Desde que llegué a Tucsón a servir como cónsul de México no he dejado de sorprenderme de cuánto lo que pasa de un lado de la frontera afecta tanto en el otro. El desarrollo económico-comercial, social y cultural de esta mega región en el que dos países coexisten interrelaciona intensamente a las personas, organizaciones y sus gobiernos. Todos los que vivimos aquí lo sabemos bien, y yo, siendo de Sonora, pensaba que lo tenía claro, pero no dejo de asombrarme al descubrir hasta qué nivel nuestras realidades están unidas.
Rafael Barceló Durazo.
En el lado menos positivo de esta realidad, los problemas que se enfrentan de uno u otro lado también afectan la vida de las personas a través de la frontera. Un ejemplo indudable es el crimen organizado transnacional, que extiende su presencia, junto con los daños que causa entre México y Estados Unidos. La demanda por drogas ilícitas y el dinero que se paga por ellas les da más poder a las bandas delincuenciales para dañar de forma grave a las comunidades en las que operan.
Las armas de fuego que el crimen organizado obtiene en Estados Unidos y recibe en México por medio del contrabando ilegal es un problema mayor. Se estima que cada año son traficadas de manera ilícita 500 mil armas de EE.UU. a nuestro país y, al menos el 70% de las armas recuperadas en una escena del crimen en México vinieron de los Estados Unidos.
Este tema nos afecta profundamente en ambos países al darle poder de fuego al crimen organizado transnacional, haciendo más difícil combatir que sigan envenenando con sus drogas ilícitas, lucrándose con la trata de personas o causando otros delitos graves. Además, porque estas armas en manos de la delincuencia han cobrado la vida de muchas personas en nuestras comunidades, incluidos muchos integrantes de las fuerzas de seguridad en México.
El Gobierno mexicano decidió en agosto de 2021 presentar una demanda en contra de 11 compañías que se dedican a la fabricación y distribución de armas de fuego en los Estados Unidos, por las prácticas de comercio negligente e ilícito que propician su tráfico ilegal a nuestro país causando graves daños. Esta demanda se presentó ante una corte estadounidense con sede en Boston, bajo los principios de las acciones de responsabilidad civil (tort law) para la reparación de esos daños y que se cambien esas prácticas negligentes e ilícitas.
La demanda pide a la justicia estadounidense que, cesando dichas prácticas, estas compañías no hagan publicidad de armas de tipo militar para la población civil o dirijan su venta al crimen organizado; que las empresas cooperen con las autoridades para apoyar las investigaciones y la persecución de delitos asociados a estas armas; que implementen protocolos razonables para revisar la actuación de sus distribuidores; así como que usen mecanismos de seguridad en sus armas, incluidos lo que son técnicamente posibles para evitar que personas no autorizadas usen este armamento.
Esta demanda no es contra las autoridades de Estados Unidos, que también tienen preocupaciones sobre el tema y colaboran con las de México en contra del crimen organizado, sino contra empresas privadas que, con pleno conocimiento de a dónde van a parar algunas armas, continúan realizando este tipo de ventas sin debidos controles. No es un intento de afectar ningún derecho que las personas tengan en este país bajo la Segunda Enmienda de su Constitución, pues no está dirigida al comercio lícito ni intenta restringir el derecho a poseer armas. México respeta esas cuestiones como asuntos internos de Estados Unidos.
El Gobierno de México realiza acciones dentro de su territorio para evitar la venta ilegal y el contrabando de armas. Con una frontera tan extensa y dinámica como la que nos une a Estados Unidos, el solo control fronterizo no puede detener todos los cruces que son ilegales.
Este decidido esfuerzo mexicano ha sido reconocido por organizaciones y autoridades de Estados Unidos. La organización Arms Control Association reconoció como Persona del Año 2021 para el control de armas al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al Gobierno de México por la defensa innovadora que está haciendo con esta demanda. Catorce procuradores generales de estados de la Unión Americana, además, presentaron ante la misma Corte una moción de apoyo a la demanda interpuesta por México.
Para el gobierno mexicano es una obligación moral realizar todas las acciones que puedan lograr la reducción de los daños tan severos que las armas ilícitas causan en nuestro país, entre ellas, esta demanda, que es jurídicamente sólida y muy oportuna. Pocos podrán comprender mejor que los fronterizos este anhelo de justicia que ella representa. ¡No más tráfico de armas!
