El lunes bailan las promotoras.
Un grupo de mujeres de diferentes edades se reúne en un patio adoquinado. Algunas de ellas visten ropa informal, otras tienen faldas coloridas y sueltas. Dirigidas por una integrante del grupo, que trabaja como instructora de Zumba, las mujeres dan vueltas y vueltas al unísono, con los pies en punta, mientras aprenden baile folclórico y, lo que es más importante, mientras se sanan.
Todas las mujeres reunidas son sobrevivientes de violencia doméstica que han pasado por el programa Promotoras Rompiendo Cadenas, promovido por el YWCA del Sur de Arizona.
Las mujeres hispanas tienen un mayor riesgo de sufrir violencia de género debido a una variedad de factores culturales e institucionales. Una de cada tres mujeres latinas informa haber experimentado violencia física por parte de una pareja íntima en su vida, según la Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables.
La investigación de los Centros para el Control de Enfermedades ha demostrado que una de cada 12 latinas experimentó este tipo de violencia en los últimos 12 meses. El 63.1% de las mujeres hispanas que reconocieron haber sido victimizadas en su vida informaron haber experimentado más de una victimización, según un estudio sobre agresión sexual entre mujeres latinas realizado por la Oficina de Programas de Justicia.
El programa de Promotoras es uno de los constantes esfuerzos emprendidos dentro de la comunidad para involucrar y apoyar a mujeres de habla hispana sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. También busca brindarles acceso a los servicios, ya sea en la búsqueda de justicia o recibiendo las herramientas que necesitan para sanarse.
“Sabemos que el conocimiento es poder”
En los últimos años, estos esfuerzos se han incrementado sustancialmente gracias a algunos fondos de subvenciones federales.
En 2019, el Condado Pima recibió $2 millones como parte de un programa denominado SAKI, por sus siglas en inglés. Esta es una iniciativa que hace parte de la Oficina de Asuntos de Justicia y tiene como objetivo crear una respuesta comunitaria coordinada que garantice una resolución justa a los casos de agresión sexual. Una parte de los fondos se destinó a abordar la disparidad en la respuesta para las personas en comunidades desatendidas, incluidos los hispanohablantes y las personas que se identifican como LGBTQ+.
Tres de los cuatro defensores de víctimas de la Oficina del Fiscal del Condado Pima asignados al equipo de SAKI son hispanohablantes y trabajan en estrecha colaboración con el detective del TPD, Steven Acevedo, en la unidad de agresión sexual de adultos. Desde allí notifican a las víctimas sobre el estado de sus casos como resultado de las pruebas.
El cargo de Acevedo fue posible gracias a una subvención de 2018 de la Oficina de Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia para aumentar la competencia bilingüe entre los investigadores, las enfermeras encargadas de atender casos de de agresión sexual y las organizaciones de servicio comunitario. La subvención de $747,000 también financió la contratación de una detective de policía bilingüe en la unidad de violencia doméstica, Ely Badilla.
Estos defensores y detectives bilingües trabajan en estrecha colaboración con el programa de Promotoras, el Centro Contra la Agresión Sexual del Sur de Arizona y el Consulado de México para ayudar a las víctimas de habla hispana, independientemente de cuál sea su ciudadanía.
Antes de hacer parte del equipo de SAKI, las defensoras Andrea Enciso, Ileana Lizárraga y Maricela Savalas trabajaron en la Oficina del Fiscal del Condado durante años. Comentan que los esfuerzos de colaboración en este tema comenzaron mucho antes de la subvención.
El mayor desafío ha sido ayudar a las víctimas a superar la “brecha de confianza” en la aplicación de la ley, dijo Enciso, defensora principal del equipo.
La confianza de la comunidad de habla hispana en la aplicación de la ley estaba débil por varias razones, sobre todo por la manera en que, a lo largo de la historia, la ciudad ha aplicado la ley. Sin embargo, como afirmó Lizárraga, en los últimos años el TPD ha hecho esfueros por replantearse y reconstruir su relación con los hispanohablantes.
“Creo que se ha estado haciendo un trabajo increíble en la construcción de esa conexión y esa confianza con los sobrevivientes”, dijo Lizárraga. “Y lo han estado haciendo justamente estando presentes en nuestra comunidad”.
