Por Perla Trevizo
La Estrella de Tucsón
Desde que Matías tenía 18 años, sabía que sería su responsabilidad hacerse cargo de sus dos hermanitas en caso de que sus papás fueran deportados.
Pero durante tres años, no hizo mucho para prepararse.
No es que la idea de que sus papás fueran enviados de regreso a México no estuviera ahí, simplemente no era una prioridad.
Hasta ahora.
“Es como una presa deteniendo el agua”, dice Matías, de ahora 21 años. “Siempre ha estado ahí, pero ahora tiene una cuarteada y debes prepararte para la inundación”.
El presidente Donald Trump hizo de la migración su promesa de campaña, y a tan sólo unos días de haber sido electo, amplió la clase de personas que ahora están en riesgo de ser deportadas.
Mientras el enfoque sigue estando en aquellos con antecedentes penales y quienes se consideran un riesgo para la seguridad nacional, los oficiales de migración ahora no tienen ninguna restricción sobre a quién pueden arrestar, detener y deportar, según Henry Lucero, director de la oficina de migración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Phoenix.
Antes, dijo, “nuestros oficiales veían cada caso y decidían si habían estado aquí cierto tiempo, si habían sido encontrados culpables de un delito. Basado en eso, entonces a lo mejor no eran una prioridad para nosotros o no los arrestábamos. Ahora, estamos tomando acción básicamente sobre toda persona que nos encontremos”.
Pero el camino entre el arresto t la deportación no es recto, y el cambio bajo Trump no es necesariamente nuevo. Es parte de un sistema de control migratorio que ha ido creciendo bajo las últimas dos administraciones — con un costo de 18 mil millones de dólares en el 2012, más de lo que la administración de Obama gastó en el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y otras agencias federales policiacas juntas.
En lo que va del año, el número de deportaciones va en declive y la policía local está refiriendo a menos gente al ICE. Las detenciones hechas por la Patrulla Fronteriza, las cuales tradicionalmente producen el mayor número de deportados en Arizona, han disminuido por años, especialmente desde que entró la nueva administración. Y aquellos arrestados por inmigración, en particular aquellos sin antecedentes penales, pueden pasar meses, inclusive años, dentro del sistema de corte migratoria, el cual tiene más de 600 mil casos pendientes.
Pero todo cambiaría, señaló Randy Capps, investigador del Instituto de Políticas Migratorias, MPI, con sede en Washington, D.C., si el gobierno logra expandir los centros de detención, resolver casos migratorios más rápido y añadir los 10 mil oficiales de ICE y los 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza como quiere Trump — un alza que implicaría más de un millón de solicitudes, según un informe del gobierno.
Inmediatamente después de las elecciones, el temor en las comunidades aumentó. Algunos padres de familia no llevaron a sus hijos a la escuela y cancelaron beneficios como las estampillas para comida, para las cuales sus hijos califican. Pero ese temor pronto se convirtió en acción: empezaron a asistir a talleres para conocer sus derechos, a unirse a grupos de protección para mantenerse informados y a prepararse para lo peor.
Para algunas familias en Arizona era volver a una era de cambio y confusión. Aunque Trump era nuevo, las políticas restrictivas migratorias no lo eran, gracias a leyes como la SB 1070, la cual require que oficiales de la policía indaguen sobre el estatus migratorio de las personas si tienen encuentran alguna razón para creer que están en el país de manera indocumentada.
Luego de las elecciones, “pensamos que íbamos a tener otro éxodo como con la SB 1070,” dijo Tony Ortiz, de la red de protección Paisanos Unidos. “Pero no fue así. La gente reaccionó con un poco de nerviosismo ante el inicio del mandato de Trump, pero al mismo tiempo con ganas de aprender y de informarse, de estar más unidos como comunidad”.
Aprendiendo sobre sus derechos
Aunque estén aquí sin autorización legal, tienen derechos, les dice Imelda Cortez a un grupo, en su mayoría mujeres, durante un “cafecito,” como le llaman a la reunión de presentación del grupo Paisanos Unidos.
