En Carolina del Norte, al menos dos grandes agencias de seguridad cambiaron sus procedimientos después de encontrar datos que mostraron que un número desproporcionado de personas de grupos minoritarios estaba siendo detenido por la policía por cosas como luces descompuestas o placas vencidas.
En el Condado Allegheny, en Pensilvania, los datos mostraron que tener un defensor público presente en las lecturas de cargos preliminares derivó en la reducción de los ingresos a la cárcel y la disminución de las disparidades raciales.
Los funcionarios del Condado Pima ahora esperan producir ideas similares al centralizar la información de varias agencias de justicia penal en un almacén de datos de justicia.
El lugar de almacenamiento incluirá un tablero con información para la ciudadanía e integrará bases de datos hasta ahora aisladas en cada agencia individual.
Eso proporcionará una imagen en tiempo real de lo que está sucediendo en el sistema de justicia del Condado Pima. Si bien el Departamento de Servicios de Justicia del condado actualmente puede proporcionar una imagen de quién está en la cárcel en un día determinado, no tiene información sobre la toma de decisiones que llevó a ese punto.
"¿Nuestra población carcelaria se ve de esta manera debido a los arrestos? ¿Es por quién es detenido o liberado en las audiencias iniciales? ¿Es por los tiempos de procesamiento de casos o porque estamos esperando en las camas para dar tratamiento?", dijo Kate Vesely, directora de Servicios de Justicia.
Además, muchas de las bases de datos existentes se desarrollaron hace años y no incluyen información que ayude a tomar decisiones sobre la reducción segura de la población carcelaria.
Reducir el exceso de encarcelamiento ha sido una meta para el Condado Pima durante sus siete años de participación en una iniciativa nacional para repensar la forma en que Estados Unidos usa las cárceles, llamado el Desafío de Seguridad y Justicia de la Fundación MacArthur.
La base de datos también ayudará al Condado Pima a cumplir con los requisitos futuros de la Comisión de Justicia Criminal de Arizona, que ha sido encargada por la Legislatura de crear una base de datos de justicia en todo el estado.
Otros condados y estados con sistemas similares de recopilación y análisis de datos han visto resultados positivos. Los residentes dicen que han podido navegar mejor por el sistema y las agencias han promulgado cambios basados en datos.
Ver más allá de la porción del sistema
El Condado Pima ahora tiene 10 bases de datos de justicia penal mantenidas por 10 agencias diferentes, 12 métodos para identificar individuos y nueve métodos para identificar casos. Esto significa que todos los datos de la agencia están separados y solo muestran una porción de todo el sistema, ya que ninguna agencia interactúa con cada persona que pasa por el sistema, según la propuesta de almacén presentada por Justice Services.
El almacén será mantenido por Justice Services, que está trabajando con el Departamento de Análisis y Gobierno de Datos del condado.
El primer paso en el proyecto de varias fases, que Vesely dijo que tardará varios años en completarse, es recuperar los datos locales generados a través de la participación en el Desafío de Seguridad y Justicia de la Fundación MacArthur.
Kate Vesely, directora de Servicios de Justicia del Condado Pima.
"Todos nuestros socios del sistema de justicia han estado presentando informes al Instituto de Gobiernos Estatales y Locales, los que hacen todos los informes de comparación de cárceles para los sitios de MacArthur en todo el país", dijo Vesely. "Pero nunca hubo un repositorio central local para el trabajo".
"Idealmente, (crearemos) un tablero interno en el que nuestros socios del sistema de justicia puedan decir: 'Oh, veo que esto es lo que sucede en mi pequeña esfera, pero mira lo que sucede cuando saltan a esta intersección o a esa intersección'", dijo.
Señaló el tablero de datos públicos del Departamento de Policía de Tucsón como un marcador a lograr.
"Lo usamos todo el tiempo. En este momento, estamos viendo cómo ha cambiado la población carcelaria este año y podemos comparar eso con las llamadas de servicio de TPD", dijo Vesely. "Cuanto más tengamos acceso a esos grupos de datos, podremos tomar decisiones informadas. ¿Realmente estamos viendo un aumento en los arrestos? ¿O realmente estamos viendo algo differente desarrollarse?"
Seguimiento del tratamiento, soporte
La segunda fase implicará el lanzamiento de la base de datos integrada altamente segura, que Vesely llamó una inversión a largo plazo.
