El día del cumpleaños número 22 de Ryane Martínez-Garibay, ella comenzó su jornada laboral en la tienda donde trabaja y le envió un mensaje de texto a su mamá para ponerse de acuerdo sobre la comida del día siguiente. Celebrarían comprando comida india, su favorita, y Ryane le mostraría a su mamá su departamento recién decorado.
Pero en lugar de eso, Ryane recibió una llamada telefónica de un amigo de la familia diciendo que le habían disparado a un agente (constable, en inglés) en un complejo de departamentos cercano. Ryane inició una búsqueda frenética para localizar a su madre, la agente Deborah Martínez-Garibay, quien le había enviado mensajes de texto para organizar planes de cumpleaños unas horas antes.
Deborah no estaba en su casa y ninguno de los hospitales cercanos informaba haberla recibido.
Ryane finalmente recibió otra llamada, esta vez de la voz de un hombre desconocido: “Dijo, tu mamá, le dispararon y no sobrevivió”, recordó Ryane.
Deborah fue una de las tres personas asesinadas el jueves 25 de agosto en Lind Commons Apartments después de que un hombre que estaba siendo desalojado le disparó a ella, a la administradora de los departamentos, Angela Fox-Heath, y al vecino Elijah Miranda antes de dispararse a sí mismo.
Gavin Lee Stansell, el tirador de 24 años, enfrentaba el desalojo del departamento por amenazar a un vecino con un arma “y ha perturbado la paz de otra manera”, según los registros judiciales.
Pero la familia de Deborah se pregunta si ella sabía el verdadero peligro al que se enfrentaba y por qué hubo falta de seguridad para ella y otras víctimas.
La familia dice que un detective que trabajaba en el caso les alertó que la madre de Stansell había llamado para un chequeo de bienestar la mañana antes del tiroteo debido al comportamiento preocupante que mostraba su hijo. El Departamento de Policia de Tucsón (TPD) no pudo confirmar si se llamó a un control de bienestar el jueves por la mañana, pero el sargento Richard Gradillas, un portavoz del departamento, dijo que no estaba al tanto de que hubiera habido alguna revisión, basado en el informe criminal del tiroteo.
“Hasta donde sabemos, eso no se le comunicó a Deborah. Así que entró ciega en esta situación”, dijo Joanna Caballero, una de las tres hermanas de Deborah.
Según Esther González, alguacil del Precinto de Justicia 2 y amiga cercana de Deborah, a los alguaciles o agentes solo se les da la información provista en el fallo emitido para los documentos que entregan. Los agentes pueden buscar a una persona a través de un sistema informático, dijo, que puede decirles si una persona ha sido “encarcelada o ha tenido algún tipo de contacto con la policía”.
González dijo que entregar documentos a personas con antecedentes penales es “cosa diaria”.
“Y si tiene en su plato constantemente de 15 a 20 desalojos por día, además de todo el otro trabajo que hacemos, quiero decir, vamos por todo esto sin parar”, dijo.
Mientras lloran la muerte de Deborah, la familia del policía espera respuestas sobre cómo se desarrolló una situación tan mortal después de un desalojo estándar.
“¿Cuáles son esos pasos para proteger a las personas? Creo que, como mínimo, deberían verificar su orden antes de enviar a estos agentes, para ver qué tipo de amenazas enfrentan cuando llegan a ese lugar”, dijo Michelle Martínez-LaVetter, la hermana de Deborah. “Y luego informar a esos agentes y decirles que saben qué, esto podría ser demasiado peligroso para ustedes. Enviemos a nuestros policías y enviemos a nuestros agentes”.
“Hay muchas respuestas que deben tenerse. Las esperamos. Estamos esperando”.
“La enviaron ahí sin preparación”
Deborah fue nombrada por la Junta de Supervisores del Condado Pima como agente del Precinto de Justicia 8 en el centro de Tucsón para reemplazar a un agente o alguacil que renunció en marzo. El trabajo de un alguacil implica entregar citatorios legales, como avisos de desalojo y órdenes de protección de los tribunales de justicia a los habitantes. Como funcionarios electos, no están obligados a tener experiencia en cumplimiento o capacitación antes de asumir el cargo.
Deborah sirvió 16 años en el ejército y dirigió el capítulo de Tucsón de un programa de golf adaptado para veteranos llamado PGA HOPE.
