PHOENIX.— Buscando restaurar la confianza pública, la gobernadora Katie Hobbs creó el 6 de enero -un día después de tomar posesión del cargo- un panel bipartidista para estudiar el sistema electoral del estado y recomendar cambios.
La medida se produce inmediatamente después de lo que podría decirse que ha sido la elección estatal más controversial en décadas. De hecho, todavía hay tres desafíos legales activos por aquellos que perdieron sobre el resultado reportado.
Hobbs, quien como secretaria de Estado había sido la principal funcionaria electa de Arizona, dijo que quienes administran las contiendas políticas “dependen de leyes y procedimientos claros y efectivos” para hacer su trabajo.
“Mejorar las leyes electorales de Arizona requiere la colaboración entre los administradores electorales estatales y locales, los expertos en seguridad electoral y los defensores de los derechos electorales”, dijo la nueva gobernadora en su orden ejecutiva. Y dijo que un esfuerzo bipartidista y coordinado identificará soluciones “que mejoren la accesibilidad y la seguridad de las elecciones de Arizona”.
Hobbs dijo que quiere el informe para el 1 de noviembre. Eso daría tiempo para preparar recomendaciones que podrían aprobarse en la sesión legislativa de 2024 y, dependiendo de la rapidez con que actúen los legisladores, potencialmente estar vigentes para las elecciones de ese año.
Pero la fecha límite también logra otro objetivo. Podría darle a la gobernadora una excusa para vetar algunos de los cambios que ya están siendo considerados por los legisladores republicanos en esta sesión al decir que cualquier alteración debe esperar las recomendaciones del grupo de trabajo.
La gobernadora estableció el panel, que tendrá al menos 11 miembros, para garantizar la representación de diversos intereses, incluido el secretario de Estado demócrata Adrian Fontes o su designado, así como dos registradores del condado nominados por el presidente del Senado, Warren Petersen de Gilbert, y el presidente de la cámara, Ben Toma de Peoria, ambos republicanos.
También se incluirá un experto en seguridad electoral que será nombrado más tarde, dos directores electorales nominados por los condados, un miembro de una “organización de defensa del voto”, alguien que tenga experiencia en leyes de financiamiento de campañas y alguien que entienda el equipo y la tecnología electoral.
