Emilio Bustamante estaba enseñando en línea a los estudiantes de quinto grado sobre prismas rectangulares cuando el agente llamó a la puerta.
El profesor de matemáticas y ciencias del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside (SUSD) sabía que existía la orden de desalojo, pero ese lunes por la mañana, hace un par de meses, pensó que tenía más tiempo.
La orden ejecutiva del gobernador de Arizona Doug Ducey ayudó a la policía del Condado Pima, Marge Cummings, a retrasar un desalojo durante las semanas que tardó el caso judicial de Bustamante en llegar a su fin, pero el resultado fue el mismo: la familia Bustamante se quedó sin hogar durante la pandemia debido a pérdidas en los ingresos.
“Supongo que fui ingenuo”, dijo Bustamante. “Me sentí seguro, sentí que la orden (del gobernador) me estaba protegiendo y el alguacil me estaba protegiendo, lo que sí había conseguido hasta ese momento”.
Lo que necesitaba para evitar el estrés abrumador que siguió, y el desalojo ahora en su historial, era simplemente suficiente tiempo dando clases para ganar un cheque de pago completo.
Pero nada funcionó a favor de Bustamante: ni la moratoria del estado, ni el juez en su caso, ni el momento de una nueva moratoria federal y tampoco el sistema para entregar dinero a los propietarios con problemas de liquidez.
Bustamante, de 47 años, dice que solicitó asistencia para el alquiler en junio y se enteró de que eran elegibles en julio. Le ofrecieron dinero tres días después de haber sido desalojado.
Sin ese financiamiento asegurado, pensó que podría enseñar durante un par de semanas y luego mudarse, permitiendo que su casero, un anciano que intenta poner en orden sus asuntos financieros, vendiera la casa. Ese propietario, Paul Hu, rechazó una solicitud de entrevista para este reportaje.
Mirando hacia atrás, Bustamante dice ahora que apenas puede comprender cuánto ha cambiado su vida en los últimos seis meses y cómo comenzó todo cuando la mayoría de su familia se enfermó con el virus que causa el COVID-19.
”No necesariamente en las calles”
Uno de cada cinco hogares en todo el estado está experimentando una tensión económica severa, informan investigadores de la Universidad de Arizona en su publicación más reciente: ”Pronóstico de la falta de vivienda en Arizona durante la crisis de COVID-19”.
“Las personas que se encuentran sin hogar no están necesariamente en las calles”, dijo Claudia Powell, directora asociada del Southwest Institute for Research on Women (Instituto del Suroeste para la Investigación de la Mujer o SIROW, por sus siglas en inglés) de la UA. “Es posible que vivan con otras personas después de haber sido desplazados, y todo eso debe tenerse en cuenta para determinar las consecuencias de los desalojos”.
Powell y el profesor de investigación asociado Keith Gunnar Bentele, también de SIROW, han estado estudiando cómo la pandemia está afectando la vivienda y la falta de vivienda en el Condado Pima durante varios meses, y sus predicciones son sombrías.
Al proyectar estimaciones estatales en el condado, creen que el número de hogares en riesgo de desplazamiento en los próximos meses en Pima varía entre 10,406 y 26,606. Hasta ahora, según sus estimaciones, el número de personas sin hogar aquí ha aumentado en casi 800 personas. Eso es un aumento de alrededor del 58%.
“Tiene que haber un plan realmente completo”, dijo Powell, presidente de la junta de Tucson-Pima Collaboration to End Homeless (Colaboración Tucsón-Pima para Acabar con la Situación de Personas sin Vivienda) sobre el momento en que terminan las moratorias. “Lo que siempre surge es, ‘¿de dónde va a salir el dinero?’ En lo que creo que la gente realmente necesita concentrarse es en que no hacer nada es menos compasivo y va a ser mucho más costoso a largo plazo”.
De los arizonenses que tienen muchas probabilidades de ser desalojados en los próximos dos meses, el 91% dijo que estaba usando tarjetas de crédito o préstamos para resolver sus necesidades financieras, el 88% estaba usando ahorros o vendiendo activos y el 100% dijo que estaba pidiendo prestado dinero a parientes o amigos, informa Bentele en una presentación de PowerPoint compartida con La Estrella.
