Leonardo Bravo, Guerrero, México — Tanta gente ha sido sacada de sus casas a la fuerza en esta zona alta del sureste de Guerrero, que el alcalde les da una carta a los ciudadanos que quieren buscar asilo en Estados Unidos.
En los últimos 14 meses, me dijo el alcalde Ismael Cástulo Guzmán, ha entregado unas 600 de esas cartas. El documento formal explica:
Los ciudadanos que contemplan una solicitud de asilo pueden obtener una carta del alcalde Cástulo Guzmán que acredita la violencia desenfrenada en su municipio de Leonardo Valle, Guerrero.
“Derivado de enfrentamientos de grupos armados y crimen organizado en la zona del municipio de Leonardo Bravo y en el estado de Guerrero, durante los últimos años, se ha generado una ola de violencia, que ha mantenido a la sociedad bajo el temor de llevar un ritmo de vida normal y seguro”.
La gente desplazada de sus casas por grupos armados puede llevar estas cartas a la frontera con Estados Unidos y presentarlas en su solicitud de asilo.
En algunas ciudades mexicanas de la frontera, los exiliados de Guerrero y Michoacán, y no personas centroamericanas, son la mayoría de quienes están en una lista de espera para solicitar asilo en EE. UU. A principios de febrero, en Nogales, Sonora, 40 por ciento de las personas en la lista de espera para tener una cita de solicitud de asilo con agentes de Estados Unidos era de Guerrero.
Aun así, el gobierno de México sigue abordando la migración como un problema de centroamericanos.
En junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno reaccionaron a amenazas del presidente Trump de cerrar la frontera de Estados Unidos e imponer aranceles revirtiendo su política migratoria inicial, más liberal.
Ahora, agentes mexicanos de inmigración revisan las identificaciones en los cruces informales de la frontera con Guatemala, algo que nunca antes habían hecho.
Soldados y otros oficiales patrullan los puntos de revisión en el sur y encierran a migrantes de otros países en albergues y centros de detención. Un albergue que visité a principios de febrero en Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, estaba retacado con unas 700 personas, cuando la capacidad del lugar es de solo 250.
Durante su conferencia diaria matutina del 7 de febrero, pregunté a López Obrador por qué su gobierno ha tomado medidas tan drásticas para disminuir la migración de centroamericanos a través de México, pero ha hecho tan poco por evitar que los mexicanos de Guerrero sean forzados por grupos armados a dejar sus casas. Argumentó que los migrantes mexicanos se van primordialmente por motivos económicos.
“La mayoría de los casos es por pobreza, es por falta de oportunidades de trabajo”, dijo López Obrador. “Son siete causas principales (de la migración)… la principal es la necesidad, nadie se va de su pueblo por gusto.
“Y de ahí la importancia que tiene el que estemos invirtiendo en programas de desarrollo en las zonas más pobres de México para que la migración sea opcional, no forzosa como lo es todavía. Yo espero que esto se resuelva pronto, estamos trabajando con plan”.
He hablado con desplazados de Guerrero en Tucsón, Tijuana, Nogales y en el mismo estado de Guerrero, y ellos consistentemente están en desacuerdo con el diagnóstico del presidente.
Los migrantes mexicanos de hace 15 años estaban motivados principalmente por las necesidades económicas, pero los refugiados mexicanos actuales, aunque pobres en la mayoría de los casos, están huyendo de las balaceras y las extorsiones, no de la pobreza. La mayoría desea poder volver a su casa.
Para que López Obrador atacara las verdaderas causas de la migración mexicana actual, tendría que hacerle frente al problema más difícil que tiene México ahora mismo: la seguridad pública.
Comparado con eso, detener a los centroamericanos para que no lleguen a Estados Unidos es fácil, y popular.
ALCALDE DESPLAZADO
El Departamento de Estado les dice a los norteamericanos que “no viajen” a Guerrero, donde se encuentra la alguna vez popular playa de Acapulco.
