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Esta historia fue creada por La Estrella de Tucsón con el apoyo de la Asociación de Escritores de Educación (EWA, por sus siglas en inglés) para indagar sobre cómo la pandemia está afectando los planes de estudiantes latinos universitarios y enlazarlos a ellos y a sus familias con recursos disponibles. Visita tucson.com/laestrella/becas para consultar una guía de becas e información útil para estudiantes.
Para los estudiantes indocumentados, la educación superior rara vez es una línea recta, y con la pandemia y los cambios abruptos en las políticas migratorias, sus incertidumbres crecen.
“Me dijeron que mi situación es difícil, que me espere a ver si vuelven a abrir DACA”, dijo Elías, un joven indocumentado de 21 años que cursa su tercer semestre en el Colegio Comunitario Pima (PCC) y aspira a convertirse en nutriólogo.
Elías (quien solicitó usar un alias debido a su estatus migratorio) esperaba poder aplicar por primera vez al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual le permitiría trabajar legalmente y podría aumentar hasta un 85% su salario.
Como muchos estudiantes migrantes, Elías ha avanzado hacia la educación superior de manera fragmentada: agarrando turnos extra en el trabajo y tomando pausas de un año para ahorrar, recibiendo apoyo de familiares tanto de México como Estados Unidos y gracias a las donaciones de fondos privados.
Una mejora en sus beneficios laborales presentaría un apoyo decisivo para concluir sus estudios, de por sí costosos. Por ley, los jóvenes indocumentados pagan hasta tres veces más en colegiatura que otros residentes en los colegios comunitarios de Arizona y no son elegibles para recibir apoyo estatal ni federal.
Con la pandemia, las dificultades económicas de Elías y su familia, originaria de Jalisco, México, se exacerbaron. En febrero, su hermano y su madre, quienes trabajaban en una carpintería local y limpiando casas, respectivamente, perdieron su trabajo. A su padre, que trabaja con adultos mayores, le redujeron las horas. Por su estatus migratorio, no podían solicitar fondos de desempleo.
A pesar de que las familias migrantes de Arizona contribuyen anualmente con más de 7,000 millones de dólares en impuestos a nivel estatal y federal, respectivamente, aquellos que son indocumentados o viven en una familia de estatus mixto no son elegibles para recibir apoyo de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
Por si fuera poco, el impacto del coronavirus en ellos es desproporcionado. En Tucsón, las áreas de la ciudad con una mayoría de población mexicana están viendo una mayor tasa de casos por COVID-19 y hospitalizaciones. Sus probabilidades de contraer el virus aumentan, ya que muchas de las viviendas latinas son multigeneracionales y la población migrante frecuentemente ocupa posiciones como trabajadores esenciales. A nivel estatal, 60% de ellos no cuenta con seguro médico, según el Instituto de Política Migratoria.
Fue tan solo hasta finales de agosto que la Ciudad de Tucsón extendió 1.25 millones de dólares en apoyo a las familias migrantes a través del fondo Fondo de Ayuda a Inmigrantes Somos Uno, compuesto con recursos donados.
Apoyo institucional
En un esfuerzo por brindar apoyo a la comunidad estudiantil, el PCC y la Universidad de Arizona han destinado, respectivamente, 60,000 y más de 860,000 dólares de fondos privados a aquellos estudiantes que no son elegibles para los fondos de CARES. Entre ellos no se encuentran solamente estudiantes indocumentados: a nivel nacional fueron excluidos por no cumplir las condiciones dictadas por el Departamento de Educación los veteranos, estudiantes en línea y ciudadanos que aún no se habían registrado en los programas de apoyo federal.
Cuántos de estos recursos llegaron a los estudiantes indocumentados o DACA es incierto, debido a que las instituciones no tienen un mecanismo efectivo para calcular el número de estudiantes bajo este estatus.
“Estamos intentando distribuirlo de manera tan amplia como podamos”, dijo Chrissy Lieberman, decana adjunta de estudiantes de la UA, aclarando que tan solo 22,000 estudiantes en la UA (un 50% de los matriculados) cumplían con los lineamientos del Departamento de Educación.
Una vez que los estudiantes ingresan su solicitud, un equipo de evaluación verifica si son elegibles para CARES o si han rebasado el monto máximo de apoyo federal, en cuyo caso son referidos al fondo privado.
Hasta inicios de septiembre, la UA había repartido 1,787 cheques del fondo privado — la mayoría de 300 a 600 dólares cada uno. Lieberman dijo que la pandemia ha creado una oportunidad de otorgar donaciones cuya única restricción es que los estudiantes estén en la matrícula.
La universidad empezó a recaudar donaciones individuales desde abril y en junio recibió un generoso regalo de dos ex alumnos en nombre de su padre difunto, cuyo nombre ahora lleva el fondo: Richard Huntington Tyler. Lieberman dijo que esto ayudó a consolidar un fondo de emergencia permanente.
“Esperamos que en años futuros podamos usar esta dotación para emergencias que desvían a los estudiantes de su camino (en la educación superior)”.