Solo una pequeña parte de las personas que acaban de quedarse sin hogar en el condado son víctimas de la pandemia, dijo el sargento de policía de Tucsón Jack Julsing, quien dirige el equipo de extensión para personas sin hogar del departamento. Pero eso se debe a que, hasta ahora, “se ha hecho mucho para evitar que ese número se dispare”.
El oficial Jacob Valenzuela, del equipo de extensión para personas sin hogar del Departamento de Policía de Tucsón, revisa un campamento de personas en situación de calle en Golf Links Road. En el Condado Pima, la nueva trabajadora social ayudará a las personas a tratar de evitar el desalojo y conseguir ayuda.
“Los oficiales se comunican con las personas sin hogar cientos de veces a la semana y, en el pasado, no estaban bien familiarizados con los recursos para referir a las personas sin hogar”, dijo Julsing. “El equipo de extensión de personas sin hogar de TPD (Tucson Police Department) está trabajando para que los oficiales de patrulla y los ciudadanos estén al tanto de estos recursos para que se llegue a las personas sin hogar de manera más eficiente y con más frecuencia que nunca”.
Julsing dijo que el equipo que lidera comenzó en febrero y se centra en conectar a las personas sin hogar con los recursos que necesitan.
“La ciudad y el condado están colaborando en un ‘modelo de vivienda primero’ (“housing first model”) y la premisa de ese modelo es sacar a las personas sin hogar de las calles y llevarlas directamente a viviendas permanentes”, dijo, un enfoque que ahorra tiempo a las personas en un refugio y luego alojamiento.
“También es más rentable, ya que la persona sin hogar promedio le cuesta a su ciudad $30,000 dólares al año mientras vive en la calle, mientras que solo $12,000 al año si tiene una vivienda permanente”.
El presión lleva a la hospitalización
El 31 de agosto, el día del desalojo, la hijas de Bustamante, una adolescente y una adulta con sus dos hijos pequeños, así como las mascotas de la familia fueron a quedarse con la madre de Bustamante.
Carolina Martínez perdió su trabajo como cuidadora debido a la enfermedad del coronavirus, mientras que su esposo, maestro de primaria, vio sus ingresos reducirse drásticamente durante el verano. Fueron sacados de la casa que rentaban a pesar de la orden del gobernador en vigor para evitar desalojos.
Fue un gran cambio para una mujer mayor en una casa pequeña, por lo que Bustamante y su esposa le dijeron a la señora que se quedarían en un hotel, pero no fue así. Compraron algo de comida rápida, encontraron un lugar tranquilo para estacionarse e intentaron dormir en su auto.
“No queríamos desperdiciar nada del dinero que teníamos”, dijo Bustamante, y agregó que dio clases desde un estacionamiento de Walmart a la mañana siguiente.
Ha sido una lucha desde entonces.
A los pocos días de ser desalojado, Bustamante fue hospitalizado por deshidratación, agotamiento y un posible mini accidente cerebrovascular. La mudanza, el calor excesivo y el alto estrés agotaron su sistema, dijo Bustamante.
Al momento de escribir este reportaje a fines de septiembre Bustamante se sentía mejor, pero con un desalojo en su historial, la familia había sido rechazada repetidamente en nuevos alquileres. Durante las últimas semanas, han presentado solicitudes en decenas de lugares y han tenido que pedir prestado dinero a su madre para cubrir las tarifas de aplicacion y la verificación de antecedentes.
Todavía estaban buscando hace un par de semanas.
Afortunadamente, habían podido obtener algo de asistencia y, en su mayoría, evitar los refugios y quedarse en hoteles.
La esposa y la hija adulta de Bustamante, que se quedaba con ellos cuando ocurrió la pandemia, fueron las primeras en perder sus trabajos.
