BACANUCHI, SON.— Una comezón insoportable despertó a Thelma Irene Moiza Ozuna a mitad de la noche. Cuando fue a lavarse las piernas la mañana siguiente, esperando calmar el ardor, las marcas rojas en su piel se habían extendido de los tobillos a los muslos. Siete años después, las reacciones alérgicas vienen y van, pero la comezón no se calma.
Moiza conecta los síntomas con la vez que cruzó a pie el Río Bacanuchi, mismo que lleva el nombre de su pueblo, para cuidar sus parcelas de cultivo. Habían pasado tan solo unas semanas desde el derrame minero del 6 de agosto de 2014, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre bajaron por la cuenca del Río Sonora desde Buenavista del Cobre —la segunda mina de cobre más grande del mundo, apenas 35 km al sur de la frontera con Arizona. El incidente contaminó el agua y suelos de más de 24,000 pobladores y es considerado el peor desastre ambiental en la historia moderna de la minería en México.
Al día de hoy, Moiza y miles de residentes río abajo, organizados a través de los Comités de Cuenca del Río Sonora, continúan demandando justicia para sus comunidades.
La minera tenía la obligación de asegurar la remediación de los daños ambientales, de salud y económicos a través de un fideicomiso de $2,000 millones de pesos, pero menos de tres años después del incidente y haciendo uso tan solo el 61% de los fondos, lo cerró sin consultar a los afectados — un movimiento que violó el derecho de las comunidades, concluyó la Suprema Corte de Justicia de México en enero del año pasado.
En atención a esta sentencia, el 22 y 23 de mayo se celebrará una reunión pública de información en el Museo Regional de Ures, comunicaron este lunes los Comités de Cuenca. El evento “es una oportunidad única para lograr la remediación y acabar con la impunidad”, anunció la organización.
Una línea pálida en el horizonte revela la nueva presa de relaves de la mina de cobre a cielo abierto más grande de México. El pueblo de Bacanuchi está justo debajo del área de impacto de la represa; en caso de accidente, podría ser arrastrado.
Donde todo empezó
Bacanuchi es una comunidad pequeña que vive de la agricultura, la ganadería y las remesas de familiares en Estados Unidos. Una amplia calle de terracería cruza el pueblo, conectando la iglesia, la plaza, las escuelas y la tienda. Al oeste corre el Río Bacanuchi, separando las casas de las parcelas donde se siembra chile, haba, maíz, cebada, y frutales. Hubo un tiempo en que su generoso caudal y verde ribera atrajeron turismo.
El pueblo está a menos de 40 km al sur de Cananea y la mina Buenavista del Cobre. Cuando el derrame ocurrió, fueron el primer pueblo en enterarse. Desde el arroyo Tinajas, bajaron a Bacanuchi alrededor de 700 toneladas de metales pesados, como cobre, arsénico, aluminio, fierro, cadmio, plomo, manganeso y cromo. De ahí, la contaminación siguió su curso hasta la desembocadura del Río Sonora, afectando alrededor de 270 km de ríos y arroyos.
Grupo México, quien opera la mina a través de una subsidiaria, dijo que el derrame fue producto de fuertes lluvias ese año. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reveló que Buenavista del Cobre fue responsable de 55 irregularidades. Entre otras cosas, evadió normas de manejo de residuos peligrosos y no instaló una válvula que pudo haber evitado el derrame. En 2015, la procuraduría multó a Grupo México con $22.9 millones de pesos — equivalente a $1.5 millones de dólares, de acuerdo con el cambio de moneda de aquel año.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también ordenó a la empresa crear el Fideicomiso Río Sonora. El fideicomiso operó mediante un comité técnico con miembros de la secretaría, miembros designados por Grupo México y Buenavista del Cobre, y miembros designados por acuerdo común.
El Río Bacanuchi riega los campos de los residentes de la ciudad y corre 64 millas antes de fusionarse con el Río Sonora. El derrame de la mina de 2014 afectó casi 170 millas de río en la sierra de Sonora.
Organizaciones sin fines de lucro y de derechos humanos, así como autoridades del gobierno mexicano, han señalado numerosos problemas de transparencia y uso de fondos. Una investigación de la organización Fundar, publicada en 2018, declara que no hay evidencia de que las entidades públicas que forman parte del fideicomiso dieran seguimiento de su cumplimiento.
