El Condado Pima se está asociando con la YWCA del sur de Arizona para abordar las desigualdades raciales y étnicas en el sistema de justicia penal, gracias a una nueva subvención de $500,000 de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.
Esta es la cuarta ronda de financiamiento de la fundación como parte del Desafío de Seguridad y Justicia (Safety and Justice Challenge –SJC), elevando su inversión total en el Condado Pima a $4.3 millones desde que éste fue seleccionado para participar en 2015 con el objetivo de reducir significativamente la cantidad de personas que van a la cárcel.
Desde 2016, la población carcelaria del Condado Pima se ha reducido en un 9.2%.
En 2019, los afroamericanos representaban el 12% de la población diaria promedio en la cárcel del condado, según datos proporcionados por el SJC, pero representaban solo el 4,2% de la población total del condado, según datos del censo de EE.UU.
Las mismas fuentes mostraron que los hispanos o latinos constituían el 45% de la población diaria promedio en la cárcel, en comparación con el 37.8% de la población del condado; y que los nativos e indígenas representaban el 6% de la población de la cárcel pero el 4.4% de la población del condado.
Si bien la pandemia vio un impulso para sacar a las personas de las cárceles –que fueron un vector para la propagación de COVID-19–, quienes quedaron atrás a menudo eran personas de color, lo que expone las disparidades raciales que han existido durante mucho tiempo en el sistema de justicia penal, según la Fundación MacArthur.
El Desafío de Seguridad y Justicia es una iniciativa nacional de $300 millones para reducir el encarcelamiento excesivo y repensar la forma en que Estados Unidos usa las cárceles. Durante los próximos dos años, el Condado Pima se unirá a Filadelfia, Nueva Orleans y el Condado Cook, en Illinois, en este grupo de equidad racial.
La nueva ronda de financiación les proporcionará al Departamento de Servicios de Justicia del Condado Pima y a la YWCA capacitación y ayuda técnica para recopilar experiencias vividas por personas de color que han sido arrestadas, procesadas o encarceladas.
La apuesta personal de un abogado
Selso Villegas, miembro de la Nación Tohono O’odham, ha estado involucrado en la colaboración comunitaria Desafío de Seguridad y Justicia del condado durante años.
Ha estado trabajando para abordar la representación excesiva de nativos e indígenas en la cárcel a través de su posición como enlace tribal. También hace parte de un comité de liderazgo nacional de SJC que buscará formas efectivas de reducir la cantidad de nativos e indígenas que son arrestados o encarcelados.
Villegas dice que se involucró debido a la manera en que su familia se ha visto afectada por el sistema de justicia penal.
“Mi hija tiene problemas de adicción y lleva mucho tiempo en la calle”, dijo Villegas. “Cuando era más joven, tomé la custodia de sus tres hijos. Uno de ellos tenía el trastorno del síndrome alcohólico fetal”.
Dos de los tres nietos de Villegas han pasado tiempo en la cárcel, y uno de ellos comenzó en el sistema de justicia juvenil.
“Trato de relacionarme con las personas por fuera y dentro de la reserva y de defenderlos”, comentó Villegas.
Dijo que en un proyecto reciente ha estado instando a los miembros tribales a resolver sus órdenes de arresto por no comparecer ante el tribunal.
Selso Villegas, centro, miembro de la tribu Tohono O’odham, ha estado trabajando para abordar la presencia excesiva de nativos e indígenas en la cárcel del Condado Pima. En esta fotografía se le muestra aceptando un Premio al Servicio Comunitario Martin Luther King en 2017.
“Me acerco a las personas y les pregunto si tienen órdenes de arresto por no comparecer y si quieren anularlas”, dijo Villegas, y agregó que la pandemia restringió su capacidad de llegar a las personas a mayor escala a través de eventos de divulgación. “Algunas personas se ofenden y otras no. Pero al menos dos personas con las que he hablado han acudido al sistema judicial para anular sus órdenes de arresto”.
Villegas, quien trabaja como director de recursos hídricos para la tribu, dijo que en las tierras tribales, la comunicación y el transporte son barreras de larga data para que los miembros puedan comparecer ante los tribunales.
La falta de servicios de salud del comportamiento que aborden la cultura tribal también es parte del problema, ya que muchos miembros no pueden encontrar el tipo de ayuda adecuado, dijo.