“La red de protección es hagan de cuenta una telaraña”, les dice Cortez, “en donde nos protegemos todos los del grupo”. Esto incluye ayuda para pagar la fianza si los integrantes del grupo son detenidos por ICE.
El objetivo es formar líderes, señala Cortez, “para que ustedes salgan a las casas a hacer ‘cafecitos’”.
También les habló sobre su derecho a permanecer callados y la obligación de presentar una licencia, registro del vehículo y seguro cuando los para un policía.
Los oficiales de ICE necesitan una orden de cateo, un papel firmado por un juez, para poder entrar a sus casas, les advierte, porque han habido ocasiones en donde se presentan preguntando por alguien más y terminan arrestando a quien se encuentren.
“A mi esposo eso le pasó”, cuenta Elma Esquer. “Llegaron buscando a otra persona, pero los policías entraron, tocaron muy feo como a las 5 o 6 de la mañana, empujaron la puerta y se metieron. No pidieron permiso tampoco”.
Alrededor de tres horas después se fueron, dijo, porque no era el hombre que buscaban.
“¿Y el miedo y el susto?” preguntó Lourdes Zúñiga. “¿Quién te lo quita?”.
“Pero ahorita ya tengo conocimiento”, dice Esquer, “ya no me vuelve a pasar”.
Grupos como Paisanos Unidos han existido aquí desde hace más de 10 años, cuando se aprobó una ley estatal para restringir el uso de beneficios públicos por personas sin estatus legal, creciendo con la SB 1070 — y ahora con Trump.
“La gente sigue teniendo miedo, eso es inevitable, pero está siendo a la vez más cautelosa”, según Julissa Villa, de Por un Arizona Unido. “Siguen haciendo su vida diaria, llevando a los niños a la escuela, pero tomando precauciones”.
Aquellos que habían estado más pacíficos, se están movilizando un poquito más, dice, “queriendo aprender, estar alerta, poniendo en orden cosas que tal vez en el pasado no hacían”.
La organización lleva a cabo clases y campañas de ciudadanía, las cuales han ido creciendo en popularidad. Un evento en Douglas, dijo, atrajo a 60 personas, de las cuales 25 ya se hicieron ciudadanos. Cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, muestran que el número de solicitudes para la ciudadanía incrementó de 560 en el segundo cuatrimestre del 2016 a más de mil durante el mismo periodo este año.
Estas iniciativas incluso han llamado la atención fuera del estado, con organizaciones en otras ciudades queriendo saber cómo se puede replicar en sus comunidades lo que se está haciendo aquí.
“Una de las cosas que aprendí de mi viaje a Arizona fue que lo que pasa en un estado puede pasar en otro, y debemos de aprender de aquellos que tienen más experiencia,” señaló Ileana Cortés, de la Red de Familias Latinas en Lafayette, Indiana. “Ya no es una opción no estar informado”.
Preparándose para lo peor
Matías sabe que lo que más temen sus papás es que sus hijas terminen en custodia del gobierno si ellos son deportados.
“Siendo su hermano mayor, yo soy lo más cercano que tienen a un papá si algo sucede”, señaló, “más y más sentí eso”.
Cuando su familia escuchó sobre el taller de tutela que estaba organizando el Consulado de México en Tucsón, decidieron que era tiempo de tomar ese siguiente paso — un proceso que tomó más de tres horas.
Los consulados también han ampliado sus esfuerzos para asistir a sus comunidades luego de la elección presidencial. El número de talleres como al que asistieron Matías y su mamá se han incrementado en un 200 por ciento, según el cónsul Ricardo Pineda.
El centro de atención de llamadas en Tucsón, el único en el país, ahora cuenta con 50 empleados, 20 más que antes de las elecciones, y atiende en ocasiones más de mil 500 llamadas al día de personas provenientes de todo el país pidiendo protección consular, documentos o información sobre sus consulados.
“Acciones de medidas de control migratorio en lo general se han endurecido”, dijo Pineda.
Aunque aún son casos aislados, dice que no se puede negar que prácticas como los arrestos colaterales o detenciones de personas sin antecedentes penales se están llevando a cabo.