“No les importan las comunidades; no les importa nada”, dice Moiza, refiriéndose a las autoridades involucradas.
El fideicomiso gastó cuatro veces más en estrategias de “comunicación social” — proyectando publicidad de la remediación del río en salas de cine, entre otras cosas — que en compensación directa a pobladores con afectaciones a la salud por el derrame, de acuerdo con Poder, una organización sin fines de lucro que busca fomentar la transparencia y rendición de cuentas de empresas en América Latina. Desde 2014, la organización ha investigado y acompañado el caso de los pobladores del Río Sonora, trabajando con los Comités de Cuenca.
Entre otras cosas, el fideicomiso estaba obligado a monitorear los daños ambientales y a la salud, así como proveer atención especializada a través de una unidad epidemiológica hasta 2029. La construcción de dicha unidad se detuvo menos de dos años después del derrame y a la fecha no ha sido concluida. En lugar de ello, el fideicomiso abrió una clínica provisional en una casa de la ciudad de Ures, a más de seis horas de Bacanuchi, para atender a 381 personas que mostraron daños a la salud después de estar expuestas a los metales pesados del derrame.
Los medios por los que se determinó quienes eran elegibles para recibir atención médica también son motivo de controversia.
Una unidad móvil de la Secretaría de Salud con 25 especialistas en urgencias médicas, dermatología, psicología y epidemiología visitó la región después del derrame. Los especialistas otorgaron atención médica, hicieron diagnósticos y recomendaron pruebas de sangre y orina para metales pesados.
La unidad llamó a Jesus Arturo Vázquez Rivera, el esposo de Moiza, para realizar estudios de sangre y orina, pero no encontraron rastros de metales pesados. Cuando la pareja solicitó pruebas para Moiza, la unidad les dijo que la solicitud debía ser procesada. Moiza dice que la unidad nunca regresó o intentó contactarla.
Varios residentes que mostraron síntomas de contaminación y no fueron tratados acudieron con recursos propios a hacerse pruebas, dijo Héctor Duarte Tagles, epidemiólogo y profesor del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. Tras el derrame, Duarte se volvió miembro y voluntario de la Red Fronteriza de Salud y Medio Ambiente, una organización multidisciplinaria que investiga y acompaña el caso de las comunidades afectadas del Río Sonora.
El fideicomiso debería monitorear las afectaciones a la salud a largo plazo, más allá de los efectos agudos, dijo Duarte.
Hay evidencia de que a la fecha hay altos niveles de plomo, manganeso y cadmio en muchas comunidades, dijo. Es probable que haya presencia de más de los 13 metales pesados listados por el fideicomiso
"Hay un riesgo potencial de que la población, sobre todo los niños, empiecen a desarrollar problemas de insuficiencia renal, algún tipo de deterioro cognitivo, o diferentes tipos de cáncer", dijo Duarte, señalando que la exposición crónica a metales pesados puede tener efectos acumulativos y los niños representan uno de los grupos más vulnerables.
En 2014, Natalia Leyba sacaba un balde de 5 galones de agua de un tanque detrás de la casa para usarlo en el baño en Bacanuchi, Sonora, luego de que el derrame de una mina contaminó el suministro de agua. Casi siete años después, algunos residentes están comprando agua en garrafones para no tener que beber del grifo.
La tragedia de las plantas de tratamiento
La compra de garrafones de agua se ha vuelto una costumbre para Moiza. En alrededor de seis años, la familia ha decidido afrontar el gasto de comprar agua de la tienda para no tener que usar la de la llave — algo que nunca les preocupó previo al derrame de 2014.
Es un gasto grande para la economía familiar, dijo Moiza, pero prefiere invertir a exponer a ella y su familia al agua sin tratar.
En una loma a la entrada de Bacanuchi se levanta la primera planta potabilizadora de agua instalada por el fideicomiso. Las dos torres que debieran realizar funciones de oxidación-filtración están desconectadas del gran tanque que actualmente distribuye agua a las casas directamente desde el pozo.
“Cada planta potabilizadora tiene su historia de desgracia”, dijo Luis Franco, coordinador de organización comunitaria de Poder y quien trabaja con los miembros de los Comités de Cuenca.
Una mezcla de falta de pagos, piezas faltantes y problemas administrativos han afectado el destino de las pocas plantas potabilizadoras en existencia. De acuerdo con documentos de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de Agua, a la fecha solo una planta opera y lo hace de manera intermitente.
