Casi un año después de su detención al intentar regresar a Estados Unidos a los 45 minutos de haber salido e incluso después de que un juez le concediera la cancelación de la deportación, el tucsonense Carlos Martínez sigue bajo detención migratoria en Eloy. Y, además, contagiado de coronavirus.
Una apelación presentada con un día de retraso por la fiscal del ICE sobre la decisión del juez es lo que mantiene detenido a Carlos, uno de los primeros jóvenes en obtener DACA en 2012.
La Arizona Dream Act Coalition (ADAC), organización con base en Phoenix que aboga por los derechos de los “soñadores”, inició el lunes 6 de julio una campaña para presionar al ICE por la salida de Carlos.
“Es tiempo de levantar la voz para decirle al pueblo que no podemos voltear la mirada e ignorar lo que pasa”, dijo Karina Ruiz, directora ejecutiva de la ADAC. “Nos están dejando morir, porque no tienen (en esos centros) las medidas esenciales para estar salubres ni mantener la distancia social”.
La coalición sostuvo el lunes una sesión informativa en Facebook Live sobre el caso de Carlos y pidió a la comunidad que simpatice con su causa que haga llamadas telefónicas a las oficinas del ICE solicitando su liberación inmediata. El principal objetivo es que Carlos termine de recuperarse del COVID-19 en su casa en Tucsón, con sus padres.
La situación ha sido desesperante y frustrante, dijo en entrevista la abogada tucsonense Claudia Arévalo, quien representa a Carlos.
“Ya basta, ya no más", dijo Arévalo. "Ya Carlos está muy cansado, sus padres están cansados. Hemos hecho todo lo que la ley permite, y encima Carlos tiene el COVID-19”.
Hasta el 21 de junio, el ICE informó que 191 detenidos en las instalaciones del Centro de Detención de Eloy dieron positivo y estaban siendo monitoreados, además de más de 100 empleados de ese centro operado por una empresa privada.
EL JUICIO
El proceso legal de Carlos ha sido intenso.
Al principio, narró Arévalo, Carlos estaba pidiendo asilo en Estados Unidos. Después, él y su abogada decidieron que solicitar la cancelación de la deportación era una mejor opción; un triunfo vendría acompañado de la residencia permanente.
El caso de Carlos Martínez, quien perdió el derecho a DACA cuando salió por unos minutos del país sin autorización en agosto de 2019, fue expuesto por el senador Dick Durbin en el Congreso de Estados Unidos. Martínez sigue detenido en Eloy, donde se contagió de coronavirus.
Carlos rechazó la inusual opción de salida voluntaria que la fiscalía del ICE ofreció en noviembre por su excelente historial en este país, dijo Arévalo. La salida voluntaria implicaba ser devuelto a México sin un récord de deportación.
Pero aun entonces, Carlos ya se sentía decepcionado, ansioso y deprimido por el encierro, narró la abogada. Incluso le pidió a Arévalo detener el proceso y pedir su deportación a México. Era el mes de noviembre.
Tras conocer la historia y cualidades de Carlos -su talento para la ingeniería en cómputo, carrera en la que tiene una maestría por la Universidad de Arizona y con la cual llegó a trabajar en IBM; sus contribuciones a la comunidad a través de su apoyo e instrucción a otros jóvenes; el soporte a su familia y su historial limpio en casi 30 años viviendo en Estados Unidos- el juez lo animó a continuar el proceso.
Carlos Martínez se mudó a San Francisco en 2013 para trabajar con IBM.
Así llegó la Navidad y comenzó el 2020. Arévalo presentó en dos ocasiones la solicitud de libertad condicional humanitaria debido al deterioro emocional de su cliente, pero le fue negada. Una tercera petición presentada hace unas semanas por el contagio de coronavirus sigue pendiente de respuesta.
La solicitud ante el juez de la cancelación de deportación se realizó bajo el argumento del impacto y dolor extremo que causaría a los padres de Carlos su salida definitiva del país, explicó Arévalo.
En una corte en enero, Arévalo y la familia de Carlos llevaron a una psicóloga que realizó un análisis clínico del impacto que la posible deportación de Carlos tendría en su madre de 64 años, Sylvia Baldenegro. “Hicimos el estudio solo con la mamá, no con el papá, por falta de recursos”, dijo la abogada.
Al fin de esa sesión, el juez pidió escuchar el testimonio de Carlos y los citó para el 3 de febrero de 2020 en la corte migratoria de Eloy.
