja el DCS. La dependencia también remplazó su sistema de manejo de datos de 1994 por una versión más moderna que permite a los trabajadores sociales utilizar tabletas fuera de la oficina.
Con financiamiento de la organización Casey Family Programs, el DCS se alió a la agencia privada Southwest Human Development para salir adelante tras un retraso enorme en casos por investigar. Esa ayuda mitigó la carga de trabajo de los trabajadores sociales, reduciendo de 145 investigaciones por empleado en el 2015 a 16 por empleado hasta el mes de septiembre de 2017.
Algunas personas en el sector privado dicen que las relaciones entre prestadores de servicios que atienden a familias y la dependencia de bienestar infantil están mejorando, gracias a la disposición del DCS de recibir retroalimentación.
“Están sucediendo algunas cosas realmente buenas”, dijo Suzanne Schunk, vicepresidenta de servicios de soporte familiar en Southwest Human Development en Phoenix. “Ahora están realmente abiertos a trabajar con nosotros como aliados, y de hecho aprovechan nuestra experiencia para mejorar su trabajo. Eso no sucedía antes”.
Pero parte del progreso en los niveles más altos del DCS no han llegado a los trabajadores de base, dijo.
“Definitivamente, todavía tenemos manejadores que dirían cosas como, ‘respondo mis correos electrónicos los viernes. No puedo hacerlo en otro momento’, dijo. “Es un sistema muy grande y está muy arraigado”.
ENFOCADOS EN LAS CIFRAS
En 2015, el DCS trajo a Mike Faust, experto en mejoras de procesos en gobierno e industria, quien antes trabajó en la oficina del gobernador Doug Ducey, para ayudar a la dependencia a operar de forma más eficiente.
Faust, ahora subdirector de servicios de apoyo del DCS, dijo que el sistema “austero” de gestión que ayudó a implementar se basa en procesos estandarizados, capacitación al personal en flujos de trabajo más eficientes y creación de medidas que permitan evaluar la adhesión del personal a la nueva forma de hacer las cosas.
“Queremos hacer todo eso en una cultura de seguridad, donde los empleados sepan que pueden tomar decisiones objetivas en el mejor interés de las familias, sin miedo a las repercusiones”, dijo.
Pero aunque el DCS proclama la reducción de casos atrasados sin investigar, dos empleados de la dependencia y dos abogados especializados en bienestar infantil dijeron al Arizona Daily Star que hay inconvenientes en la nueva filosofía basada en negocios, como un alto enfoque en las cifras y la presión desde Phoenix para que los trabajadores sociales locales cierren determinado número de casos por semana. Los empleados del DCS hablaron bajo condición de anonimato por miedo a perder su empleo si hablan con los medios de comunicación.
El vocero del DCS, Darren DaRonco, dijo que la dependencia no le prohíbe al personal hablar con medios de comunicación, mientras no divulguen información de los casos. Pero como en cualquier industria, criticar públicamente a cualquier empleador “podría llegar a traer consecuencias”, dijo.
Un caso atendido con prisa o de forma inadecuada puede ser el precedente a una tragedia, como en el caso de Adam Mada. El niño de 20 meses de nacido murió en marzo del 2016 después de que el DCS lo colocara con una tía cuyo propio bebé casi moría tras ingerir metadona. La dependencia cerró la investigación de la metadona en un mes, y la o el trabajador social que llevaba el caso de Adam no sabía de ese incidente. Cuando Adam murió en la casa móvil de su tía en Three Points, tenía órganos rotos, huesos quebrados y cocaína y percocet en su sistema.
ÍNDICE DE REMOCIONES
El índice de remociones de Arizona —es decir, con qué frecuencia algún niño es sacado de su casa— ha superado con creces el promedio nacional, dijo Richard Wexler, director ejecutivo de la Coalición Nacional para la Reforma de la Protección Infantil en Alexandria, Virginia. Wexler calcula cada año la tasa de remociones utilizando datos de población y pobreza del censo de Estados Unidos, combinados con datos federales sobre remociones.