Los disparos, más que la pobreza, impulsan el éxodo del estado sureño de Guerrero, dicen los que se han ido. Arriba, la policía estatal busca sobrevivientes después de un tiroteo en el municipio de Leonardo Bravo en 2016.
“El crimen y la violencia se han extendido”, indica la advertencia a los viajantes. “Grupos armados operan de forma independiente al gobierno en muchas áreas de Guerrero. Integrantes de estos grupos realizan bloqueos frecuentes en carreteras y pueden ser violentos con los viajantes”.
Los periodistas en México saben que trabajar en la capital del estado, Chilpancingo, y en Acapulco es por lo general sencillo, pero viajar más allá hacia las montañas requiere de una planeación cuidadosa y muchas veces de la aprobación previa del grupo armado que tenga el mando en esa área. En la Sierra de Guerrero, estos grupos armados son la autoridad de facto.
Comúnmente llamados “crimen organizado”, “autodefensas” o “carteles de la droga”, en realidad podrían ser simplemente conquistadores: grupos que toman un territorio en la sierra y ganan dinero de cualquier forma posible a costa de las habitantes y sus propiedades.
En noviembre de 2018, un grupo armado entró a los pueblos que pertenecen al municipio de Leonardo Bravo, que rodean a Chichihualco.
Al menos 1,600 personas huyeron de sus propias casas. Cientos migraron bajando la sierra hacia Chichihualco, otros se fueron más allá hacia la Ciudad de México o incluso a la frontera con Estados Unidos. Algunos han podido llegar y están en busca del asilo en cortes migratorias de Estados Unidos.
Cástulo Guzmán, quien como alcalde de Leonardo Bravo está al frente de los demás pueblos que pertenecen a este municipio, es originario de uno de esos pequeños poblados, pero por ahora solo va allá de visita, me dijo.
“También soy un desplazado más, a pesar que soy presidente municipal. Hemos sido saqueados, hemos sido robados. Las pertenencias, lo poco que teníamos, también nos las quitaron. También me puedo considerar un desplazado más”.
Pero mientras el alcalde tiene el privilegio de al menos ir de visita a su pueblo, otras personas desplazadas me dijeron que no han podido volver.
Hablé con un par de cuñados que fueron desplazados en Chichihualco, María y Luis. No proporciono sus nombres completos porque sus vidas están amenazadas por grupos armados.
Muchos de los 1,600 expulsados de sus hogares en Leonardo Bravo se han mudado a la cabecera municipal de Chichihualco. Otros se dispersaron a Acapulco o la Ciudad de México y muchos más han hecho el viaje a la frontera de Estados Unidos. Casi la mitad de los migrantes que esperan en Nogales, Sonora, para citas de asilo en Estados Unidos son del estado de Guerrero.
Aproximadamente un año después de que fueron sacados de sus casas, funcionarios de gobierno les dijeron a María, Luis y a otras personas desplazas que podían volver. Formaron una caravana y manejaron a la sierra, pero cuando llegaron se oyeron los disparos. La caravana se regresó.
“Quieren adueñarse de los terrenos que tenemos. Como ahorita no estamos en las tierras, ellos están cortando los productos. Ellos están en las casas. Ellos están tomando ventanas. Se están llevando trastes”.
María, Luis y otros miles de personas desplazadas en el estado de Guerrero están esperando que el gobierno federal haga algo, lo que sea.
El presidente, dijo María, “tiene que poner mano dura para que nosotros regresemos a nuestros pueblos. Lo que nosotros peleamos es que nos regresena nuestros pueblos. Somos gente de trabajo. Allá tenemos tierras. Tenemos nuestro patrimonio”.
¿Qué deberían de hacer?
“Quitar a la gente que dicen que son comunitarios de nuestros pueblos. Delincuencia organizada es lo que está en nuestros pueblos”.