“Queremos estar muy atentos para proveer asesoría jurídica que les permita defender una situación cuando sea sostenible”, señaló.
Este mes de marzo, el gobierno mexicano asignó 50 millones de dólares a todos los consulados en Estados Unidos para establecer centros de defensoría, pero aún queda mucho por hacer, añadió Pineda.
Estas iniciativas ya están teniendo un mejor alcance a familias como la de Matías, quien pidió que no se utilizara su nombre completo para evitar que pudieran identificar a sus padres. Él y sus hermanas son nacidos en Estados Unidos.
Matías nunca ha estado muy metido en la política. Pero en el 2015 escuchó al entonces candidato Trump diciendo que México por lo general no manda a sus mejores connacionales a Estados Unidos, sino a criminales, a traficantes de droga, a violadores, aunque, según Trump, algunos han de ser buenas personas.
Esas frases molestaron a Matías. “Mis padres no son lo que él dice que son la mayoría de los mexicanos … sólo vinieron para que yo pudiera tener un mejor futuro”, señaló.
Pero sabía que no iba a andar marchando por las calles. Lo que hizo fue dejar la universidad para poder trabajar con su papá en la construcción de tiempo completo, y así ganar más dinero y estar preparado en caso de que necesitara convertirse en el proveedor principal de su familia.
La mejor manera de proteger a su familia, dijo, es escondiéndose, hasta que encuentren una solución. “Ya sea reforma migratoria, impulsada hasta por el mismo Donald Trump, o algo que nos permita salir de las sombras”.
Si Trump es un incendio silvestre, dice, él es como un balde de agua, un escudo, para su familia.
Y está preparado.
Los rumores estimulan el miedo
Después de que ganó Trump, algunos estaban nerviosos de presentarse a sus citas con oficiales de ICE o de renovar sus permisos de trabajo.
En redes sociales compartían historias de padres de ciudadanos siendo deportados; sobre Dreamers, los jóvenes indocumentados protegidos por el presidente Obama, enviados de regreso a un país que no reconocen; de ICE haciendo redadas y arrestando a todo quien se le atravesara.
“Definitivamente, ahora hay un riesgo que no existía hace seis meses”, dijo Randy Capps, del Instituto de Migración y Política con sede en Washington, D.C.
Aunque no es igual para todos.
Si alguien tiene una orden de deportación y se está presentando con ICE, su riesgo de ser arrestado en ese momento es mayor, señaló. “Pero para el migrante sin autorización, yendo al trabajo día a día, cumpliendo las leyes, la posibilidad es mucho más baja”.
El problema es la incertidumbre, añadió Capps.
Los rumores y la mala información contribuyen al miedo.
Patricia Arteaga, de Casa San Juan, un programa de la Parroquia de San Juan Evangelista, dijo que la gente había dejado de ir a recoger comida por miedo de que la policía los detuviera en el camino y acabaran siendo deportados. En todo el mes de diciembre, sólo distribuyeron una o dos cajas, señaló, en comparación con las 30 que usualmente donan. Y aunque los números están al alza nuevamente, aún no se terminan de recuperar.
No nada más son las personas indocumentadas las que tienen temor, dijo Marco Liu, del Banco Comunitario de Alimentos del Sur de Arizona, el cual también ayuda a inscribir a las personas a programas de beneficios federales como estampillas de comida.
Residentes permanentes y padres de ciudadanos también han dejado beneficios para los cuales califican, señaló, por miedo de atraer más atención a sus familias.
Los beneficios públicos federales como asistencia de dinero en efectivo y Medicaid, conocido en Arizona como AHCCCS, son únicamente para personas que están en el país de manera legal y ciudadanos estadounidenses, esto incluye a refugiados y residentes permanentes con más de cinco años en el país.
El número de hogares donde por lo menos un miembro es indocumentado y que se salieron del programa de estampillas luego de la elección presidencial aumentó de 18 a 44 casos entre noviembre 2016 a febrero de 2017, según cifras del Departamento de Seguridad Económica del estado.