En 2015, Arizona sacó de sus casas a 7.9 de cada mil niños, más del doble de la media nacional, que en ese año era de 3.6 por cada mil niños. En el Condado Pima la tasa de remoción fue de 11.3 por cada mil niños.
Pero no siempre un índice bajo de remociones representa algo bueno, ya que podría significar que hay niños que permanecen en hogares inseguros. Sin embargo, un índice alto es casi siempre un mal indicador, dijo Wexler.
El índice de niños que son sacados de sus casas en Arizona sigue estando fuera de lo normal, aun tomando en cuenta el alto índice de pobreza infantil en el estado. En el 2015, Arizona removió a casi 29 de cada mil niños viviendo en pobreza, comparado con 18 niños removidos de cada mil niños pobres en el país. Una vez más, las estadísticas en el Condado Pima fueron aún más extremas, con 40.8 niños de cada mil niños pobres que fueron sacados de sus casas.
La pobreza, que con frecuencia puede ser vista como negligencia o descuido, es el factor más alto de riesgo para el abuso, dijo Wexler. No tomar en cuenta ese dato a la hora de calcular los promedios puede hacer que los estados con población más rica parezcan tener mejores prácticas de bienestar infantil que los estados pobres.
Los empleados de bienestar infantil en Arizona muchas veces se quedan casi sin más opción que sacar a los niños de sus casas, porque hay muy pocas alternativas confiables para ayudar a familias al borde de la crisis. En algunas partes del estado, las listas de espera para servicios como los apoyos dentro del hogar puede tomar semanas, aunque el DCS ha estado mejorando el acceso.
Pero “ir a lo seguro” sacando a un niño de su casa no es una práctica aceptable de bienestar infantil. La remoción de un menor puede causar daño para toda la vida, resultado tanto del trauma de ser arrebatado de la familia como del daño, o total abuso, sicológico que puede prolongarse en el sistema de cuidado temporal.
La gente subestima dramáticamente el impacto de una remoción innecesaria, dijo James Tucker, quien era uno de los abogados a favor de los demandantes en el caso de la demanda de 1988 que transformó el entonces fallido sistema de bienestar infantil de Alabama.
“Si metes a los niños equivocados al cuidado temporal, ese es un error tan grande como no llevar a foster care” a niños que están en peligro, dijo Tucker. “Es prácticamente como estar creando una forma nueva y diferente de daño”.
En febrero, un joven de Arizona que había estado en el sistema de cuidado temporal puso una demanda por 15 millones de dólares en contra del DCS y el Departamento de Seguridad Económica, alegando que trabajadores sociales de bienestar infantil lo colocaron en una casa en Sierra Vista en donde fue abusado física y sexualmente durante 12 años. En diciembre de 2016, su ex padre temporal, David Frodsham, fue sentenciado a 17 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual y pornografía infantil.
Frodsham “utilizó al estado de Arizona y al sistema de cuidado temporal para canalizar niños inocentes y vulnerables a su casa, y así poder operar una red de pedófilos”, decía la demanda.
Incluso los niños que son colocados en hogares seguros y amorosos sufren. Al ser sacados de su familia, pierden todo lo que les resulta familiar. Pueden ser separados de sus hermanos y otros familiares y llegar a un nuevo distrito escolar, en algunas ocasiones a una nueva ciudad. Muchas veces saltan de una casa temporal a otra o entre casas grupales y, con el tiempo, tienen problemas de conducta y batallan para encontrar el sentido de pertenencia como resultado de la constante falta de estabilidad en sus vidas.
Los niños bajo el cuidado temporal son desproporcionadamente recetados con poderosos medicamentos psicotrópicos para calmar comportamientos disruptivos, pero rara vez se atiende la causa de raíz de ese comportamiento, dijeron al Star expertos en la materia y jóvenes que estuvieron en foster care. En cambio, con demasiada frecuencia los niños bajo la tutela del estado son diagnosticados con “trastorno oposicional desafiante” o trastorno de déficit de atención, y son medicados al punto en que son catatónicos, dijo Joseph Aparicio, ex alumno del sistema de cuidado temporal de California, quien asesora a jóvenes bajo el cuidado temporal en Tucsón.