"Recién ahora estamos comenzando a arañar la superficie sobre qué variables necesitamos monitorizar para medir el éxito" en los resultados de justicia, dijo, enumerando, como ejemplo, información sobre el uso de sustancias por parte de los acusados.
"Cuando construimos estos sistemas hace 10 o 20 años, no se habría ocurrido identificar la sustancia de elección. No se habría ocurrido saber cómo es su apoyo social (de los acusados). A medida que avancemos más en los datos que podemos monitorizar, creo que se convertirá en un lugar común para ver qué tipo de necesidades tiene esta persona y no solo seguir los resultados de la justicia, sino también los resultados del tratamiento".
Esto permitiría medir el éxito de los programas de tratamiento en diversas situaciones, lo que ayudaría a los socios del sistema de justicia a tomar decisiones mejor informadas sobre qué programas funcionan mejor para qué personas y dónde invertir dinero. Los proveedores de tratamiento también pueden participar en la recopilación de datos.
El sistema que el condado está pensando construir funciona con datos agregados. No permitirá el seguimiento de una persona individual a través del sistema, pero proporcionará información sobre grupos de personas arrestadas durante un cierto período de tiempo y los resultados en los casos, lo que permite un análisis a gran escala, dijo Vesely.
"Con un mayor acceso a los datos, nuestros socios del sistema de justicia no solo pueden usarlos para tomar decisiones que reducirán costos, mejorarán los resultados asociados con el sistema de justicia y, lo que es más importante, apoyarán la seguridad de la comunidad, sino que eventualmente será un gran recurso para que la comunidad tenga una mejor comprensión de lo que sucede en el sistema de justicia.", dijo. "A no solo mirar los datos, sino entender en contexto lo que significan. Sus dólares de impuestos lo están pagando, debe saber lo que su dinero está comprando".
La seguridad pública es objetivo clave
La División de Servicios Previos al Juicio del Condado Pima, que evalúa la elegibilidad de los acusados para la liberación, tiene datos sólidos disponibles, dijo Vesely.
Los datos se analizan "para asegurarnos de que nuestros programas sean eficientes", dijo Domingo Corona, director de servicios previos al juicio.
"Estamos analizando las necesidades de vivienda, el uso de sustancias, las necesidades de salud conductual", dijo. "No se trata solo de hacer las preguntas, sino de hacer las preguntas correctas y cómo capturamos esa información para poder analizarla más tarde".
Es importante saber si los programas están funcionando de manera efectiva para garantizar que las personas lleguen a la corte y que el público esté seguro, anotó Corona.
Los datos han demostrado que los recordatorios de fechas en los tribunales son una táctica eficaz para los sistemas previos al juicio. El condado Pima tiene una subvención a corto plazo para proporcionar teléfonos celulares a los detenidos para que puedan mantenerse en contacto con los servicios previos al juicio, los proveedores de tratamiento y cualquier otra persona que necesiten para tener éxito mientras se mueven a través del sistema.
"Si alguien no tiene un teléfono, ese sistema es inútil", dijo Corona. "Hemos hecho algunas revisiones internas y hay muchas personas sin teléfonos, especialmente personas que no tienen empleo o no tienen un lugar para vivir".
El condado Pima también está trabajando con la Comisión de Justicia Criminal de Arizona, que se encuentra en las primeras etapas de la creación de una base de datos estatal.
El director ejecutivo de la comisión, Andrew LeFevre, acredita a la Legislatura estatal por poner énfasis en desviar a las personas del sistema de justicia penal en los últimos años e invertir más en abordar el uso de sustancias y los problemas de salud mental.
Los legisladores también han estado buscando formas de proporcionar recursos adicionales a las personas que se reincorporan a la sociedad, dijo LeFevre.
Con 150 agencias de aplicación de la ley en el estado, 15 oficinas de fiscales del condado y docenas de fiscales y tribunales municipales, el proceso de la base de datos no será rápido. LeFevre estimó que tomará más de tres años y $5 millones para crear la base de datos. Pero tener todos los datos de justicia penal del estado en un solo lugar podría reducir las solicitudes de registros públicos a agencias individuales hasta en un 60%, dijo.
La base de datos también monitorizara los datos de las víctimas hasta cierto punto, incluido el uso de servicios de compensación a las víctimas, y LeFevre dice que es importante no olvidar que hay un costo para el crimen más allá de los sistemas utilizados para encarcelar a alguien.
"También hay un costo para la víctima", dijo. "¿Qué dicen los datos sobre contra quién se están cometiendo esos crímenes?"