Emilio Bustamante en una clase en línea con sus alumnos de 5to grado de Craycroft Elementary School desde un cuarto de hotel en Country Inn and Suites, 6681 S. Tucson Blvd., el 10 de septiembre de 2020, después de haber sido desalojado de su casa.
Y aunque Bustamante no fue despedido del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside, sus fuentes adicionales de ingresos terminaron. Dejó de ganar, por ejemplo, $30 por hora para el programa de diversión después de la escuela que dirigía todos los días, así como el dinero que ganaba trabajando algunos fines de semana como técnico de salud conductual.
Tampoco pudo traer los $4,000 a $5,000 adicionales que generalmente gana enseñando en la escuela de verano y que se canceló debido a la pandemia. Su esposa ha tratado de obtener beneficios por desempleo, dijo, pero no había tenido éxito.
“Mi esposa perdió más de $3,000 al mes que ganaba como cuidadora”, dijo.
Desde marzo a septiembre, estimó Bustamante, sus ingresos se habían reducido en más de $21,000, y esta pérdida se suma a la necesidad ahora de ayudar a mantener a sus dos nietos.
”Se sienten como si los hubieran abandonado”
Han pasado más de seis meses desde que Ducey firmó una moratoria de desalojo que necesitaba un componente clave para funcionar: asistencia rápida de alquiler para los propietarios. Hasta ahora, sólo alrededor de$12 millones de los $90 millones disponibles en fondos de prevención de desalojos se han distribuido en Arizona.
Y eso es lo más inquietante, dijo Courtney Gilstrap LeVinus, presidenta de la Asociación de Viviendas Múltiples de Arizona.
“La ciudad de Houston desplegó $15 millones en ayuda por desalojo en horas. San Antonio desplegó $33 millones”, dijo. “Mientras tanto, los gobiernos estatales y locales de Arizona han prometido alrededor de $90 millones en fondos de ayuda para el desalojo para ayudar a las familias que luchan financieramente”.
LeVinus dijo que muchos propietarios de casas de renta “familiares” son presonas jubiladas que dependen del alquiler para sus ingresos y no se les ha pagado durante más de medio año.
“Están frustrados”, dijo LeVinus, “porque se siente como si los hubieran abandonado”.
La situación se ha visto agravada por el estado que puso fin al Fondo de Preservación de Propietarios de Alquiler de Propiedades del gobernador después de agotar su asignación de $5 millones.
“Esa fue la mejor opción para los propietarios de propiedades de alquiler, incluidas las pequeñas empresas, para obtener un alivio directo”, dijo LeVinus. “Ese dinero se fue rápido y ese fue el final de todo. Ahora, nuevamente, es probable que veamos una avalancha de ejecuciones hipotecarias en los próximos meses. Simplemente no hay suficientes fondos de ayuda para los propietarios que han trabajado de buena fe para evitar los desalojos”.
Los programas actuales requieren que el inquilino solicite la asistencia en lugar del dueño de la propiedad, lo que LeVinus dijo que es parte del problema, “porque muchos inquilinos no se sienten motivados para solicitar asistencia, dado que no pueden ser desalojados bajo la moratoria”.
Es difícil encontrar un equilibrio entre lo que les está sucediendo a los propietarios y lo que enfrentan los inquilinos, dijo Manira Cervantes, gerente de programas de la Agencia de Acción Comunitaria del Condado Pima.
“Creo que necesitamos mejores derechos de los inquilinos, y creo que es oportuno que se produzca esa discusión para que se puedan implementar cambios que protejan tanto al propietario como a los inquilinos”, dijo Cervantes. “Idealmente, el aviso por escrito de cinco días para pagar o desalojar debe aumentarse idealmente para permitir que el inquilino tenga tiempo para encontrar recursos y hacer un plan”.
El COVID-19, dijo, “nos ha hecho a todos analizar mejor los procesos, la tecnología y los trámites burocráticos que afectan la prestación de servicios”.
“Si bien podemos agilizar los procesos y realizar cambios internos”, dijo Cervantes, “solo espero que se produzcan cambios federales en las políticas que han estado vigentes durante muchas décadas”.
