Leo, su esposa y sus dos hijos pequeños estaban entre un grupo de migrantes que protestaban en Nogales, Sonora. Le pedían a Estados Unidos que retomara el proceso de asilo ahora que la frontera se ha reabierto a los turistas vacunados.
Mientras algunos defensores grababan, la familia se presentó en la garita de entrada para pedir asilo, pero todos fueron rechazados. Intentaron mostrar sus tarjetas de vacunación contra el COVID-19 con la esperanza de que eso sirviera de algo, pero no fue así.
“Me dijeron que no podían ayudarme, que estaba cerrado por la pandemia”, dijo Leo. “Me han negado lo que es mi derecho”.
El 8 de noviembre, el mismo día de la protesta, las fronteras internacionales de Estados Unidos abrieron de nuevo sus puertas a los turistas completamente vacunados contra COVID-19, después de haber permanecido cerradas desde marzo de 2020 debido a la pandemia.
Si bien el derecho a buscar asilo por temor a la persecución está protegido por el derecho internacional, ese proceso permanece en gran parte cerrado desde que, debido a la pandemia, el Gobierno de Estados Unidos promulgó el Título 42.
Esa política de salud pública se utiliza para expulsar de inmediato a los migrantes que ingresan al país, independientemente de que presenten una argumentada solicitud de asilo.
La medida ha dejado esperando a muchas familias en las ciudades fronterizas mexicanas sin un hogar al cual regresar y, como ellas manifiestan, viviendo en condiciones de vulnerabilidad y amenazadas por cárteles de droga, después de huir de la violencia y la agitación política y económica en sus países de origen.
Al igual que la familia de Leo, Daniel, su esposa y su hija de 10 años están entre los casi 1.4 millones de migrantes que han sido expulsados bajo el Título 42 desde que comenzó la pandemia. Más de 153,000 de esos migrantes viajaban en una unidad familiar y casi 16,000 eran niños no acompañados, quienes en su mayor parte dejaron de ser expulsados bajo el Título 42 en diciembre pasado.
La historia de Daniel
Daniel dice que le aterrorizaba salir de Honduras, pero huyó con su esposa e hija porque no vio otra opción. Al igual que Leo, pidió que en este reportaje solo se mencionara su nombre de pila, pues dicen que han recibido amenazas de violencia de los carteles mientras esperan en Nogales.
Antes de que Daniel y su familia se fueran de Honduras, la vida había sido bastante buena. Aunque Daniel había tenido que enfrentar amenazas de organizaciones criminales locales durante un par de años, dice que las soportó.
Tanto él como su esposa trabajaban. Daniel estaba ahorrando para comenzar su propio negocio. Su hija estudiaba feliz en una escuela privada, tenían una linda casa en donde su hija tenía su propia habitación, con aire acondicionado y televisión. Ella no quería nada más, recuerda.
Pero el crimen organizado violento y las dificultades económicas, exacerbadas por la pandemia, están empujando a muchas personas a abandonar Honduras. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tuvo más de 321,000 encuentros con migrantes de Honduras en el año fiscal 2021, el segundo país de origen más alto de migrantes detenidos, después de México.
Todos los días, Daniel veía caravanas de personas que huían de la violencia. Luego, él mismo fue atacado físicamente, dice. Los hombres que lo atacaron le dijeron que sabían dónde vivían él y su familia.
Daniel acudió entonces a las autoridades en busca de ayuda, pero le aconsejaron que se fuera de Honduras y que buscara asilo en otro país.
“Si las autoridades te dicen que te vayas, es porque no pueden controlar la organización criminal”, dijo. “Esto es lo que pasa con la corrupción en Honduras y con la inseguridad. Por eso me sentí obligado a irme”.
Los voluntarios preparan el almuerzo para decenas de personas que vienen a comer diariamente a la Iniciativa Fronteriza de Kino, una organización binacional que brinda ayuda humanitaria a los migrantes en Nogales, Sonora.
Su familia se escondió en la casa de su madre durante tres días antes de iniciar el viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Después de que se fueron, Daniel se enteró de que el 22 de septiembre habían asesinado a su mamá.
Para pedir asilo, la familia intentó cruzar a Estados Unidos por el Río Grande, en la frontera de México con Texas. Daniel pagó a un "coyote" para que ayudara a su familia a cruzar el río, con la intención de entregarse a las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
Estaban en una balsa con otros migrantes a los que no habían conocido antes cuando un helicóptero sobrevoló sus cabezas y los coyotes les dijeron que saltaran de la balsa. Daniel llevó a su temblorosa hija al otro lado del río y siguió las instrucciones del coyote sobre por dónde debían caminar. Finalmente, encontraron a las autoridades de inmigración y les dijeron que necesitaban asilo.