La elegibilidad para otros programas de nutrición como WIC no se basa en estatus migratorio sino en ingresos y tamaño de la familia. A nivel estatal, participación en este programa también disminuyó, aunque localmente no hubo ningún cambio.
Francisco García, encargado del Departamento de Salud del Condado de Pima, afirmó que su oficina no le pregunta a sus usuarios de WIC sobre su estatus legal.
“No sé qué tanto ha cambiado”, señaló. “Esto que se ve es una escalación de un ambiente relativamente hostil para muchas comunidades migrantes. En lo que contamos es en que la población con la que trabajamos confía en nosotros y en que seguiremos dándoles servicio”.
El alza en el número de personas que se salieron de estos programas coincidió con la filtración de un borrador de una orden ejecutiva en enero, la cual provocó pánico, según personas que trabajan con comunidades migrantes. La orden extiende el tipo de beneficios que el gobierno puede usar para determinar si alguien representa un cargo al erario público o no, lo cual puede afectar la decisión de si los dejan entrar al país u otorgarles la residencia permanente.
Actualmente, sólo la ayuda económica por medio de programas como asistencia temporal para familias necesitadas, TANF, por sus siglas en inglés, puede contar en su contra, pero el memo filtrado incluía beneficios como las estampillas y comidas gratuitas en las escuelas, dijo Liu, del banco de comida comunitario.
Algunos proveedores de servicios en Tucsón contactados por el Star pidieron no ser citados en relación al miedo que están viviendo algunos de sus usuarios. Uno de ellos incluso expresó miedo de llamar la atención de grupos antimigrantes.
Víctimas de violencia doméstica que están en el país de manera indocumentada también han expresado más temor sobre lo que puede significar el pedir ayuda para su situación legal. Un caso en febrero, en donde un oficial de ICE entró a una corte en El Paso y arrestó a una señora que estaba ahí para poner una orden de restricción en contra de su pareja, básicamente confirmó esos miedos.
Aunque no son necesariamente nuevos.
Los niños son los que más sienten el miedo
Francisca Acosta siempre ha sido preocupona.
Pero ahora está peor, dijo. “El tema de Trump está en todas las mesas, ¿y ahora qué va a firmar? ¿Y ahora qué va a hacer?
Sus hijos, de 12 y 7 años de edad, lloraron la noche de las elecciones.
“Nos van a mandar a México”, exclamó Alexandra, la más pequeña.
“No manejes a las tiendas”, le dice ahora Emiliano, de 12 años, a su mamá. Y cuando se suben al auto le advierte: “Ponte el cinturón. Asegúrate de manejar al límite de la velocidad”. Aunque no es algo que suele olvidar.
En la escuela decían: “¿Viste que ahora Trump hizo esto o eso? Y me hacía sentir con ansias, ¿Qué tal si deportan a mis papás o a mi hermano”, pensaba Emiliano.
“O a tu hermana”, añadió Alexandra.
“A tí no te pueden deportar”, la corrigió. “Tú naciste aquí”.
Usualmente, Emiliano se guarda esa ansiedad para sí mismo. Pero luego de las elecciones, su maestra le habló a Acosta para decirle que al niño no le estaba yendo bien en clase.
“Tenía mucho miedo”, explicó Emiliano. “La gente decía, ‘¿viste que ganó Trump? ¿Viste que ganó Trump?’”
El grupo más afectado por la retórica y políticas migratorias nacionales son los niños, quienes no entienden completamente lo que significa tener recursos limitados y prioridades. Todo lo que saben es que sus familias pueden ser separadas de la noche a la mañana.
Algunas escuelas hablan de un ligero descenso en su matrícula en los días posteriores al triunfo de Trump. “Los estudiantes tenían miedo sobre si se iban a poder quedar en el país o no”, señaló Tamara McAllister, directora de la escuela primaria Walter Douglas. Pero se tranquilizaron luego de que las maestras y ella les aseguraron que en la escuela no corrían ningún peligro.
“Mientras pasaron los meses lo escuché menos y menos”, añadió. Tiempo después de la SB 1070, la escuela perdió alrededor de 80 estudiantes. Este año el número de estudiantes va en aumento.