El compromiso inicial del fideicomiso era construir 37 plantas potabilizadoras para dar servicio a alrededor de 24,000 personas afectadas por el derrame. Posteriormente redujeron la cifra a 27, y luego a nueve. Grupo México argumentó que los resultados de calidad de agua mostraban una reducción significativa de los niveles de metales pesados. En 2017, para cuando decidieron que construirían menos de un tercio de las plantas propuestas originalmente, el fideicomiso sólo había concluido la construcción de la planta Bacanuchi. Desde su inauguración en agosto de 2016, ha operado intermitentemente.
IDEAS, la compañía que ganó la licitación para instalar la planta, contrató a dos residentes de Bacanuchi para la construcción y posterior operación. Menos de un mes después de su inauguración, la planta se detuvo por falta de electricidad, de acuerdo a periódicos locales. Empezó a operar con un generador de diesel, pero cuando el contrato de IDEAS venció, los operadores empezaron a poner dinero de su bolsa.
Jorge Alberto Bustamante López, uno de los dos operadores, dice que invertían alrededor de $1400 pesos al mes. Era un gasto que estaba dispuesto a asumir.
“Para que todos tuviéramos agua. Era un beneficio para nosotros y los demás”, dijo Bustamante. “Pensé en los niños”.
La planta de tratamiento de agua de Bacanuchi entró en funcionamiento en agosto de 2016. Las dos torres de agua destinadas a realizar procesos de oxidación-filtración están desconectadas del gran depósito de agua que ahora alimenta las casas con agua de pozo sin tratar.
Antes de que la planta se construyera y en los meses en que no operó, Bustamante tuvo reacciones en la piel que le dejaron ronchas y granos en la espinilla. Las veía desaparecer por ocho meses, y después regresar. No está seguro de la causa. Al igual que Moiza, declara que nunca le tomaron pruebas de la brigada médica.
En 2017, la Comisión Nacional de Agua creó un contrato de siete meses con el antiguo propietario de IDEAS, el biotecnólogo y especialista en biorremediación Arturo Aguilar-Águila Acuña. Él pagaba directamente a los operadores, y en cuanto el contrato venció compró suministros con su propio dinero “bajo la promesa de una renovación de contrato”, dijo.
En 2019, después de trabajar prácticamente como voluntarios por casi dos años, Bustamante y el otro operador se rehusaron a trabajar sin paga.
“Tuvimos que ponernos fuertes para que alguien viniera y hablara con nosotros. No nos estaban poniendo atención”, dijo Bustamante, refiriéndose a la Comisión Nacional de Agua.
Documentos de la Comisión, con fecha de diciembre 2019, confirman que la planta potabilizadora de Bacanuchi no opera por falta de pagos. Fue alrededor de esas fechas que Aguilar-Águila y Bustamante entregaron las llaves de la planta a la municipalidad de Arizpe en las oficinas de la Comisión, que tiene responsabilidad de operarla desde ese momento.
“No se quisieron hacer cargo, porque decían que era ‘mucho gasto’”, dijo Bustamante.
Aguilar-Águila dijo que mientras estuvo bajo contrato, el costo total de operación de la planta era de aproximadamente $20,000 pesos al mes, incluyendo transporte, salarios e insumos.
El Director de Agua Potable del municipio de Arizpe, Sergio Navarro Dorame, no respondió a numerosas solicitudes de comentario del Arizona Daily Star y La Estrella de Tucsón sobre la falta de operación de la planta y las acciones que el municipio ha tomado para atender el problema.
Toma alrededor de dos horas ir de Cananea a Bacanuchi, Sonora, por un camino de terracería. Los residentes de la ciudad tenían mejor acceso, pero en 2016 Grupo México bloqueó su carretera principal y los desvió hacia una ruta más larga para construir una nueva presa de relaves de minas.
La incertidumbre de los daños a la salud
Al cerrar el fideicomiso, Grupo México y las entidades públicas involucradas argumentaron que la contaminación del agua estaba controlada. La declaración es problemática: el fideicomiso tenía el compromiso de monitorear la calidad del agua por al menos cinco años a lo largo de la cuenca, pero la misma página web del fideicomiso muestra que la colecta de datos ha sido inconsistente. En ella se omiten meses y hasta años de monitoreo en ciertos puntos de muestreo o midiendo únicamente algunos indicadores.