Sin embargo, las autoridades los detuvieron y a Daniel lo separaron de su familia. Dice que le confiscaron los cordones de los zapatos y el cinturón, y le tomaron las huellas dactilares y otros datos biométricos.
"Pensé que me iban a dar asilo en ese momento", dijo.
Pero no fue así. Él y su familia fueron enviados de regreso a México, y luego se dirigieron a Nogales, con la esperanza de encontrar otra ruta hacia el asilo.
Con algo de dinero ahorrado, encontraron un lugar caro aunque muy deteriorado para alquilar en Nogales. Era todo lo que podían pagar. No había cristales en las ventanas, ni cerraduras en las puertas ni focos. El día que un vecino se acercó a Daniel a decirle que tenía que empezar a pagarles dinero a los cárteles o comprarles drogas, él decidió dejar ese alquiler de inmediato.
Discriminación, crimen organizado
Los migrantes expulsados de regreso a México son a menudo el objetivo del crimen organizado, según Human Rights First, una organización internacional de derechos humanos no partidista.
Los peligros que enfrentan los migrantes en la frontera norte de México varían según la región, pero en Nogales, Sonora, el ataque de los cárteles a los migrantes es común. Lo hacen a través de amenazas, extorsión, intentos de secuestro, secuestros exitosos y tortura, dice Noah Schramm, quien trabaja en el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Florence, una iniciativa que brinda servicios legales y sociales gratuitos a migrantes y solicitantes de asilo.
Los migrantes en Nogales también enfrentan discriminación, como que se les cobre dos o tres veces la cantidad normal por el alquiler de una vivienda, dice Schramm. Las madres solteras y otras personas de grupos demográficos especialmente vulnerables, como los migrantes LGBTQ, también son objeto de discriminación.
El Título 42 priva a las personas de cualquier tipo de proceso legal con respecto al asilo, pero el punto más importante es que se supone que se trata de una medida de salud pública, no de control de inmigración, dice Schramm.
En la Iniciativa Fronteriza de Kino, los migrantes reciben servicios como comidas, ropa, albergue para los más vulnerables y acceso a organizaciones que brindan servicios legales gratuitos.
“Las personas que se acercan a un puerto de entrada simplemente son rechazadas”, dijo. “No se les hace ninguna pregunta con respecto a los miedos que puedan tener, ya sea en su país o en México. Y entonces, en nuestra opinión, el Título 42 es una obvia violación del derecho internacional, e incluso de la legislación nacional de Estados Unidos. Es muy claro frente al hecho de que las personas deben tener un proceso administrativo si denuncian temor en la frontera o entre los puertos de entrada también”.
Hay mucho debate sobre el Título 42 como medida de salud pública, y los grupos de derechos humanos han desafiado la política en los tribunales federales.
El año pasado, la administración Trump despidió a los funcionarios del gobierno que manifestaron que no había evidencia de que expulsar a los migrantes bajo el Título 42 frenaría el coronavirus, según The Associated Press. La administración Biden ha seguido defendiendo el uso del Título 42, diciendo que es necesario.
“Estamos en medio de una pandemia y un desafío migratorio crítico”, dijo el 20 de septiembre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en Del Rio, Texas. “Seguimos ejerciendo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control de Enfermedades.
“El Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública para proteger al público estadounidense, proteger a las comunidades a lo largo de la frontera y proteger a los propios migrantes”.
No hay otra opción
Como muchos de los migrantes que reciben servicios en la Iniciativa Kino para la Frontera, Leo y su familia son de Guerrero, un estado del sur de México que está experimentando altos niveles de violencia.
En Nogales, a estos migrantes se les cobra un alquiler exorbitante y, al mismo tiempo, se les pagan salarios bajos por cualquier trabajo que puedan encontrar, dice Leo. Esta es una queja común entre quienes esperan en Sonora con la esperanza de presentar una solicitud de asilo.
"Saben que no somos de aquí, nos discriminan porque somos migrantes", dijo Leo.
Su esposa e hijos, que tienen 1 y 2 años, en su mayoría permanecen dentro de la habitación en la que viven por temor a las amenazas. Es una habitación pequeña con un baño. Duermen en el suelo y no hay cocina.
Su plan es esperar hasta que Estados Unidos les permita solicitar asilo. Leo dice que no hay otro plan, que no hay otra opción.