La artista tucsonense Alexei Ruiz, de 23 años, quien vivió bajo el cuidado temporal, estuvo bajo medicamentos psicotrópicos durante su infancia.
Ruiz entró al sistema de cuidado temporal a los 18 meses de edad. Recuerda haber sido sexualmente abusada por un padre temporal y fue adoptada a los 6 años, pero problemas de conducta la llevaron a una casa grupal cuando tenía 11 años.
“Es duro saber siendo una niña que eres una especie de causa perdida”, dijo Ruiz. “La gente que dice que te quiere, no te quiere; el sistema no te quiere; no haces amigos, y nomás vas de un lado a otro”.
Una demanda en el 2015 en contra del DCS y del Arizona Health Care Cost Containment System, el sistema estatal de Medicaid conocido por sus siglas AHCCCS, describe las fallas del cuidado temporal en Arizona. Entre los argumentos de los grupos defensores que presentaron la demanda está “el fracaso generalizado (del DCS) de comprometerse con prácticas básicas de bienestar infantil que ayuden a mantener relaciones familiares”, como colocar juntos a hermanos, procurar la reunificación con los padres y ofrecer visitas adecuadas entre los niños y las familias biológicas.
La demanda, que obtuvo el estatus de demanda colectiva en septiembre, también alega severa escasez de atención médica mental y conductual para los niños, así como una sostenida carencia de suficientes hogares de acogida, lo que da como resultado a más niños colocados lejos de sus familias y muchas veces en casas grupales o albergues de emergencia.
Hay investigaciones que muestran que a los niños que se quedan con sus propias familias problemáticas les va mejor que a aquellos llevados al sistema de cuidado temporal.
Un estudio del 2007 encontró que los hijos de familias que eran investigadas por abuso y descuido pero que permanecieron en sus casas tenían menos probabilidad de convertirse en padres adolescentes o en delincuentes juveniles que los niños igualmente maltratados pero que fueron sacados de sus casas. Quienes permanecieron en sus casas también tenían más probabilidad de conseguir un empleo siendo adultos jóvenes, comparado con jóvenes de contextos similares que fueron puestos bajo el cuidado temporal. El su investigación, Joseph Doyle, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, estudió entre los años 1990 y el 2002 a 15 mil niños cuyas investigaciones por abuso infantil terminaron ya sea sacándolos de sus casas o dejándolos en ellas.
LECCIONES DESDE ALABAMA
El éxito de Alabama en la transformación de su disfuncional sistema de bienestar infantil podría ser un modelo para Arizona, dijo Wexler, de la Coalición Nacional para Reformar la Protección Infantil.
Igual que en Arizona, más de una cuarta parte de los niños de Alabama viven en pobreza. El estado es étnicamente diverso y tiene grandes extensiones de comunidades rurales aisladas, marcadas por unos cuantos centros urbanos como Huntsville, Birmingham, y la capital del estado, Montgomery.
A finales de la década de los ochenta, la carga de trabajo promedio de los trabajadores sociales era de 65 casos y el número de casos atrasados sin investigar superaba los mil. Los niños pasaban años bajo custodia del estado o languidecían en instalaciones residenciales privadas para tratamiento sin que hubiera un plan para reunificar a la familia o encontrarles un nuevo hogar permanente.
En 1988, grupos defensores de los derechos de los niños, liderados por el Centro Bazelon para la Ley de Salud Mental, con sede en Washington, D.C., demandó a Alabama por su fallido sistema de bienestar infantil, que en ese tiempo era de los peores del país, dijo Wexler. La demanda abarcaba cada parte del sistema estatal, desde cómo entraban los niños al cuidado temporal o foster care hasta cómo eran tratados una vez dentro, y el hecho de que el estado no brindaba a los padres la oportunidad de recuperar a sus hijos.