“Nuestra tribu tiene muchas instalaciones para lidiar con los problemas que tenemos, pero lo que no tenemos es la relación uno a uno con un trabajador social. No tenemos esa capacidad, porque están ubicadas a 60 millas de distancia e ir y volver al trabajo todos los días no es un incentivo para conservar el puesto”, dijo Villegas. “No hemos podido retener a la gente, por lo que tenemos muchos puestos vacantes. Es difícil motivar a los profesionales a trabajar en una sociedad que es muy diferente a la acostumbrada”.
Villegas dijo que los miembros tribales han sufrido durante décadas los señalamientos por los estereotipos. Se dice que son personas vagas, adictas a las drogas y al alcohol, pero el trauma histórico al que fueron sometidos los nativos e indígenas a menudo no se menciona. Espera tratar de encontrar maneras de ayudar a otros nativoamericanos.
“Solo quiero apoyar y ayudar a mis nietos. Como anciano, todos son mis nietos”, dijo Villegas. “Puede que no funcione de inmediato y puede llevar mucho tiempo hacer un cambio. Yo también soy realista”.
Los números pueden contar una historia
Los participantes de SJC se están embarcando en el trabajo de equidad racial con los ojos bien abiertos, dijo la directora de servicios de justicia del Condado Pima, Kate Vesely.
“Va a ser un desafío. No hay una varita mágica. Vamos a tener que hacer el trabajo duro”, dijo. “El mayor desafío será salir de nuestras zonas de confort. Es incómodo mirar los sistemas a través de estos lentes. Es incómodo ver las disparidades que han existido durante tanto tiempo”.
Una gran parte del trabajo será escuchar lo que las personas tienen que decir sobre el impacto que tiene el encarcelamiento en sus familias y en la comunidad, particularmente cuando se trata de grupos históricamente desfavorecidos, dijo Vesely. Otro punto será comprender los datos asociados en un nivel superior.
“La cárcel en sí no cuenta una historia. No sabemos las proporciones de cómo se arresta o se retiene a las personas de estos grupos demográficos, o el tiempo de detención de ciertos grupos demográficos en comparación con otros”, dijo Vesely. “Necesitamos hacer un mejor trabajo al contar la historia de los datos en nuestra comunidad”.
Vesely
El Departamento de Servicios de Justicia del condado analizará los datos desde el arresto hasta la disposición del caso, ya sea desviando a las personas a un lugar de tratamiento en vez de arrestarlas, enviarlas a la cárcel o sentenciarlas. Conectará los sistemas locales y del condado que no se han sincronizado, incluidos los de libertad condicional, los tribunales, las oficinas del fiscal del condado y del defensor público, y la cárcel.
La creación de un centro de datos de equidad racial proporcionará evidencia de dónde existen disparidades, para que se pueda desarrollar una estrategia a largo plazo, dijo Vesely.
Ella está emocionada de trabajar con la YWCA, llamándola “el modelo de participación comunitaria”, y se siente lista para expandir su confianza con los residentes y tener conversaciones honestas sobre lo que se está haciendo mal en temas de equidad racial.
“El trabajo en estos temas es intrínsecamente incómodo. Ser capaz de conectarse emocionalmente con una comunidad que se siente invisible y no representada significa que, con suerte, podremos generar confianza y consolidar un sistema que funcione”, dijo Vesely.
“No se trata solo de tener la intención”
Los Servicios de Justicia se asociarán con el Tribunal de Adolescentes del Condado Pima de la YWCA para examinar el paso de la escuela a la prisión.
Este paso se refiere a las políticas y prácticas de disciplina escolar que sacan a los estudiantes del aula y los empujan fuera de la escuela, lo que a menudo resulta en que terminen en los sistemas de justicia penal y de menores por cometer delitos.
“Con la adición de Teen Court como parte de nuestra intervención y trabajo con la comunidad, existe la oportunidad de profundizar en el compromiso con las personas directamente afectadas y con sus familias”, dijo Liane Hernandez, directora de liderazgo, empoderamiento y bienestar de la mujer de la YWCA del sur de Arizona.