Para Emiliano, quien no va a clases en Walter Douglas, las palabras de Trump se sintieron cerca. Cuando ganó “lloré poquito, porque pienso que todos deben de ser tratados iguales”, dijo. “Cada uno de nosotros somo únicos y diferentes en muchas maneras, pero deberíamos de ser tratados de manera igual”.
Y sobre la valla, “¿por qué está gastando tanto dinero en ese tipo de cosa? ¿Por qué no mejor usa ese dinero para las escuelas, hospitales, para encontrarle casas a las personas indigentes que no pueden costearse una, para darle trabajo a los indigentes?”.
Lucero, el director de ICE en Phoenix, señala que sus oficiales aún pueden usar discreción, aunque admite que es algo menos común ahora.
“La gente viene a Estados Unidos buscando una mejor vida, entiendo eso perfectamente como un americano de segunda generación. Mis abuelos vinieron de México”, dijo. “Pero lo hicieron de manera legal”.
Y quiere que la gente sepa que su agencia está aquí para protegerla.
“Los oficiales de ICE también son seres humanos, al igual que las personas a las que estamos arrestando”, dijo. “También somos miembros de las comunidades, vamos a las mismas iglesias, nuestros hijos van a las escuelas, vivimos en las mismas áreas. También tenemos empatía hacia la gente que viene a Estados Unidos y entendemos las razones por qué. Pero también tenemos un trabajo que hacer y tomamos un juramento para hacer justamente eso”.
No ha pasado suficiente tiempo para ver el impacto completo de los cambios a las políticas migratorias de Trump, según Capps.
Aunque hasta ahora las deportaciones se han ralentizado, en parte porque muchos de los arrestados no son delincuentes y por lo general pueden salir bajo fianza mientras se procesa su caso en la corte. En Arizona, el 31 por ciento de aquellos arrestados en los primeros cuatro meses de la presidencia de Trump son personas sin antecedentes penales. Los casos más fáciles de procesar es cuando la persona está detenida y cuenta con un historial delictivo.
Es poco probable que el número de deportaciones en Arizona regrese a las cifras de cuando Obama era presidente, señaló Capps, cuando más de 40 mil personas fueron deportadas por la oficina de ICE en Phoenix en un año. No sólo porque los arrestos fronterizos han disminuido, sino también porque las políticas en departamentos policiacos han cambiado.
“La SB 1070 todavía es ley, pero el clima ha cambiado tanto en el Condado Maricopa, el cual era responsable por una gran parte”, en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias a nivel local, dijo Capps.
El ex sheriff Joe Arpaio perdió las elecciones el año pasado luego de que un juez encontrara culpable a su departamento de aplicar perfil racial. Arpaio también fue encontrado culpable de no acatar las órdenes de la corte, la cual le ordenó detener inmediatamente sus “patrullajes de inmigración” en el 2011.
Trump le otorgó un perdón presidencial el 25 de agosto, tres días después de que diera a entender que lo iba a hacer durante un evento en Phoenix. En ese mismo discurso, Trump amenazó con detener las funciones del gobierno federal si el congreso no le otorgaba los fondos que requiere para construir el muro fronterizo.
A siete meses de la elección, Emiliano dice que se siente un poco más tranquilo estos días, porque “las deportaciones son menos”.
Su madre también ha perdido un poco del miedo inicial ahora que ve que la situación no ha cambiado mucho para su familia.
Aún se le acelera el corazón cada vez que se sube a la carretera interestatal. Se encomienda a todos los santos, pero eso hacía desde antes de Trump.
Mientras tanto, sigue tratando de mantenerse informada e involucrada. Después de la SB 1070 les sacó el pasaporte mexicano a sus dos hijos menores, por si acaso.
Pero en esta ocasión no puede ni imaginarse qué pasaría.
“Hablamos de todo, pero no he querido hablar con ellos de que si nos llegan a separar”, dijo. “No he querido hacer carta poder ni tutela”.
Simplemente es demasiado difícil.
