Por lo general, Jessala Grijalva ha logrado obtener lo que necesita para mantener a sus tres hijas, pero en ocasiones se ha encontrado con obstáculos inesperados.
Read in English: Upfront investments can ward off 'horrible outcomes'
Grijalva es la primera universitaria en su familia, habiendo egresado de la Universidad de Arizona en mayo con honores y un diplomado en gobierno y servicio público. Recientemente fue aceptada a la Universidad de Notre Dame para cursar un doctorado en ciencias políticas, completamente pagado.
Pero el último año no ha sido fácil. En febrero del 2017 perdió su trabajo en la universidad y batalló para encontrar otro que le permitiera continuar con sus estudios. La situación se pusó especialmente dura cuando los cheques de desempleo dejaron de llegar.
Ahora trabaja para AmeriCorps, pero lo que más necesita, más allá de un poquito más de dinero para llegar a fin de mes, es ayuda con el cuidado de sus niñas.
Debido a todo lo que está haciendo para mejorar su situación económica mientras cuida de sus pequeñas, Grijalva pensaba que podría recibir ayuda por medio del programa de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas, TANF por sus siglas en inglés.
Pero no fue así.
El estado de Arizona es uno de los que tiene los requisitos más estrictos del país para este tipo de ayuda.
A pesar de que Grijalva y sus niñas viven por debajo del índice de pobreza, el cual es de 24,600 al año para una familia de cuatro, no califica para este programa porque recibe 1,020 al mes de su ex esposo para la manutención de las niñas.
"Es verdaderamente confuso", señaló Grijalva. "Les tuve que pedir que me explicaran el por qué no calificaba y lo que me dijeron es que Arizona tiene normas especiales".
Aunque recibe ayuda para alimentos y cuidado médico por medio de los programas SNAP y Medicaid, por sus nombres en inglés, los 214 mensuales que recibe en cupones alimenticios sólo cubren el 40 por ciento de lo que necesita, señaló.
En ocasiones, mientras estudiaba, buscaba trabajo y hacía sus prácticas con el alcalde de Tucsón, Jonathan Rothschild, y el congresista Raúl Grijalva, tuvo que dejar a sus niñas solas en casa. Y al igual que algunos de sus conocidos, terminó comprando un teléfono celular a su hija mayor, quien cumplió 13 años en enero.
"Muchos de mis amigos les están comprando teléfonos a sus hijos para poder estar en constante comunicación". dijo.
A pesar de que vive por debajo del índice de pobreza, Jessala Grijalva y sus tres niñas no califican para asistencia monetaria por medio del programa de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas, TANF por sus siglas en inglés.
Millones de dólares federales desplazados
Programas que puedan cubrir este tipo de necesidades básicas es el tipo de prevención primaria que Arizona más necesita, señaló Richard Wexler, director ejecutivo de la Coalición Nacional para Mejorar la Protección al Menor.
Pero por lo general, las familias tienen que cumplir con requisitos de clases y programas sin los apoyos necesarios, dijo Wexler. Lo cual se suma al estrés familiar que ya están sintiendo y "empeora todo".
El propósito de TANF -fondos que el gobierno federal le da a los estados para usar a su discreción- es ayudar a familias en transición. Formación profesional, cuidado de niños y asistencia monetaria son los objetivos principales.
Pero en Arizona, la gran parte de este dinero se distribuye al Departamento de Seguridad Infantil, DCS, por sus siglas en inglés, para ayudar a familias de acogida (foster care), servicios de adopción y para proveer cuidado infantil a familias que ya están dentro del sistema.
El porcentaje de dinero de TANF que se destinó al DCS incrementó en un 67 por ciento entre los años fiscales 2010 y 2015; al mismo tiempo que el número de niños removidos de sus hogares aumentó.
Conforme el número de familias de bajos ingresos que tuvieron acceso a cuidado infantil disminuyó de 16,200 familias en el 2009 a 3,700 en el 2014, el número de casos de negligencia reportados a DCS creció de 9,850 a casi 20,000 casos en el 2015.
Ese mismo año, Arizona utilizó 469 millones del programa TANF, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. De esa cantidad, el 8 por ciento fue destinado a los objetivos originales incluyendo formación profesional, cuidado infantil y asistencia monetaria. Casi la mitad fue destinada al DCS.
Asimismo, el estado redujo la asistencia monetaria y fondos para reducir el hambre bajo el programa de TANF de 77 millones en el 2009 a sólo 28 millones el año fiscal 2016. De igual manera, disminuyó la cantidad de fondos destinados a servicios de empleo de 13 millones a 6 millones durante el mismo periodo.
La lista de espera en el Condado Pima de familias que necesitan asistencia con el cuidado de niños pero que no están involucradas con el DCS es desalentadoramente larga. El año pasado le dijeron a Grijalva que dos mil familias estaban delante de ella.
TANF no es la única fuente de ayuda para familias en el estado que necesitan cuidado infantil. El estado también recibe aproximadamente 125 millones al año en fondos federales, que el Departamento de Seguridad Económica usa en su mayoría para programas de cuidado infantil.