El Departamento de Recursos Humanos de Alabama, el cual supervisa a la dependencia de bienestar infantil, decidió resolver la demanda tras darse cuenta de que el estado probablemente no ganaría el juicio, dijo Paul Vincent, quien era el nuevo director de la oficina de bienestar infantil de Alabama cuando se interpuso la demanda. Se convirtió en un devoto proponente de reformar el sistema, haciendo equipo con los grupos defensores que habían demandado a la agencia a su cargo.
La solución de la demanda trajo un ambicioso plan de transformación del sistema de bienestar infantil de Alabama. La reforma inició en seis condados que concentraban al 15 por ciento de la población del cuidado temporal.
“Una de las claves del éxito de esta reforma fue que no tratamos de hacer arreglos en 67 condados al mismo tiempo”, dijo Vincent, quien ahora es consultor nacional en prácticas de bienestar infantil y cuya organización, el Grupo de Políticas y Prácticas para el Bienestar Infantil (Child Welfare Policy and Practice Group), se asocia con estados para ayudarles a mejorar sus sistemas. “Entendimos que no hubiéramos tenido nunca los recursos para impulsar una reforma profunda si lo hubiéramos hecho todo al mismo tiempo… Pero cuando metíamos a un condado en el proceso, el cambio duraba”.
Ahora, la tasa de remociones -es decir, con qué frecuencia se saca a un niño de su casa en relación con la población infantil del estado- es menos de la mitad que la de Arizona. El bajo índice de repetición de maltrato -es decir, niños que vuelven a ser abusados después de una investigación de bienestar infantil- muestra que esa diferencia en las cifras no se debe a que Alabama esté haciendo mal su trabajo en cuanto a tomar la custodia de niños en peligro real, dijo Wexler.
Los trabajadores sociales de Alabama están capacitados para apoyar la preservación familiar trabajando en equipo con los papás, en lugar de verlos a ellos como un problema. Y, muy importante, el estado creó una cadena de servicios para las familias basados en el hogar y la comunidad a los que los trabajadores sociales pueden acceder fácilmente.
En Arizona, en lugar de colaboración, los padres de familia sienten un acercamiento adverso del DCS, dijo Steve Rubin, quien fue administrador de la Corte Juvenil del Condado Pima hasta mayo de 2014.
Muchos padres llegan a la corte de la dependencia y lo primero que preguntan es, ‘¿de qué me están acusando?’ En lugar de ‘¿qué servicios nos van a ofrecer a mi familia y a mis hijos para que podamos estar juntos otra vez?’”, dijo Rubin.
Y la alta tasa de remociones de Arizona no mantiene seguros a los niños, según muestran las cifras: En el 2015, la tasa de mortalidad infantil del estado por abuso o negligencia era de 3.1 por cada 100 mil niños. Más del doble del índice de Alabama de 1.2 por cada 100 mil.
UN NUEVO COMIENZO EN PITTSBURGH
Walter Smith, director de una organización sin fines de lucro en Pittsburgh, observó con creciente temor que su principal financiador recibía una avalancha de críticas de parte de los padres de familia un día de 1997.
Smith era director de Recursos Familiares, el cual tenía un contrato con el Departamento de Servicios Humanos del Condado Allegheny, en Pennsylvania, para ayudar a las familias a relacionarse con la división de bienestar infantil. A diferencia de Arizona, las oficinas de bienestar infantil en Pennsylvania son manejadas por los condados y supervisadas por el estado.
La conflictiva reunión entre una docena de padres de familia molestos y la nueva cabeza de bienestar infantil había sido idea de Smith.
“Los papás lo criticaron duramente. Lo maldecían una y otra vez, contándole historias sobre (el sistema de) bienestar infantil y lo que les habían hecho a ellos”, dijo Smith, ahora subdirector de la oficina de bienestar infantil del departamento. “Yo estaba ahí sentado pensando, ‘Dios mío, creo que acabo de perder el financiamiento’”.