Los datos más recientes, tomados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en agosto de 2019 y marzo y julio de 2020, muestra que hay arsénico y plomo por encima del límite permisible en más del 90 y 60 por ciento de los pozos, respectivamente. En noviembre de 2020, la comisión envió una carta a los Comités de Cuenca señalando que la contaminación persiste y el agua presenta un riesgo a la salud.
Otro estudio en 2019 encontró niveles de mercurio por encima del límite permisible en pozos de Ures, Baviácora y Bacanuchi, alertando que existe riesgo de que niños y niñas desarrollen enfermedades crónicas por consumo de agua subterránea.
La movilidad de metales pesados puede cambiar a través del tiempo. Tras el derrame, Aguilar-Águila trabajó de cerca con autoridades ambientales e instituciones de investigación para determinar el tipo de planta potabilizadora a instalar en la comunidad de Bacanuchi.
“A pesar de ser el más cercano al derrame, el pozo (de Bacanuchi) solo mostró fierro fuera del límite permisible”, dijo Aguilar-Águila.
De acuerdo a los primeros estudios de agua subterránea, publicados en la página del fideicomiso, el pozo de Bacanuchi no mostraba contaminación por arsénico o mercurio en los primeros meses tras el derrame. Sin embargo, no existen datos posteriores a julio de 2015, y el monitoreo más reciente indica que la presencia de contaminantes ha cambiado.
Estos cambios no son inusuales. Existen muchos factores por los cuales los valores de arsénico pueden variar en la cuenca. Las variaciones pueden darse por errores de muestreo y análisis, cambios en el nivel de agua del acuífero o descargas súbitas de aguas residuales, dice Nadia Martínez Villegas, biogeoquímica e investigadora titular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.
Pero cuando el diseño de muestreo, monitoreo y análisis está bien hecho, “los datos hablan por sí solos”, aclaró.
El monitoreo de los contaminantes es de extrema importancia, considerando que la movilidad de los metales pesados puede cambiar a través del tiempo.
“Sabemos muy, muy poco de lo que sucede en el acuífero”, dice Aguilar-Águila. “Mientras no se haga un mapa de la pluma de contaminantes, no vamos a saber realmente dónde paran los metales”, dijo Aguilar-Águila.
Aunque tiene la capacidad de responder a picos eventuales de arsénico, la planta de oxidación-filtración de Bacanuchi no está diseñada para el tratamiento de largo plazo de contaminantes que no sean fierro y manganeso, aclara Aguilar-Águila. De acuerdo con las normas ambientales y de salud, se requeriría una planta de ósmosis inversa.
Incluso si los pobladores del Río Sonora deciden consumir agua de garrafón, usan agua sin tratar para bañarse, lavar la ropa, cocinar y regar sus cultivos. Moiza y varios residentes de Bacanuchi, incluyendo la nueva doctora del pueblo, dijeron presentar alergias y comezón después de bañarse. Para varios, como Moiza, las ronchas y otras reacciones de la piel van y vienen de forma periódica.
En casa de Moiza y Vázquez, un Rotoplas con la estampa del Fideicomiso Río Sonora almacena agua sin tratar del pozo de Bacanuchi.
"¿Para qué queríamos tambos?”, pregunta Vázquez, riendo. “Nosotros lo que queríamos era agua limpia. El tambo sí nos sirve, pero no tenemos qué echarle”.
Una acción legal a la vez
Bacanuchi tiene diferencias importantes con otras comunidades de la cuenca del Río Sonora. No tiene transporte público ni servicio de telefonía abierta o internet y sus caminos son de difícil acceso.
"La realidad geográfica y política de Bacanuchi es muy diferente al resto de la cuenca", dice Franco, coordinador de organización comunitaria de Poder, explicando que estas condiciones complican el acceso de la comunidad a servicios básicos y limitan su relación con el ayuntamiento. Por si fuera poco, desde 2016 la minera cambió la ruta de acceso a la comunidad, y ahora los residentes hacen el doble de tiempo para llegar a Cananea, la ciudad más cercana.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, la vulnerabilidad de la comunidad aumentó.
Gloria Simpson, residente de Bacanuchi, explica que ya no era suficiente esperar a una respuesta del estado o el ayuntamiento para resolver dichos problemas. Llevaban más de tres años sin servicios médicos en la comunidad; tenían que tomar acciones legales.