Pero esto requiere que Arizona gaste la misma cantidad de sus propios fondos. Por ejemplo, el estado no puede reclamar 37 millones de la subvención sin aportar otros 30 millones de su propio dinero para programas o actividades relacionadas al cuidado infantil, lo cual no había sido un problema hasta la Gran Recesión.
Cuando la economía se vino abajo, los legisladores empezaron a reducir la cantidad de dinero y continuaron la práctica hasta el 2012, año en que finalmente eliminaron los fondos para cuidado infantil.
En el 2015, parte de estos fondos se restablecieron con 30 millones al año provenientes de First Things First, una iniciativa aprobada por los votantes y creada en el 2006 para asistir a los niños en Arizona durante sus primeros cinco años de vida.
Por el momento, First Things First utiliza el dinero primordialmente para mejorar la calidad del cuidado infantil y en becas para estos mismos servicios. Pero aun así, casi tres mil 700 niños están en la lista de espera a nivel estatal.
Asistencia con alimentos y vivienda
En el Condado El Paso, Colorado, abordar el tema de la pobreza es clave para prevenir el maltrato infantil -y el uso de TANF es uno de los componentes centrales.
Así es como funciona: Trabajadores sociales del sistema de seguridad infantil del condado y aquellos que proveen servicios de TANF trabajan en conjunto con el enfoque de ayudar a la familia, no necesariamente conducir una investigación por maltrato.
Los trabajadores saben que las familias que califican para TANF o Medicaid tienen una probabilidad más alta de entrar al sistema de seguridad infantil debido a las dificultades económicas y el estrés asociado con ello.
Para reducir la posibilidad de maltrato, especialmente negligencia, tratan rápidamente de ayudar a las familias con necesidades básicas como alimentos, vivienda y cuidado médico.
Si una familia es reportada por posible abuso o negligencia, primero ven qué servicios ya está recibiendo la familia, y si les falta algo crítico, trabajan en conseguirles esos servicios lo más pronto posible.
"Lo que lleva a la gente a obtener beneficios como TANF o cuidado infantil suele ser lo mismo que causa problemas de bienestar infantil", señaló Marian Percy, subdirectora del Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias del condado. "Puede ser generacional, o debido a falta de educación, violencia doméstica o abuso de substancias".
El reto es ayudar a familias evitando generar miedo, dijo David Berns, quien trajo consigo esta perspectiva cuando llegó al Condado El Paso como director del Departamento de Servicios Humanos en 1997. Su enfoque fue reducir el número de niños removidos de sus hogares al mismo tiempo que mejoraba la seguridad para aquellos menores en riesgo.
"Los trabajadores sociales no estaban siendo entrenados para enfocarse en las familias", dijo. "Ahora, el entrenamiento se enfoca en trabajar con las familias y ver cómo se puede crear el menor daño y trauma posible".
Una cosa que Berns notaba frecuentemente era cómo la mayoría de las familias que entraban al sistema de bienestar infantil también eran pobres.
"No es que la pobreza cause abuso y maltrato, pero el hecho de que las familias no tengan suficientes recursos económicos implica que no puedan manejar crisis de la misma manera que un hogar de clase media", señaló. "Para mantener niños fuera del cuidado temporal, no puedes solamente implementar planes de seguridad, también tienes que tratar los problemas reales de la pobreza".
Cuando los trabajadores sociales se enfocaron en crear planes con las familias, encontraron que un cambio positivo suele crear un efecto dominó. Si, por ejemplo, trataban el tema de vivienda y ayudaban con el cuidado de los niños, la gente podía trabajar más y encontrar modo de transporte.
El Condado Colorado ve a la pobreza como raíz del descuido y negligencia.
"Jamás queremos que un niño sea removido de sus padres a raíz de la pobreza", dijo Cheryl Schnell, directora de Servicios para Adultos y Familias del Condado El Paso, el cual opera bajo el Departamento de Servicios Humanos.
La idea también era evitar los costos que suelen venir después: adultos con problemas de adicción a largo plazo y altos costos médicos, menores bajo el cuidado temporal de terceros y en el sistema judicial juvenil.
"Si invertimos en cosas que previenen estos resultados horribles, no sólo cuesta menos, sino que de esta manera las familias mismas pueden empezar a contribuir al sistema", dijo Berns.
Conforme miles de personas dejaron de requerir asistencia social del condado durante los primeros cinco años, los cambios obtuvieron apoyo bipartidista.
El Condado Pima solía tener un programa similar pero no duró mucho tiempo, dijo Chris Swenson-Smith, ex directora de la Sección de Servicios Infantiles y Familiares en la corte juvenil local.
Familias elegibles o aquellas que ya estaban recibiendo asistencia monetaria también recibían servicios intensivos de prevención. El programa, Conexiones Familiares, era liderado por el Departamento de Seguridad Económica del estado e incluía colaboradores del DCS, Medicaid, TANF y formación profesional.
El estado dejó de financiarlo en el 2009.
Traducción por Perla Trevizo