OBISPO BAJO AMENAZA
Si las cosas fueran sencillas.
Pero el obispo Salvador Rangel, quien dirige la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, dice que no lo es. No en Leonardo Bravo ni en cualquier parte de Guerrero donde pueblos y ciudades están perdiendo a sus habitantes a manos de explotadores armados.
Rangel se ha vuelto famoso, o ha ganado notoriedad, en esta parte de México por intervenir en conflictos negociando con líderes de los grupos del crimen organizado.
Pero no se le puede encontrar en Chichihualco, que a su vez es la cabecera municipal de Leonardo Bravo, porque prefiere ir allá encubierto.
“He hablado con muchos grupos narcotraficantes para lograr la paz, la tranquilidad, que no haya tanto, tanto crimen en esta tierra.
El oblispo Salvador Rangel asume el papel de pacificador pero está bajo amenaza.
“Pero ahorita, un grupo que a mí me amenazó fue el de los comunitarios de Tlacotepec (que ocupan el municipio de Leonardo Bravo), porque me están acusando de que yo soy parcial, que estoy apoyando al otro grupo de Chichihualco. No es cierto. Yo les digo que estoy en contra de que hayan desplazado a esta gente”.
Por años, la economía del área ha dependido del cultivo de la amapola para producir pasta de opio, la materia prima con la que se produce la heroína que después se vende en Estados Unidos. Pero en los últimos dos años, el precio de la pasta de opio se ha desplomado en la medida en que opioides sintéticos como en fentanilo han capturado un mercado mayor.
Esa crisis ha reducido los ingresos, al mismo tiempo que grupos armados toman cada vez mayor control. Frecuentemente, estos grupos ponen barreras a lo largo de caminos rurales que llevan a las ciudades y forzan a los habitantes a pedirles permiso para salir del pueblo.
Dinámicas similares gobiernan gran parte de Guerrero, así como el vecino estado de Michoacán.
La situación ha empeorado tanto que, en enero, un pueblo de la montaña reveló una fuerza de autodefensa compuesta por niños varones, algunos de tan solo 6 años, aunque solo los niños mayores de 12 años portaban armas reales.
Los residentes de 20 pueblos de la Sierra de Guerrero se arman para formar una fuerza comunitaria de autodefensa en 2018. Esta fuerza fue expulsada por otra fuerza comunitaria.
“Ahorita simplemente las comunidades de la sierra son las que están quedando vacías”, dijo Rangel.
“La autoridad, pues muy tibiamente no ha hecho nada, no ha hecho nada para que regrese” la gente.
Dijo que los habitantes de esa zona “han emigrado a las ciudades. Por ejemplo, aquí vienen mucho a Acapulco, a Chilpancingo, van aquí cerca, a Cuernavaca, se van al Distrito Federal, pero mucha gente se está yendo a Estados Unidos”.
LA AMAPOLA BUSCA ASILO
Uno de ellos es un cultivador de amapola llamado Crescencio Pacheco. En noviembre de 2018, huyó con su esposa y sus tres hijos de un poblado de Leonardo Bravo llamada Campo de Aviación.
Después de llegar a Chichihualco, dirigió a las personas desplazadas en un movimiento de protesta a la Ciudad de México. Establecieron un campamento fuera del Palacio Nacional durante 39 días, dijo Pacheco. Finalmente, el gobierno hizo algunas promesas y convenció a los manifestantes de regresar a Chichihualco.
"Fue todo lo contrario”, me dijo Pacheco por teléfono. “Fue toda una mentira. Querían quitarnos del Palacio Nacional. Fue un engaño completamente”.
A medida que pasó el tiempo y Pacheco continuó agitando a las personas desplazadas, recibió amenazas, dijo.
En julio, huyó con su familia a la Ciudad de México. Desde ahí fueron en autobús a Nogales, Sonora, a donde sabía que otros residentes desplazados de Leonardo Bravo habían ido.