Las defensoras se proponen acercarse a las víctimas cuanto antes, de modo que puedan darles a conocer el proceso que adelantan y resaltar la confidencialidad que representa el ejercicio de sus funciones. Incluso, si la víctima decide no seguir adelante con el juicio, las defensoras brindan apoyo para tratar de eliminar parte del miedo que se presenta mientras se navega por el propio camino hacia la recuperación, dijo Lizárraga.
Las defensoras están familiarizadas con las diversas luchas que podría enfrentar una víctima, y pueden ayudar a describir y a traducir cualquier formulario que no esté disponible en español, que desafortunadamente son la mayoría.
También están preparadas para apoyar en asuntos problemáticos como definir la situación migratoria o solicitar visas U –están destinadas a víctimas de ciertos delitos, con el valor adicional de ayudar en procesos como la investigación o el enjuiciamiento–. Aún así, en temas relevantes como la asistencia bilingüe, todavía existen barreras, dijo Enciso. El tiempo de espera para una visa U es considerable y, debido a que solo se asigna una cierta cantidad cada año, siempre hay un retraso.
En este contexto, las defensoras también tienen que explicarle a muchas de las víctimas las diferencias entre el sistema de justicia penal en Estados Unidos y en sus países de origen. Contrario al sistema en Estados Unidos, en otros países el sistema se centra en la idea de culpabilidad hasta que se demuestre su inocencia. Con todo esto, si una víctima ha tenido antes una mala experiencia con la aplicación de la ley en otro país, es menos probable que busque ayuda en este país.
“Ayuda cuando tienes un soporte”, dijo Enciso. “Es mucho más fácil si alguien sabe a su lado hay una persona que realmente le defenderá. Queremos capacitar a las personas para que accedan a los recursos que tienen, pero también para ser conscientes de que nos estamos acercando a un sistema sobre el que definitivamente no tienen ni idea de cómo navegar. Por eso, es posible que tengamos que sostenerles la mano un poco más”.
Lizárraga dijo que si bien muchas víctimas no quieren adelantar un juicio, en casos de agresión sexual sin resolver, la notificación a las fuerzas del orden público es un componente clave en el camino de la víctima hacia la sanación. Para las víctimas cuyos kits de evidencias de agresión sexual fueron parte de un retraso en las pruebas, las disculpas que reciben de las fuerzas del orden público por el manejo inicial del caso es un primer paso importante, al igual que hacerles saber que los recursos y el apoyo aún están disponibles. “Esa disculpa es algo enorme y poderoso”, dijo.
Andrea Enciso, izquierda, Ileana Lizárraga, centro, y Maricela Savalas, defensoras de víctimas en la Oficina del Fiscal del Condado Pima, con el Sargento de Policía de Tucsón, Steve Acevedo. Una parte de la subvención SAKI se ha destinado a abordar las disparidades en las comunidades desatendidas y que no reciben información suficiente, como las comunidades de habla hispana y LGBTQ+.
Si la víctima quiere adelantar un juicio después de la notificación, un detective realizará una segunda entrevista y se reabrirá el caso.
Para los casos activos, el contacto inicial con la víctima es clave para desarrollar una buena relación. El equipo tiene como objetivo que las víctimas se reúnan y trabajen con cada defensora para que se sientan cómodas con quien esté disponible.
Savalas mencionó que el alcance del programa hoy tiene que ver con una mayor colaboración del Departamento de Policía de Tucsón (TPD, por sus siglas en inglés) al involucrarse antes en los casos.
“Puede decirlo con tus palabras, pero si tus intenciones no coinciden, no será un programa exitoso ni tendrá una conexión con la comunidad”, dijo Enciso. “Esto va más allá de ser un serviciobilingüe. Se trata de ser bicultural y estar dispuesto a aprender”.
“Es necesario que el compromiso sea real”
El detective Acevedo, quien creció en el lado oeste de Tucsón y ha estado con TPD desde 2005, dijo que el departamento reconoció hace varios años que había una brecha en su capacidad de respuesta e investigación de casos que involucran a hispanohablantes. mientras que adelantaba un enfoque centrado en las víctimas.