Pero Cherna volteó hacia Smith y dijo: “Eso estuvo bien. Hagámoslo de nuevo’”, recordó Smith. “Dije, ‘Muy bien, ahora tenemos a alguien que no nomás habla, sino que está de verdad interesado en cómo diseñar un sistema basado en la gente a la que sirven, y no sólo en los profesionales que trabajan ahí’”.
Las dependencias de gobierno tienden a estructurarse en la forma más conveniente para quienes trabajan en el sistema, y no necesariamente para las personas a las que atienden. Eso queda claro incluso con la ubicación de sus oficinas, generalmente en un edificio administrativo en el centro de la ciudad, en lugar de estar en las comunidades de mayor riesgo, dijo Smith.
Cherna se dispuso a cambiar eso.
Ahora director del Departamento de Servicios Humanos del Condado Allegheny, ha conducido al departamento con un enfoque de trabajo en cada comunidad y solicitando retroalimentación de quienes interactúan con el sistema de bienestar infantil. Hizo frente a los problemas directamente, como el sesgo sistémico en las investigaciones de bienestar infantil que resultaron en un desproporcionado número de familias de minorías divididas.
El bienestar infantil no empieza ni termina con la dependencia a cargo, dijo Susan Dreyfus, presidenta y directora general de la Alianza por Familias y Comunidades Fuertes, una red nacional de grupos de servicio social entre los que se encuentra Recursos Infantiles y Familiares (Child & Family Resources) en Tucsón.
“Hemos estado cometiendo el error como país de pensar que una agencia de bienestar infantil estatal es el principio, el centro y el fin del sistema de bienestar”, dijo. “Seguimos pensando que se trata de lo que una dependencia estatal hace por sí misma. Esa es la razón por la que Marc Cherna es un modelo. Sí, está haciendo mucho en la dependencia, pero también está haciendo mucho para originar el cambio fuera de la agencia”.
Bajo el mandato de Cherna, la oficina de bienestar infantil utilizó muchas de las mismas estrategias que fueron exitosas en Alabama, con la guía del Grupo de Política y Práctica de Bienestar Infantil de Paul Vincent. Ello incluye elevar los fondos para prevención (31 por ciento del presupuesto de 186 mil dólares de la agencia de bienestar infantil es para prevención y 19 por ciento para colocaciones); asegurándose de que los servicios individuales sean accesibles, capacitando a los trabajadores sociales para colaborar con familias en la identificación de sus fortalezas e involucrando a las familias en los planes de sus casos a través de reuniones regulares.
El modelo de Vincent es flexible, pues reconoce que las necesidades de cada estado y condado son diferentes, y Arizona podría aprender mucho de él, dijo Smith.
“Ellos no te insisten en que lo sigas exactamente como lo han diseñado. Cada sistema es tan diferente, no puedes tomar uno (un modelo) y conectarlo con otro”, dijo.
La población infantil del cuidado temporal o foster care en el Condado Allegheny bajó de más de 3 mil en 1996 a mil 400 en mayo del 2017. El número de niños en cuidado grupal se redujo de poco más de 350 en 1997 a 120 niños el año pasado. Y la mayoría de los niños colocados en cuidado temporal están ahora con parientes (llamados en inglés “kinship”) que cuentan con la licencia para atenderlos, lo que significa que son cuidados por familiares que reciben apoyo económico de la agencia de bienestar infantil.
Mostrar a los políticos el dramático ahorro económico que se obtiene cuando existen mejores prácticas de bienestar infantil puede ser de ayuda para los esfuerzos de transformación: Las casas grupales en el Condado Allegheny cuestan un promedio de 108 mil dólares anuales y el cuidado temporal en un hogar cuesta en promedio 20 mil dólares al año. Pero los servicios que se brindan a las familias en sus propias casas promedian para el gobierno un gasto anual de sólo 3 mil 325 dólares, dijeron funcionarios del Condado Allegheny.
La dependencia de bienestar infantil de Arizona necesita una forma más estructurada y consistente de solicitar retroalimentación y críticas de sus involucrados, entre ellos las familias en el programa de foster care, dijo Jacober, de la Asociación de Arizona para Padres Temporales y Adoptivos. Aquí, encontrar un liderazgo receptivo es algo esporádico, que por lo general sucede sólo después de una crisis de relaciones públicas.