Muchos estudiantes han perdido todo su ingreso, se han vuelto trabajadores de primera línea o se han convertido en los únicos proveedores de su familia debido a los despidos de la pandemia, dijo Matt Matera, coordinador del Centro de Recursos para Estudiantes Inmigrantes (ISRC) de la UA.
Dijo que una de las funciones principales del centro durante la pandemia ha sido dirigir a los estudiantes a recursos de apoyo en la comunidad y ofrecer contención emocional.
“Hemos incrementado nuestro apoyo en servicios de salud mental y ofrecido espacios semanales de sanación”, dijo Matera. El ISRC mantuvo una participación de hasta 10 estudiantes cada semana por Zoom en este tipo de sesiones.
Por su parte, el PCC ha emitido pagos de 300 dólares a los estudiantes que no pueden recibir fondos CARES a través de la Fundación del Colegio Comunitario Pima, la cual opera con dinero privados como una organización sin fines de lucro.
Además de eso, el Centro de Recursos para Estudiantes Inmigrantes y Refugiados (IRSRC) del Colegio Pima siguió atendiendo a los estudiantes por teléfono y videollamada. Yolanda González, coordinadora del IRSRC, dijo que una de las principales preocupaciones de los estudiantes que se acercan al centro ha sido la dificultad de acceder a tecnología e internet confiable.
A la fecha, el PCC ha invertido 2.6 millones de dólares en equipos de cómputo y puntos de acceso a internet para ayudar a los estudiantes.
Pero las barreras de información siguen siendo grandes para que los estudiantes indocumentados se beneficien de estos apoyos.
“Cuando entré (al PCC) no sabía que existía un centro para inmigrantes”, dijo Elías. Incluso cuando un compañero le comentó del centro, decidió no acercarse por miedo a compartir abiertamente su estatus migratorio.
No se enteró de los fondos distribuidos por la fundación ni del apoyo en tecnología que su colegio estaba ofreciendo. Durante el verano, en cambio, Elías dependió de que su hermano le prestara una computadora para hacer sus tareas, pero la máquina era obsoleta y no podía conectarse a las clases en línea.
Actualmente, además de continuar sus estudios, Elías trabaja medio tiempo instalando pisos, ahorrando para sus libros y para comprar una computadora nueva.
Apoyo más allá de la pandemia
Los estudiantes indocumentados y DACA han experimentado por muchos años los vaivenes de las políticas migratorias y la amenaza a su presencia en este país en diferente intensidad, dependiendo del tono establecido por la administración en turno.
“Lo que ha cambiado es el estrés: por la amenaza del virus y el daño económico de perder sus trabajos y no poder acceder a apoyo de CARES”, dijo Matera.
Esto los pone en una situación difícil para retomar sus estudios en el colegio o universidad después de sufrir las afectaciones de la crisis de COVID-19. De acuerdo con un estudio de la organización National Student Clearinghouse, los estudiantes de primera generación rara vez regresan al colegio en caso de verse forzados a tomar un año de pausa. Tan sólo un 13% de aquellos que abandonan sus estudios, regresan.
Elías es uno de ese pequeño porcentaje que sí vuelve. Después de su primer semestre en el PCC, tuvo que dejar el colegio para ahorrar. Ahora, él y su familia hacen un esfuerzo colectivo para que obtenga su título. Unos meses antes del regreso a clases este otoño, su madre empezó a vender comida a domicilio para ayudarlo a pagar 14 créditos en este semestre y adelantar lo más posible su graduación.
Tanto la Universidad de Arizona como el Colegio Comunitario de Pima han expresado de manera oficial su compromiso con los estudiantes DACA e indocumentados.
“Nos aseguramos de estar atentos al cambio de políticas para que podamos aconsejar al colegio sobre qué podemos hacer, qué nos está permitido hacer, y ayudar a nuestros estudiantes para que naveguen este proceso”, dijo Hilda Ladner, oficial de equidad e inclusión del PCC y la primera coordinadora que tuvo el IRSRC.
En 2017, la UA creó el Fondo de Becas Asignado por el Presidente, el cual no está financiado por la universidad pero recibe donaciones privadas para ayudar a reducir la colegiatura de los estudiantes con DACA
El PCC ha establecido a través de su Fundación dos becas exclusivas para estudiantes indocumentados y estudiantes DACA: 'Dreamers and Beyond' y 'The Dream Fund'.
Y es que los aproximadamente 2,000 estudiantes indocumentados que se gradúan cada año de las preparatorias de Arizona deben pagar una colegiatura 3 veces más alta que otros residentes en los colegios comunitarios y 150% mayor en las universidades estatales.
Matera, un defensor de la equidad educativa, cree que las instituciones deberían de hacer mucho más para garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación. Ve con admiración la abogacía y el esfuerzo que ponen los estudiantes indocumentados y “dacamentados” para alcanzar sus metas.
“Pagan la colegiatura en pagos mensuales, diarios o semanales y de alguna forma lo logran”, dijo, “Aun así se gradúan”.