Cuando Acevedo se trasladó a su puesto actual en enero de 2019, dijo que le dieron una corta licencia creativa para considerar las implicaciones y características de su trabajo. La curva de aprendizaje fue empinada al principio, pues trató de absorber rápidamente información sobre las leyes que involucran delitos sexuales y sobre lo que significa investigar con un enfoque centrado en la víctima y en el contexto cultural de la comunidad hispana.
Su primer caso tuvo que ver con la historia de una mujer que estaba siendo acosada sexualmente por su empleador, pero ella se mostraba reacia a acudir a la policía.
Mencionó que su reticencia se debía en parte al historial de las fuerzas de orden público locales frente a la aplicación de la ley estatal SB1070, la cual requería que la policía local verificara el estado migratorio de cualquier persona a la que detuvieran si sospechaban que podría estar en el país ilegalmente.
Esta mujer también estaba preocupada por la fuerza de ataque fronterizo del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, que generó temores de deportación, y por la retórica política sobre la construcción del muro fronterizo, dijo.
El hecho de que la policía de Tucsón estuviera al día con el cumplimiento de leyes como la SB1070 representó un daño sustancial en su relación con la comunidad hispana, dijo Acevedo.
Por el contrario, instituciones como la YWCA, el consulado mexicano y otros grupos comunitarios ya se habían consolidado como proveedores confiables y estaban recibiendo informes de víctimas de violencia doméstica. La mejora en la comunicación de la policía con estos grupos ha sido fundamental.
También han sido positivos los esfuerzos del TPD por asegurarle a las víctimas que el estatus migratorio no representa un problema cuando eres víctima de un crimen, dijo Acevedo.
Desde hace años, TPD tiene una política en vigor: no preguntar a las víctimas de delitos sobre su estado migratorio.
En principio, las sobrevivientes reciben atención en la Clínica del Alma, luego son remitidas a un hospital, pero Acevedo espera crear protocolos para permitir que la policía y las defensoras se encuentren con ellas en esa clínica. La tercera iniciativa consiste en mejorar las comunicaciones estratégicas en español en las redes sociales y en otros espacios, para propagar la voz sobre los servicios ofrecidos para las y los sobrevivientes.
“Debe haber un compromiso real para sostener todo esto”, dijo Acevedo sobre los esfuerzos financiados con subvenciones. “Primero, porque es lo correcto. En segundo lugar, la demografía está cambiando y, en tercer lugar, si no hay una continuidad, en unos años estaremos volviendo a este punto”.
“Tenemos las experiencias de la vida”
Imelda Esquer inició el programa de promotoras de la YWCA en 2016, después de experimentar una situación de violencia doméstica años atrás.
Esquer dijo que fue a una agencia de servicios sociales en busca de ayuda y recibió una buena referencia de un centro dedicado a ayudar a víctimas como ella.
Años más tarde, mientras estudiaba para obtener su título en Pima Community College, Esquer decidió crear un programa para ayudar a latinas desatendidas que experimentan violencia de género. Le llevó su idea a la entonces directora Alma Jaramillo, quien la apoyó de inmediato y le ayudó a trazarse metas claras.
Mientras preparaba el lanzamiento del programa, Esquer se encontró con una mujer que conoció años atrás en un grupo de apoyo en el Centro Emerge contra la Violencia Doméstica de Tucsón. Aunque no habían hablado antes, se reconocieron de inmediato.
“Empezamos a trabajar juntas, ahora somos las mejores amigas y tenemos el mismo objetivo: ofrecerle algo a la comunidad”, dijo Esquer. “No somos expertas. No tenemos títulos académicos y eso nos hace únicas: tenemos las experiencias de la vida”.
El programa de capacitación en español de un año de duración es para mujeres que desean convertirse en defensoras de otras mujeres que puedan estar experimentando violencia de género.
El programa reconoce que las personas se comportan de manera diferente en respuesta a experiencias traumáticas y que tratar a los sobrevivientes con amabilidad y respeto, y darles opciones, es clave en su recuperación. Por el programa han pasado cientos de mujeres en los últimos cinco años, muchas de ellas indocumentadas.
Esquer dijo que las promotoras son las expertas en lo que respecta a sus necesidades como sobrevivientes y como latinas.
Una de las mayores necesidades que tienen en este momento, dijo, es recibier algún tipo de asesoría para mujeres indocumentadas. Dado que Esquer misma experimentó esta situación, dice que el hecho de haber estado indocumentada durante años, fue la principal razón por la que se quedó con su abusador.