“Ya era demasiado el tiempo que nos habían estado ignorando las autoridades. Llevamos años exigiendo un médico”, dijo Simpson.
En mayo del año pasado, seis niños y niñas de Bacanuchi, representados legalmente por sus madres, levantaron un juicio de amparo contra el gobierno del estado y el ayuntamiento en mayo de 2020. En la acción legal, contra la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, así como contra autoridades estatales y municipales de salud y transporte, argumentaron que la falta de atención médica y transporte era una violación a sus derechos y una amenaza a su integridad.
La atención de casos estaba frenada por el COVID-19, pero casos urgentes —incluyendo aquellos que involucran derechos de la infancia — tenían prioridad, dice Cynthia Amarillo Arco Lhor, abogada de Poder, la organización acompañando el caso de las mujeres. En tan solo 24 horas, un juez falló a favor de los menores y dictó medidas de protección. El 6 de junio de 2020, en un acto público, la Secretaría de Salud de Sonora, el Ayuntamiento de Arizpe y personal de Buenavista del Cobre abrieron nuevamente el Centro Rural de Salud y anunciaron la contratación permanente de una doctora.
“Hicieron un gran evento para invisibilizar la lucha de las mujeres y decir que fue por voluntad del gobierno y que ellos estaban muy preocupados", dice Franco. "Todo se adjudica a la buena voluntad del gobierno".
El caso legal sigue abierto, ya que la comunidad aún carece de caminos adecuados y un transporte confiable para casos de emergencia, dijo Arco.
A finales de marzo, la médica de cabecera de Bacanuchi, Estefanía Gastélum Burruel, tuvo que trasladar a una mujer de 76 años con sangrado gastrointestinal a Cananea. Atendió la emergencia llevándola en el asiento pasajero de una Caravan 1988, el único vehículo disponible para el centro de salud. El vehículo no está acondicionado para trasladar a pacientes graves, y en evento de lluvias podría quedarse a mitad de camino por las condiciones de la carretera, explicó Franco.
Existen otros casos legales que continúan pendientes. Tras la orden de la Suprema Corte de reabrir el fideicomiso, los Comités de Cuenca siguen demandando que se concluya la construcción de la unidad de vigilancia epidemiológica y se den servicios de monitoreo y potabilización de agua.
"El juez no lo tomó como caso urgente, porque no era falta total de potabilizadoras ni atención médica”, dijo Arco, explicando que las autoridades se escudan en que al momento había una clínica provisional en operación. “Si se tuviera la certeza de que no se estaba atendiendo de ninguna manera a la población, yo creo que sí se hubiera tomado como urgente el caso".
A casi siete años de la tragedia y sin una remediación completa de los daños, los residentes de Bacanuchi se enfrentan a una nueva amenaza. En 2016, la minera Buenavista del Cobre inició la construcción de una nueva presa de jales. La obra tiene 10 km de largo y 175 metros de alto, y la capacidad de almacenar hasta 80,000 veces más residuos tóxicos que los que bajaron por el río en 2014. Bacanuchi está dentro del área de impacto de la presa; un accidente podría arrasar con el pueblo entero.
La Suprema Corte de México dictó en septiembre de 2018 que la empresa había violado los derechos de la comunidad al no informarle del proyecto ni facilitar la participación pública. Un mes después, Moiza viajó a Ginebra para hablar frente a las Naciones Unidas, en el Foro sobre las empresas y los derechos humanos, sobre las injusticias que plagan el caso del Río Sonora. Gloria Simpson asistió un año después. Ambas fueron en representación de los Comités de Cuenca del Río Sonora, y hablaron de su miedo frente al nuevo proyecto.
"Me da gusto que se enteren otras gentes. Que sepan de la corrupción que ocurre en México”, dijo Moiza.
En agosto del año pasado, a seis años del derrame, los Comités de Cuenca demandaron “seis acciones urgentes para el Río Sonora”: garantizar el agua limpia y suficiente, asegurar el acceso a la salud, reactivar la economía de las comunidades, poner a las comunidades antes que a las mineras, garantizar la participación de los afectados en el destino del fideicomiso y cancelar la nueva presa de jales de Buenavista del Cobre.
“Ahora ya nada es seguro aquí”, dice Moiza, recordando cómo, antes del derrame, solían bañarse en el río y usar el agua sin temor a que presentara un riesgo a la salud.
“Y lo peor es que queda impune”.