Cerca del puerto de entrada, se pusieron en la lista para una cita con Aduanas y Protección Fronteriza, y después de seis semanas estaban en el Puerto de Entrada de DeConcini explicando su situación.
Pacheco dijo que los oficiales estadounidenses trataron bien a la familia, los tuvieron en la garita durante un día más o menos, le pusieron a Pacheco un brazalete en el tobillo y lo mandaron a Phoenix. De ahí, la familia se fue a vivir con otros familiares a otro estado de Estados Unidos y tramitó su solicitud de asilo.
Para los mexicanos es muy difícil obtener asilo, me dijo Carlos Spector, un abogado de El Paso.
De hecho, de los 7,606 mexicanos cuyos casos de asilo se decidieron en el año fiscal 2019, a 6,620, es decir, el 87 por ciento, les negaron el asilo, informó el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
Tal vez, dijo Spector, estos residentes rurales podrían avanzar al argumentar que no están simplemente huyendo de los delincuentes sino huyendo de la violencia por parte del equivalente a un actor estatal: los grupos armados que dirigen sus ciudades de origen.
El hecho de que Pacheco fuera un agricultor que producía pasta de opio para el mercado estadounidense de drogas puede no ayudar a su caso. Pero me dijo que no hay nada inusual en el cultivo de la amapola en la sierra, y sus opiniones están bien documentadas.
“Fui un agricultor. También fui un promotor en la región de la sierra de que los cultivos enervantes como la amapola y la mariguana sean legalizados. Romper el tabú”, dijo.
Ahora es solo otro solicitante de asilo tratando de convencer a un grupo escéptico de jueces de inmigración de que su caso cumple con los criterios estrictos para recibir permiso para permanecer en Estados Unidos.
EL PRESIDENTE REVIERTE LA POLÍTICA
En los temas de inmigración y seguridad, el presidente de México, quien asumió el poder en diciembre de 2018, se promocionó a sí mismo durante la campaña como humanitario.
Así es como lo explicó su entonces asesora Olga Sánchez Cordero durante la campaña: “La prioridad para la política de Andrés Manuel López Obrador será que a los migrantes se les respeten todos sus derechos irrestrictamente. Queremos que sea un país refugio”.
Inicialmente, López Obrador cumplió su promesa. Su primer designado como cabeza del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, me explicó lo siguiente sobre la política del presidente en una entrevista en su oficina en la Ciudad de México:
“El proyecto combinaba una estrategia de, primero, respeto de los derechos humanos; segundo, de inclusión en México; tercero, de generar desarrollo en el sur de México y en el norte de Centroamérica.
“Eso, junto con otros instrumentos, por ejemplo, estaba muy como un asunto prioritario la generación de un mercado laboral regional entre Guatemala, El Salvador, Honduras y el sur de México”.
Como encargado del tema migratorio, Guillén trabajaba para Olga Sánchez Cordero, la asesora que se convirtió en secretaria de Gobernación.
Pero después el presidente Trump amenazó con cerrar la frontera e imponer tarifas. El Secretario de Relaciones Exteriores de México peleó por complacer a Trump y detener la migración extranjera, mientras la Secretaria de Gobernación peleaba por permanecer en el mismo camino humanitario.
Ganaron las relaciones internacionales. Y en junio Guillén estaba fuera del puesto, a menos de 8 meses de haber iniciado como director del Instituto Nacional de Migración.
La política más severa del presidente López Obrador se ha vuelto popular.
Una encuesta en enero de el periódico El Financiero mostró que el 64 por ciento de los mexicanos apoya la política de cerrar la frontera a los migrantes extranjeros, en comparación con el 34 por ciento que quiere apoyar a los migrantes y garantizarles el libre tránsito por el país.