Su familia dice que Deborah era una “fuerza de la naturaleza” y quería asumir el puesto de alguacil mientras continuaba su trabajo voluntario con veteranos “porque quería ayudar a la gente”.
“Salía y conseguía recursos y luego preguntaba: ‘¿Qué puedo hacer por ti? No tienes que preocuparte por estar en la calle, tenemos este lugar, tenemos comida, tenemos cupones’. Ella iba a Walmart a donar tarjetas de regalo para que la gente pudiera comprar alimentos”, dijo el padre de Deborah, Joe Martínez. “Y al mismo tiempo, nunca paraba de reírse”.
Pero aunque estaba emocionada de aceptar el trabajo, la familia de Deborah dijo que después de seis meses como agente, todavía no tenía el arma de fuego emitida por el condado, el chaleco antibalas o la placa que el condado entrega a los alguaciles.
“Siento que la enviaron ahí sin estar preparada”, dijo su madre, Margaret Martínez.
González dijo que ella tiene un arma, un Taser (pistola de descarga eléctrica) y un chaleco a la medida emitidos por el condado, pero el equipo tardó “meses” en llegar. Trabajó para la oficina del alguacil durante 12 años antes de ser elegida y entrenada con la ex agente Marge Cummings, quien le prestó a González un chaleco adicional mientras esperaba que llegara el que debía ser hecho a su medida.
La familia de Deborah dice que la agente portaba su arma de fuego personal mientras esperaba que llegara una emitida por el condado.
Además de los largos tiempos de espera para el equipo, González dijo que la oficina de agentes o alguaciles del condado también tiene problemas con respecto a la comunicación con las fuerzas del orden. Los agentes rara vez conocen la naturaleza de la persona a la que le están entregando documentos antes de que toquen a sus puertas, según González.
Normalmente, los gerentes o administradores de los departamentos advierten a los policías sobre un inquilino peligroso, dijo González. Pero incluso cuando un policía pide ayuda, las respuestas pueden variar. Según González, en una reunión a la que asistieron los alguaciles, se incluyó un tema en la agenda sobre que “debemos dejar de llamar tanto para pedir refuerzos”.
“Debe haber más comunicación dentro de la oficina. … Creo que otras agencias de aplicación de la ley necesitan comunicarse con nuestra oficina directamente, porque no somos los peones del condado”, dijo. “Creo que nuestro trabajo es más peligroso que el que tienen que pasar estas otras agencias, porque estamos entrando directamente en las casas de otras personas que no conocemos. Vamos a ciegas”.
La ley de Arizona requiere que los agentes o alguaciles (constables) recién elegidos asistan a un curso de capacitación dentro de los seis meses de haber asumido el trabajo. Según Scott Blake, presidente de la Asociación de Agentes de Arizona, la capacitación se lleva a cabo cada enero después de una elección. Deborah fue nombrada para el cargo en marzo.
Blake dijo que la asociación también organiza dos conferencias de 20 horas al año que cubren el protocolo de seguridad para los agentes, incluidas “técnicas de desescalada, comunicación, primeros auxilios y seguridad de los agentes”. La familia de Deborah dijo que asistió a una conferencia en Flagstaff hace unas semanas, pero no está claro qué capacitación pudo haber recibido.
Cuando se le preguntó sobre el protocolo para los agentes que se acercan a situaciones peligrosas, Scott escribió en un correo electrónico: “Recuerden que a veces, cuando tocamos una puerta, no tenemos idea de lo que va a pasar. Sin embargo, digamos que mañana, mientras estoy ejecutando el desalojo que he programado para las 5 PM (el escenario) cambia de un de un inquilino que coopera a un inquilino que amenaza con un arma, creo que mi mejor opción es salir de la casa si es posible y luego crear un ambiente seguro para todos en ese momento. Entonces obtendría más recursos en ese lugar para resolver la situación de la manera más segura posible”.
No está claro si Deborah sabía que el desalojo de Stansell involucraba amenazas de armas de fuego.
Pero según su familia, si Deborah hubiera sabido el verdadero peligro que se avecinaba, las cosas habrían sido diferentes.
“Ella no habría tenido a esa casera (la administradora) con ella. Francamente, habría estado preparada”, dijo la hermana de Deborah, Connie Hall. “Ella habría conseguido respaldo”.