Para la legislatura estatal controlada por los republicanos, todo se trata nuevamente de la ley SB 1070.
Hace seis años, los legisladores republicanos aprobaron una de las leyes más severas de la nación contra los inmigrantes indocumentados.
La entonces gobernadora Jan Brewer, republicana también, firmó la ley, desencadenando una tormenta de controversia, reacciones nacionales e internacionales y el posterior rechazo de las cortes federales, que eliminaron la mayoría de las disposiciones.
Eso le costó al estado mucho dinero en litigios y la pérdida de prestigio. Pero todo eso no parece importarle a la cosecha actual de legisladores republicanos que impulsan varias propuestas de ley que costarían más dinero a los contribuyentes, criminalizarían a los inmigrantes y estropearían los esfuerzos de reasentamiento de refugiados en Arizona, dijeron una coalición comunitaria y grupos de inmigrantes y de fe en una conferencia de prensa conjunta la semana pasada en la Iglesia Presbiteriana del Sur.
Los participantes también pidieron apoyo para la caminata de protesta que realizaron el miércoles 23 de marzo al Capitolio del estado.
La legislación propuesta, dijo el reverendo Bart Smith, pastor de la Iglesia Presbiteriana San Marco, propagará el miedo y la xenofobia.
Uno de los proyectos de ley propuestos, SB 1377, el cual fue aprobado por un comité de la Cámara de Diputados el jueves 17 de marzo, impondría sentencias obligatorias a los inmigrantes indocumentados que cometieran un delito grave. La libertad condicional y la deportación adelantada quedarían prohibidas en su caso.
Para mucha gente eso está bien. Enciérrenlos. Es más, seamos más duros con la gente que está aquí sin autorización. Pero una política de sentencia igual para todos es inefectiva. Ya lo hemos hecho antes. Además, costaría muchos billetes verdes.
Una mayor tipificación de delitos representa más camas en prisión. Y en este estado, en el que la industria de las cárceles privadas ha sido financieramente amable con los legisladores republicanos, la legislatura estaría más que dispuesta a aprobar más recursos para las prisiones.
“Está en camino una oleada de legislaciones erradas”, dijo Matthew Lowen, director asociado del Comité de Servicio de Amigos Norteamericanos (American Friends Service Committee), el cual ha abogado por reformar las políticas de encarcelación y ha investigado la creciente influencia de la industria de cárceles privadas en Arizona.
Otra propuesta de ley está dirigida a los refugiados del Medio Oriente que huyen de la horrorosa violencia y persecución y que se han reubicado en nuestro estado.
La Legislatura republicana quiere imponer una carga financiera a las organizaciones caritativas que patrocinan a los refugiados para hacer económicamente imposible que ayuden a estas personas traumatizadas que han cruzado mares y países en busca de su seguridad.
Howard Fischer, de Capitol Media Services, informó la semana pasada que el Comité Judicial de la Cámara de Diputados votó a favor de la ley SB 1452 y que podría estar en camino al escritorio del Gobernador. Esta ley haría responsables a las organizaciones que ayudan a la reubicación de refugiados en caso de que alguno de ellos cometa un delito durante sus primeros cinco años de estancia aquí. Incluso, las organizaciones caritativas tendrían que gastar 25 millones de dólares en seguros de responsabilidad o enfrentarían grandes multas.
Un tercer proyecto de ley, la HB 2451, ordenaría que los inmigrantes indocumentados condenados cumplieran su sentencia completa antes de que el Departamento de Correcciones los envíe a Inmigración y Control de Aduanas para su deportación. Esto, por supuesto, significa más camas en las prisiones.
Esta propuesta está a la espera de la aprobación en el Senado, y si se vota a favor, también aterrizará en el escritorio del gobernador republicano Doug Ducey.
Estos proyectos de ley y otros dos más son legislaciones que se oyen bien, pero hay conexiones oscuras entre ellas.
“Es el rostro continuado de legislaciones antihumanas”, dijo Isabel García, abogada local que representa a la Coalición de Derechos Humanos.
La Legislatura está “obsesionada” con encontrar caminos para ir tras los refugiados y los indocumentados. No le interesa el bienestar económico y educativo del estado, el cual representa “la verdadera seguridad”, dijo.
Arizona abrió camino a este tipo de legislaciones con la SB 1070. Antes de eso, los autoproclamados vigilantes de la frontera vinieron al estado, trayendo sus armas y su retórica nativista.
Ahora es un asunto nacional.
Donald Trump, quien tuvo un acto de campaña en Tucsón el 19 de marzo y sonó mucho como el desacreditado líder de los Minuteman Chris Simcox, es el candidato republicano que va a la delantera en la contienda presidencial de su partido. Y detrás de él está el senador por Texas Ted Cruz, quien también estuvo en el sur de Arizona un día antes y quien ha levantado su candidatura utilizando a los extranjeros como chivos expiatorios.
Pero no tiene por qué ser así, dijo la reverenda Ailsa Guardiola González, pastora de First Christian Church (Primera Iglesia Cristiana). Los legisladores republicanos podrían hacerlo mejor, agregó.
“Necesitan ponerse de pie y ser valientes”, dijo.
