En un video de Tucsón que se volvió viral la semana pasada, un policía estatal marcó la parada a una pareja de inmigrantes mexicanos y su hija de 12 años que iban en su carro y llamó a la Patrulla Fronteriza, que los detuvo a los tres.
El pretexto para la parada fue que el polarizado de los vidrios del carro estaba muy oscuro, y la familia fue detenida por violaciones migratorias.
El video también muestra que había policías de Tucsón presentes. Aunque fue un oficial del estado (DPS, por sus siglas en inglés) quien inició la parada y llamó a los agentes migratorios, no parecía que la policía de Tucsón estuviera directamente involucrada en el incidente altamente publicitado.
Pero para mucha gente, y me incluyo, la presencia de la policía de Tucsón fue perturbadora. Fue otro recordatorio de que el Departamento de Policía de Tucsón, directa o indirectamente, sigue siendo visto como socio de los agentes de la Patrulla Fronteriza.
La policía de Tucsón quizá argumente que estaba presente como precaución o porque se habían presentado algunos activistas en West 22nd Street y South Ninth Avenue para atestiguar y documentar la parada y detención de una familia inmigrante. Una persona que protestaba y quien se metió debajo del vehículo de la Patrulla Fronteriza también fue detenida por esa agencia.
Como sea, el hecho de que se vio a la policía de Tucsón durante la detención en un barrio mexicano, donde la policía debe verse como independiente de la Patrulla Fronteriza, es perturbador.
En muchas ocasiones, la policía y los agentes de migración trabajan en coordinación en los barrios y no hay testigos tomando videos con sus teléfonos celulares.
No debió ser de esta forma. Esta es la razón por la que apoyo el esfuerzo por hacer de Tucsón una ciudad santuario.
“Todo lo que (la policía de Tucsón) está haciendo es participar en la aprehensión de inmigrantes”, dijo Zaira Emiliana Livier, directora y cofundadora del Comité de Defensa de la Gente, que está al frente de la campaña llamada Familias de Tucsón Libres y Unidas. Sus seguidores buscan asegurar para el 5 de julio 9 mil firmas que reúnan los requisitos para que pueda incluirse en la boleta electoral de noviembre una iniciativa que haría de Tucsón una ciudad santuario para los inmigrantes indocumentados.
Ahora, despejemos las dudas: el santuario no significa que los inmigrantes indocumentados se volverían residentes legales. Tampoco significa que los inmigrantes indocumentados podrían trabajar legalmente ni que evitarían ser arrestados y deportados. Las personas sin documentos legales para vivir aquí seguirán sujetas a las leyes federales sobre migración. Los oficiales estatales y los agentes del Sheriff del Condado Pima seguirán siendo cómplices como agentes migratorios.
Entre las provisiones, bajo esta iniciativa la policía de Tucsón tendría prohibido preguntar a la gente sobre su estatus migratorio en hospitales, iglesias y templos, y cortes, además de las escuelas.
La iniciativa evitaría que la policía se respalde en “ciertos estereotipos raciales” para determinar el estatus migratorio de alguien, y el santuario evitaría que la policía revise el estatus migratorio en las paradas de tránsito.
La iniciativa obligaría a la policía a leer a la gente sus derechos Miranda (tienes derechos a permanecer en silencio, a tener un abogado) antes de interrogarlos sobre asuntos migratorios. Y la policía no podría arrestar a gente por haber ingresado al país de forma ilegal.
EL santuario beneficiaría a todo Tucsón, no sólo a los inmigrantes indocumentados, dijo Billy Peard, abogado de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles en Arizona y uno de los autores de la iniciativa.
Por ejemplo, bajo el santuario, los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, confiarían en que los policías de Tucsón no funcionarían como agentes de migración y que los protegería cuando lo necesitan. A los inmigrantes indocumentados que son víctimas de delitos o que pueden ser de ayuda para encontrar a delincuentes, el santuario les dará la confianza de que no terminarán en manos de agentes migratorios.
Esto, dijo Peard, sería de gran ayuda para la policía de Tucsón en la lucha contra el crimen y daría paso a un sistema de detección del delito más robusto. “Podremos vivir en una comunidad que se mueva en función del bienestar de toda la comunidad”, dijo Peard.
La parada y detención de esa familia el pasado 19 de marzo no es un caso aislado, dijo Luvier. La vida de las familias es perturbada y separada conforme los agentes migratorios, con la cooperación de las policías estatal y local, detienen y deportan gente.
De acuerdo con Livier y con publicaciones en las redes sociales, los tres integrantes de la familia detenidos fueron liberados dos días después. De inmediato, el papá fue detenido de nuevo y deportado a Nogales.
Los partidarios del santuario creen que Tucsón, como ciudad, puede fortalecerse y no tener que esperar a que líderes políticos de la ciudad o del estado actúen.
“Nosotros, como ciudad autónoma, tenemos tanto el derecho como la total responsabilidad de defender y proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad, sin importar su estatus migratorio. Siempre se ha sabido que una buena gobernanza requiere que se garanticen la seguridad y la justicia”, dijo Livier. “Si Tucsón quiere terminar con su complicidad en la separación, detención y deportación de familias de Tucsón, entonces tenemos que adoptar políticas con propósito, significativas y medibles”.
