El jueves de la semana pasada, unas horas después de que surgiera la noticia de la Corte Suprema que impactó a millones de inmigrantes indocumentados, Silvia Herrera estaba en el taller semanal sobre ciudadanía en la cafetería de Pueblo Magnet High School. Estaba ayudando a Magda Hoskins a llenar la complicada solicitud de 20 páginas.
“Hago esto con el corazón”, dijo Herrera. Pero su corazón llevaba un gran peso ese día.
Una Corte Suprema divida en partes iguales dejó en pie el fallo de un tribunal de apelaciones en contra del plan de expansión migratoria presentado en 2014 por el presidente Obama, el cual protegería de la deportación hasta a 4 millones de inmigrantes indocumentados que no tienen historial delictivo y les permitiría trabajar legalmente en el país.
La acción ejecutiva, llamada Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Americanos y de Residentes Legales Permanentes, o DAPA, beneficiaría a los papás de hijos estadounidenses y de residentes permanentes legales.
Herrera esperaba reunir los requisitos para el programa. Pero como consecuencia del abandono de parte de las cortes y el Congreso, esta esposa y madre de dos hijos quedó desilusionada, frustrada y llena de incertidumbre.
“Rompí en llanto cuando escuché las noticias”, dijo Herrera, de 41 años, quien ha vivido en Tucsón con su esposo durante 18 años. “¿Qué va a pasar?”.
Esa es la pregunta de millones de personas trabajadoras que vinieron a este país a apoyar nuestra economía, a criar a sus familias y darles educación y oportunidades. Este país la seguirá castigando a ella con la amenaza de la deportación y la separación de su familia.
“No pertenezco a México. Aquí trabajamos. Pagamos impuestos, aunque la gente piense que no los pagamos”, dijo Herrera. “No podemos hacer planes para el futuro como la demás gente, porque nuestro futuro está en otras manos”.
Ella y su esposo vinieron de Ciudad Obregón a Tucsón. Allá, ambos trabajaban en una fábrica ganando muy poco y batallando en una economía desacelerada.
La pareja y su hija vinieron a Tucsón con su cuñado, que vivía aquí. Su esposo encontró trabajo como albañil y ella como cocinera en un restaurante.
“Aquí somos pobres, pero allá éramos muy pobres”, dijo Herrera.
Ahora, su esposo y su cuñado tienen su propio negocio de albañilería. Viven en una casa manufacturada propia y tienen tres carros. Los Herrera tienen un hijo preparatoriano de 15 años nacido aquí. Su hija de 18 años, quien hace poco graduó como asistente de enfermera, es una Soñadora. Está protegida por el programa del 2012 que evita la deportación a jóvenes indocumentados y les permite trabajar legalmente. El programa, llamado DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, no fue afectado por el impasse de la corte.
“A pesar de que ha sido difícil, hemos vivido una vida digna”, dijo.
Aunque la incertidumbre seguirá preocupando a la familia Herrera, Silvia Herrera sigue comprometida con ayudar a otros a lograr su objetivo de convertirse en ciudadanos norteamericanos.
Durante los pasados 18 meses, Herrera ha trabajado largas horas como voluntaria en Keep Tucson Together, un grupo comunitario en defensa de los inmigrantes y sus familias. Todos los jueves por la tarde en Pueblo High School, Herrera y otros voluntarios, incluyendo abogados, asesoran y guían a tucsonenses sobre cómo llenar las solicitudes para la ciudadanía y para DACA y los ayudan a pasar el examen de ciudadanía.
Herrera dice que entre más inmigrantes se hagan ciudadanos, su situación tiene el potencial de mejorar. Dice que el fracaso del Congreso para aprobar una reforma migratoria integral y la detención del programa DAPA de Obama hacen que la elección de noviembre sea aún más crítica.
“Cada persona a la que ayudo con su ciudadanía es un nuevo elector”, dijo.
Como Consuelo Lemus. Ella y su esposo, Erasmo Lemus, llegaron con un chocoflan para Herrera en muestra de su sentido agradecimiento por la ayuda que les brindó Herrera para que Consuelo aprobara el examen de ciudadanía.
“Estamos agradecidos con ella”, dijo Erasmo Lemus, gerente de un restaurante, ciudadano norteamericano y votante registrado. Su esposa hará su juramento como ciudadana el 8 de julio y también se registrará para votar.
Herrera dice que ella promueve la participación civil total. A las personas a las que ayuda les dice que es su responsabilidad ayudar a otros.
“Les digo que si quieren hacer algo por mí y por mi hija, que tienen que votar”, dijo Herrera.