“Por eso entiendo a estas mujeres”, dijo Esquer. “Porque es muy fácil dar soluciones cuando no has estado ahí. Las respeto mucho y valoro la lucha que enfrentan porque es muy, muy real. Nadie quiere pasar por esto”.
Aún hoy, después de varios años, Esquer se emociona al hablar de lo que pasó. Dijo que las mujeres indocumentadas experimentan dos tipos de violencia cuando son víctimas de un ataque de género. Está la violencia personal del ataque, seguida por la violencia institucional que se manifiesta en la dificultad de superar las barreras que impone el sistema, dijo.
Sin acceso a vivienda, transporte, consejería u otros tipos de apoyo, una mujer indocumentada se enfrenta con una puerta cerrada a los servicios, dijo Esquer.
A principios de este año, ella misma les preguntó a las promotoras cómo se sanaban, además de valerse del apoyo de espacios como la consejería o la terapia. Las respuestas incluyeron acciones como la jardinería, caminatas, cocinar y bailar. Entonces Esquer se propuso generar actividades como estas para ellas.
El grupo folclórico se presentará en diciembre en la celebración del aniversario número 75 de la YWCA.
La salida creativa que brindan estas actividades les devuelve a las sobrevivientes algo de lo que sus abusadores les quitaron. Después de salir de una situación en la que siempre había otra persona que llevaba el control violento, “es importante que estas mujeres tengan sus propias voces”, dijo Esquer.
“Mucho más de lo que podríamos hacer”
Aunque aún no está claro el efecto general que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre la violencia de género, las llamadas a una de las líneas de crisis por agresión sexual de Tucsón se han mantenido en todo momento.
Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, el Centro contra la agresión sexual del sur de Arizona recibió 1.034 llamadas anónimas o hechas por primera vez a su línea de crisis bilingüe. Para el año fiscal 2021, los datos más recientes muestran que se realizaron 704 llamadas entre octubre de 2020 y junio de 2021.
SACASA no rastrea los idiomas de las personas que llaman, pero la supervisora Katlyn Monje dijo que trabaja regularmente con víctimas de habla hispana a través de respuestas de crisis en persona y llamadas a la línea de crisis.
Los servicios de la agencia están disponibles para todas las sobrevivientes y para sobrevivientes secundarios como amigos, familiares y compañeros, independientemente de su estado migratorio.
A principios de este año, SACASA lanzó un grupo de apoyo en español semanal que ha ido ganando mucho impulso. El grupo está dirigido a personas que buscan recuperar el control sobre sí mismas y su entorno mediante el desarrollo de habilidades para hacerle frente a lo sucedido, dijo Monje.
Evidentemente, la pandemia ha planteado desafíos para los servicios en persona, en especial las sesiones grupales que ahora se llevan a cabo de manera virtual. La oficina de SACASA, ubicada en 1600 N. Country Club Road, está abierta para prestar servicios sin cita previa, incluidos exámenes médicos forenses.
A diferencia de otras agencias, todos los documentos de SACASA tiene versiones en español. Allí se incluyen los trámites que deben seguir las sobrevivientes, incluido su manual completo que cubre los recursos y cómo denunciar una agresión sexual.
Las defensoras de SACASA se reúnen con las víctimas en hospitales, estaciones de policía o donde ellas elijan, y las acompañan mientras presentan un informe a las fuerzas del orden público o asisten a las audiencias judiciales.
“Nuestras defensoras responden prácticamente en cualquier lugar del Condado Pima, por lo tanto, podemos estar en donde sea más cómodo o cercano para la sobreviviente”, dijo Monje.
Sea lo que sea, responderemos e intentaremos llegar hasta allá en lugar de hacer que esta persona encuentre su camino hacia nosotras”. Además, la comunicación de las defensoras de SACASA con las sobrevivientes es confidencial, del mismo modo que lo hacen los defensores de la Oficina del Fiscal del Condado.
“Quiero agradecer a SACASA por todo el apoyo que me ha brindado para superar aspectos de mi vida personal a través de terapias y grupos de apoyo. Eso realmente ha cambiado mi perspectiva de la vida”, dijo un sobreviviente. “Dios bendiga a todo el personal que ahí labora, por todas las atenciones, cuidados y seguimiento”.