Los resultados de la nueva política aún son visibles a lo largo de la frontera con Guatemala, al sur de Chiapas. Agentes de inmigración y miembros de la recién formada Guardia Nacional están desplegados a lo largo del río Suchiate y en los puntos de revisión.
En Ciudad Hidalgo, una ciudad que ha prosperado durante décadas con el comercio transfronterizo informal al aire libre en balsas que cruzan el río, los agentes de inmigración ahora controlan a la gente que se cruza. Es la primera vez en décadas, y eso molesta a los comerciantes locales, porque sus clientes al otro lado del río en Tecún Umán, Guatemala, tienen más dificultades para comprar cosas en México.
"Los chiapanecos ya nos cansamos de ser el muro de Trump”, me dijo Matilde Espinosa Toledo, ex alcaldesa de Suchiate. "Ha bajado el comercio en un 30 por ciento".
'TENEMOS NUESTROS PROPIOS REFUGIADOS'
Las nuevas demostraciones de autoridad gubernamental que molestan a algunos residentes en la frontera sur de México son lo que las personas desplazadas y algunos expertos dicen que se necesita en Guerrero. Dicen que este no es un estado ingobernable, sino que se ha ido de las manos durante más de 20 años en el gobierno de los señores caudillos.
Cruces informales del Río Suchiate entre Ciudad Hidalgo, México y Tecún Umán, Guatemala.
Aún así, el presidente de México se ha opuesto a cualquier tipo de confrontación con grupos armados que puedan volverse violentos, tratando de evitar los errores del ex presidente Felipe Calderón, quien desencadenó una sangrienta e improductiva guerra contra las drogas entre 2006 y 2012.
Le señalé a López Obrador que los residentes desplazados que he entrevistado quieren que el gobierno tome medidas que les permitan regresar de manera segura a sus hogares.
Él respondió: “Si se desata una guerra y se quiere enfrentar esa guerra sin importar el número de muertos con la consigna de ‘mátalos en caliente’, con la introducción de armas de Estados Unidos permitidas por los gobiernos de Estados Unidos y de México, pues entonces se genera más violencia”.
En los últimos días, fue más allá y les dijo a los aprendices de la Guardia Nacional en una visita grabada en video: "Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto".
La opinión popular puede apoyar la represión de López Obrador contra la migración extranjera, pero su extrema precaución e incluso respeto hacia los grupos criminales frustra a muchos, especialmente a las personas obligadas a abandonar sus hogares.
La misma encuesta de El Financiero mostró que el 56 por ciento de los mexicanos que respondieron la encuesta no está satisfecho con el desempeño del presidente en materia de seguridad pública.
Ya es hora de reconocer el creciente problema de migración de México y actuar en consecuencia, dijo Guillén, el ex director de inmigración.
“Tenemos nuestros refugiados. Eso hay que aclararlo, medirlo, analizarlo”, dijo. “Hay que concentrar todo el esfuerzo en todos los sentidos de inteligencia, de presencia de aparatos de seguridad de Desarrollo, y plantarse no un ratito, se tienen que plantar dos años, tres años bien”.
Sin embargo, en Leonardo Bravo, el alcalde Cástulo no ha visto ningún movimiento en esa dirección. Solicitó una intervención federal, pero no obtuvo más que ayuda financiera esporádica para pagar el alquiler y la comida de algunas personas desplazadas.
"Pero el gobierno federal dice que tienen que armar una estrategia muy buena, en la que nadie salga lastimado y donde todo salga en paz, y se va a llevar un tiempo más hasta que se organicen", dijo Cástulo. “Estamos bien comunicados, porque el día que se arregla el asunto, se va a arreglar para todos, y regresar a la Sierra, pues”.
Lo que más desean los migrantes del sur de México no es ayuda para la renta, asistencia alimentaria o una carta que pueda ayudarlos a conseguir asilo en Estados Unidos.
Quieren que el gobierno tome medidas, como lo hizo en la frontera sur, para que puedan vivir en paz en sus propios hogares.