“Fue un testimonio precioso” de cómo llegó con sus padres a este país a los 9 años, de sus logros en la ingeniería, incluyendo los nueve exámenes rigurosos que pasó hace un par de años en un intenso proceso de contratación con Google que al final se vio frustrado, dijo Arévalo. “Habló de sus padres, que son personas humildes y trabajadores, y de cómo se han apoyado entre sí”.
Ante una audiencia que incluía a familiares y amigos de Carlos, el juez determinó que Carlos merecía la cancelación de la deportación.
“Lo declaro residente permanente de los Estados Unidos, porque se lo merece”, recuerda Salvador Martínez, padre de Carlos, que el juez le dijo a su hijo.
Pero la celebración duró pocos minutos.
La fiscal del ICE anunció su intención de apelar la decisión del juez, porque consideró que el juicio se basó mucho en el testimonio de Carlos y no en el argumento del fuerte impacto que la deportación causaría en sus padres.
“La fiscal estuvo siempre ahí, le pudo hacer a la familia de Carlos las preguntas que quisiera”, dijo Arévalo.
La apelación, sin embargo, se presentó un día tarde, el 12 de junio en lugar del 11 de junio, que era la fecha determinada.
El Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) solicitó a la Junta de Apelaciones Migratorias (Board of Immigration Appeals) aceptar el retraso de su impugnación en el caso de Carlos Martínez, soñador detenido en Eloy desde agosto de 2019 y ahora contagiado de COVID-19.
A través de una moción para aceptar el retraso presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), la fiscal del ICE explicó que el error se debió a que tenía otra apelación más que presentar al día siguiente e involuntariamente confundió las fechas. En cuanto se dio cuenta de su error, un día después, pidió a la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals) que aceptara su moción.
Documento en el que Board of Immigrations Appeal acepta revisar la apelación que la fiscal del ICE presentó con un día de retraso impugnando la cancelación de deportación que un juez había conceddido a Carlos Martínez.
“Para mí no es un buen motivo el que se presentó”, dijo Arévalo sobre el retraso en la apelación del ICE. “Y con los abogados, ellos (en el Board of Immigration Appeals) tienen una política de cero tolerancia. A nosotros nos niegan todo, especialmente en esta administración”.
El Board of Immigration Appeals aceptó el 30 de junio la moción para la presentación tardía de la apelación del ICE. Ahora será revisada.
PRESIÓN AL ICE
Karina Ruiz, de Arizona Dream Act Coalition, dijo que esta semana se dedicarán a promover las llamadas al ICE pidiendo la liberación de Carlos y de otros detenidos que pudieran estar en las mismas condiciones de vulnerabilidad en términos de salud.
Ruiz dijo que el mensaje de quienes deseen apoyar esta campaña debe ser dirigido a Jesse Williams, director de campo del ICE, marcando al (602) 766-7030, opción 1 y opción 9.
“Sabemos que esas tácticas funcionaban bajo (la administración de) Obama; hacíamos campañas y la administración respondía”, dijo Ruiz. “Ahora estamos en una era muy difícil, pero no por eso podemos parar la presión y dejar de hacer pública la falta de respuesta del ICE”.
Si las llamadas no tienen un efecto favorable, “vamos a continuar poniendo presión después de esa semana”, dijo Ruiz. “Si la presión tiene que escalar, lo haremos”.
No solo se trata de Carlos, dijo Ruiz. “Son muchas personas que han sido contagiadas en estos campos de concentración”, como llama a los centros de detención migratoria.
UN POCO MEJOR
Salvador Martínez, el padre de Carlos, dijo que su hijo pasó 19 días aislado en una celda debido al contagio del coronavirus.
“Nomás le estaban dando dos Tylenol en la mañana y dos en la tarde, y lo tenían aislado en una celda. Ahí le llevaban la comida”, dijo Martínez. Añadió que su hijo está mejor, “pero no del todo bien. Y moralmente está destrozado”.
Dijo que "después de verlo crecer, de lo mucho que luchó, de lo inteligente que es, de sus grandes logros, y ahora ver que la suerte no ha estado a favor de él, es un dolor que no se puede describir como padre”.
Y concluyó Martínez: “La fiscal se equivocó por un día y mi hijo se equivocó por 45 minutos”.
La medida incluye a ciudadanos mexicanos que viven en Arizona y entra en vigor el 4 de julio, cuando se esperaba la presencia de un gran número de visitantes, tal como sucedió en el fin de semana de Memorial Day.