La aplicación es desigual
Cuando el Título 42 entró en vigor, el gobierno mexicano acordó aceptar a la mayoría de los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto ha llevado a que migrantes de países más distantes ingresen al proceso de asilo de Estados Unidos, pues desde el punto de vista logístico es más difícil para este país expulsarlos. Sin embargo, no hay una razón homogénea para permitir la entrada.
Tanto Leo como Daniel conocen casos de familias que son aceptadas en el proceso de asilo y no entienden por qué las suyas fueron rechazadas.
Para los migrantes aún no está claro cómo se está utilizando el Título 42, pues no ha sido claramente comunicado por la administración de Biden, dice Jessica Bolter, analista asociada sobre la política de inmigración de los Estados Unidos para el Instituto de Plítica Migratoria (Migration Policy Institute), un grupo de expertos no partidista que analiza las tendencias de la inmigración en todo el mundo.
“Es un panorama de aplicación de la ley muy desigual, y no hay mucha claridad al respecto en general”, dijo.
Las expulsiones del Título 42 pueden llevarse a cabo contra cualquier familia migrante o adulto soltero. El único grupo que está completamente exento son los menores no acompañados.
Es muy probable que los migrantes adultos solteros de México, Guatemala, Honduras y El Salvador sean expulsados en virtud del Título 42.
En octubre, casi el 95% de los encuentros de la Patrulla Fronteriza con este grupo demográfico en la frontera sur de Estados Unidos devino en una expulsión amparada por el Título 42, mientras que solo el 5% de los encuentros con adultos solteros de otros países resultaron en una expulsión.
La gran mayoría de las familias mexicanas son expulsadas de regreso a México. En octubre pasado, más del 80% de los encuentros de la Patrulla Fronteriza con familias mexicanas llevaron a su expulsión. Lo mismo sucedió con alrededor del 60% de los encuentros con familias de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El grupo demográfico más común de migrantes que llegan actualmente al refugio de ayuda humanitaria sin fines de lucro Casa Alitas en Tucsón son hombres solteros de Sudamérica que ingresaron a Estados Unidos por el sector Yuma de la Patrulla Fronteriza, donde se concentran un gran número de familias y migrantes de Sudamérica, Cuba y Haití que cruzan la frontera pidiendo asilo.
En el sector de Yuma, que cubre 262 millas de frontera desde la línea del Condado Yuma hasta la línea del estado de Arizona / Nuevo México, menos del 10% de los encuentros de migrantes en octubre llevaron a la expulsión del Título 42.
La directora de operaciones de Casa Alitas, Teresa Cavendish, dice que los hombres que llegaron al refugio pueden haber sido separados de sus familias cuando ingresaron al proceso de inmigración. No hay unidades de detención para familias y las autoridades de inmigración no las reunifican. Entonces, los miembros de la familia pueden ser enviados a diferentes refugios, desde donde luego trabajan para reunificarlos, dice Cavendish.
No funciona como se esperaba
El Título 42 no está funcionando como se esperaba, dice Bolter, del Migration Policy Institute.
La política ha cortado el acceso a la protección para algunos que pueden merecerla, y tampoco ha funcionado con éxito como política disuasoria, dijo.
“Una política fronteriza inteligente que tenga la intención de aumentar tanto el orden como la equidad en la frontera sería una que permita a los solicitantes de asilo presentar sus documentos y que estos sean tenidos en cuenta de manera oportuna, para abrir nuevamente el sistema de asilo, pero también una política que asegure que aquellos que no tengan solicitudes válidas de asilo sean removidos de manera apropiada”, dijo Bolter.
“Esto no solo restablecería el acceso al asilo, sino que también reforzaría la percepción de control y equidad en la frontera, tanto para los migrantes potenciales como para los estadounidenses”, dijo.
Después de que Daniel y su familia dejaron el alquiler donde fueron amenazados con extorsión, pudieron encontrar un pastor religioso que les dio un espacio para vivir a cambio de trabajo.
Pero Daniel se cuida muchísimo adonde sea que vaya. Lo que más le preocupa es su hija de 10 años. Ahora ella ha perdido todo a lo que estaba acostumbrada. No tiene acceso a las comodidades simples como ver dibujos animados, ni acceso a recursos vitales, como educación y atención médica.
"Dentro de mí hay desesperación, hay angustia", dijo Daniel. “Siento que fallé en algo, pero tengo esperanza. Tengo esperanza y estoy listo para hacer lo que sea necesario para obtener asilo, para ir a donde lo necesite, como lo necesite".