En el 2013, cuando se supo por las noticias que Servicios de Protección Infantil (CPS) había dejado seis mil reportes de abuso y negligencia sin investigar, los líderes de la dependencia sostuvieron reuniones, quitaron al CPS de estar bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Económica (DES, en inglés) y crearon una nueva dependencia, el Departamento de Seguridad Infantil.
Pero desde entonces, como suele suceder cuando una crisis aminora, los líderes de la agencia han sido mucho menos receptivos con las familias en cuidado temporal, dijo Jacober.
“No tienes que hacer eso únicamente cuando hay un problema grande”, dijo. “Para mí, el escuchar e invitar a la comunidad a solucionar problemas debería de ser parte de la actividad habitual del departamento”.
SEGUIR EN EL CAMINO
Los condados de Alabama y Allegheny, en Pennsylvania, han creado sistemas de bienestar infantil basados en el manejo de los casos considerados con calidad, no sistemas reactivos manejados por el escándalo más reciente.
Con mucha frecuencia, una tragedia como la muerte de un niño deriva en una avalancha de niños que llegan al sistema mientras que los trabajadores sociales cometen el error de sacar a los niños de sus casas en lugar de encontrar mecanismos de mantenerlos seguros con su familia. La ex presidenta del Jurado de la Corte Juvenil del Condado Pima, Karen Adam, vio esto una y otra vez en las casi tres décadas que trabajó en el área.
“Es cíclico cada vez que hay un director nuevo. Es cíclico cada vez que cambia la administración local. Es cíclico cuando hay una crisis. Es cíclico cuando un bebé muere”, dijo. “Todos los esfuerzos de progreso se detienen porque llega un nuevo énfasis en ‘Ahora tenemos que ser súper cuidadosos porque se dio esta situación’”.
Greg McKay, director del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona, dijo que está muy consciente del peligro de permitir que un escándalo o tragedia dirija las decisiones sobre el bienestar infantil. Cuando fue policía detective en Phoenix, estuvo al frente de la investigación por el homicidio en 2011 de la niña de 10 años Ame Deal, quien murió asfixiada después de que su primo o prima la encerrara en una caja como castigo.
“Fui policía por más de 20 años”, dijo McKay, quien llegó al DCS en 2015. “Conozco las emociones. Sé lo que es pararse ahí sobre la matanza. Pero también sé qué tan devastador es para los líderes dejar que las emociones marquen el rumbo de un sistema”.
Ahora, en el DCS, “nosotros identificamos las metas y objetivos que estamos tratando de alcanzar. Hacemos nuestra estrategia muy pequeña y definida”, dijo. “Tenemos un plan deliberado. Está funcionando. Nos mantenemos fieles a él”.
DCS ha compartido su progreso y estrategias con los líderes de bienestar infantil de Oklahoma, Utah, Vermont y otros estados. Y en enero, la organización no lucrativa Casey Family Programs, con sede en Seattle y enfocada en reducir la necesidad del cuidado temporal, reconoció a McKay por su liderazgo en la conversión del sistema de bienestar infantil de Arizona.
“Estamos liderando el camino, y la gente aún no lo sabe”, dijo McKay. “Este es el ingrediente secreto para componerlo. Requiere de alguien que mantenga las emociones a un lado y absorba esas distracciones, absorba las hostilidades, que es lo que mejor sé hacer”.
Mantener el progreso requerirá mantener el bienestar infantil como prioridad de los legisladores, quienes establecen el presupuesto de la dependencia, dijo McKay.
A los legisladores les interesa proteger a los niños de Arizona, dijo, pero conforme brotan nuevos problemas, “se va haciendo una prioridad menor, y por consiguiente la energía se canaliza a otros lados”.
Y si los legisladores ven el progreso del DCS, dijo McKay, “¿van a empezar a retirar los fondos? Esa es siempre una preocupación”.
Traducido por Liliana López Ruelas