Teen Court es un programa de desvío de la corte juvenil que utiliza los principios de la justicia restaurativa, aquellos que enfatizan la rendición de cuentas y en la reparación en lugar del castigo, y en el desarrollo positivo y el aprendizaje basado en el servicio comunitario para reducir los riesgos de reincidencia. Teen Court fue creado en 1995 para responder a la presencia excesiva de minorías en el sistema de justicia juvenil. Hasta la fecha, 8,000 adolescentes han pasado por el programa, y el 60% de sus participantes se identifican como personas de color.
El plan es contratar adolescentes que hayan pasado por el Teen Court para co-facilitar talleres de participación comunitaria junto con adultos.
“Tenemos facilitadores adultos increíbles, pero no son jóvenes que han sido arrestados, pasaron por esa audiencia y salieron del otro lado con éxito”, dijo la directora de Teen Court, Kate Spaulding. “Sus voces deben ser escuchadas en todos los aspectos”.
De izq. a der.: Magdalena Verdugo, directora ejecutiva de la YWCA; Liane Hernández, directora del Centro de Bienestar de la YWCA; W. Kate Spaulding, directora del Tribunal de Adolescentes del Condado Pima; y Lara Ruggles, directora de desarrollo y marketing de la YWCA.
Spaulding dijo que ella espera que los adolescentes lleguen con ideas para el proyecto que ni ella ni sus colegas habrían imaginado. Incluirlos en el desafío creará oportunidades para la tutoría y también les proporcionará a los adolescentes habilidades laborales y de liderazgo mientras reciben un reconocimiento económico por su tiempo.
“Gran parte de este trabajo es sanador, además de lo que aportamos emocionalmente”, dijo Lara Ruggles, directora de desarrollo y marketing de YWCA.
Para ayudar a garantizar que las voces más representativas estén en la mesa, la YWCA distribuirá cinco micro subvenciones de $10,000 cada una a grupos locales y organizaciones sin fines de lucro que ya están involucradas en el trabajo de equidad racial. También sentará las bases para eventualmente crear un centro de justicia racial.
Hernández dijo que su objetivo es “llegar a la raíz de los problemas” y diseñar intervenciones.
“Necesitamos aprender, para que no estemos construyendo sistemas que causen un daño mayor”, dijo. “No se trata solo de tener la intención, se trata del impacto del trabajo”.
La pandemia, tiempo para la reflexión
La colaboración de las diversas instituciones del condado ha impresionado a la Fundación MacArthur, dijo Bria Gillum, directora de programas.
El esfuerzo ha tenido en cuenta no solo a las personas arrestadas o encarceladas, sino también a las víctimas de delitos, así como a los trabajadores de la justicia penal y a los proveedores de servicios, dijo. “Realmente lo hemos visto florecer en los últimos seis años. Esta subvención conducirá a la sostenibilidad de los esfuerzos de reforma de la justicia penal del Condado Pima”.
Es un desafío tratar de descubrir cómo abordar las desigualdades raciales en la justicia penal cuando esas desigualdades han existido durante siglos, dijo Gillum. “Son preguntas difíciles de resolver en un corto período de tiempo”, dijo.
La pandemia les dio a las comunidades la oportunidad de pensar por qué tantas personas en la cárcel están detenidas por delitos de bajo nivel y considerar formas de devolverlos a la sociedad cuando no representan un riesgo, dijo Gillum. Eso condujo a disminuciones dramáticas de la población carcelaria en general, pero expuso problemas que aún existen.
“Quienes se quedan en la cárcel siguen siendo personas de color, permanecen por mucho tiempo por cargos de delitos graves”, dijo Gillum. “Debemos preguntarnos: ‘¿Por qué tendemos a acusar a las personas de color de delitos graves? ¿Necesitamos reevaluar cómo acusamos a estas personas?’”.
También es hora de reflexionar sobre si las personas que carecen de viviendas asequibles y estables o que no tienen acceso a los servicios que necesitan están siendo arrestadas y encarceladas a un ritmo mayor, dijo Gillum. Según ella, el Condado Pima ha demostrado que está listo para dar este paso.
“El Condado Pima se siente cómodo estando incómodo”, dijo Gillum. “Es el momento adecuado para pensar de manera más crítica en la desproporcionalidad que estamos viendo en el sistema de justicia penal y encontrar soluciones reales y concretas”.