”Todo un calvario”
Casi al mismo tiempo que Bustamante y su familia se mudaron de su casa rentada, otra pareja de Tucsón que enfrentaba dificultades financieras pudo evitar un desalojo.
La diferencia puede haber sido tan simple como el momento oportuno -con una nueva moratoria de desalojo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)-, pero hay algo que quizá ayudó aún más: asesoramiento legal.
Además de los casos tomados por Southern Arizona Legal Aid, cuyos abogados han ayudado a 189 residentes aquí con problemas legales relacionados con el COVID-19 y 564 con viviendas en general del 1 de marzo al 31 de agosto de este año, algunos otros abogados de Tucsón han comenzado a brindar ayuda legal gratuita a los inquilinos que enfrentan desalojos.
El abogado que ayudó a Karah y Art Anaya al final de su caso pidió permanecer en el anonimato.
La pareja tenía dificultades financieras antes de que comenzara la pandemia y dijo que habían establecido un plan de pago con el propietario del lote y una casa móvil de alquiler con opción a compra, que Karah Anaya dijo que está casi pagada.
Si los desalojaban, perderían la casa móvil casi imposible de mover.
Karah Anaya dijo que ambos estaban trabajando en marzo, pero perdieron sus trabajos (Art Anaya era jardinero y Karah Anaya, cuidadora) después de que comenzó la pandemia. Y su estrés financiero se vio agravado por retrasos tanto con el desempleo como con la asistencia para el alquiler.
¿Le dijo al propietario que estaban teniendo problemas económicos? Karah Anaya dijo que sí, que le notificaron por mensaje de texto y por escrito, pero el abogado del propietario dijo que no.
“En este caso, el juez les dio a los Anaya múltiples oportunidades para demostrar que cumplían con los requisitos para que se aplicaran las protecciones de la orden ejecutiva”, dijo el abogado del propietario, James Landon.
“Por alguna razón, sólo lo hicieron en el último momento posible y para entonces era un punto discutible, porque la moratoria de desalojo de los CDC estaba en vigencia”.
Cuando comenzó a pasar por el proceso de desalojo, Karah Anaya no estaba segura de qué hacer para prepararse para su audiencia de comparecencia inicial.
Después de que un juez pro-temporal ordenó el desalojo, el agente Joe Ferguson lo retrasó por orden del gobernador, dándoles un poco más de tiempo. Ferguson le recomendó a Karah Anaya que intentara proporcionar al tribunal pruebas de sus dificultades financieras, lo que no hizo en esa primera audiencia. Dado que los procedimientos no se llevan a cabo en persona, los documentos deben cargarse electrónicamente, lo que puede ser un desafío para muchas personas, incluidas varias entrevistadas para esta historia.
Los Anaya estaban al borde de quedarse sin hogar, pero con la ayuda del abogado, Karah Anaya le pidió al juez Vince Roberts que lo reconsiderara. Pudo argumentar, en la próxima audiencia, que el fallo era ilegal y que estaba siendo desalojada solo por dificultades financieras relacionadas con la pandemia, lo que violaba tanto la orden del gobernador como, cuando se resolvió el asunto, la nueva ley de los CDC.
Hasta 500 personas en el condado podrían ser desalojadas ilegalmente aquí para fines de octubre, dijo Anthony Young, director ejecutivo de Southern Arizona Legal Aid Services. Las inconsistencias en la forma en que se manejan los casos dejan a algunos inquilinos vulnerables, dijo.
“Hay una gran cantidad de desalojos que nunca deberían haberse presentado en primer lugar”, dijo Young. Lo lamentable es que las moratorias estatales y federales no están realmente previniendo los desalojos, dijo.
“La lógica sugeriría que nadie debería reubicar su vivienda bajo ninguna circunstancia que no sea una actividad criminal”, dijo Young. “Estamos en medio de una pandemia”.
Desalojado “en interés de la justicia”
Según la orden ejecutiva de Ducey, los jueces no deben ordenar desalojos contra personas que no estén pagando debido a las dificultades de la pandemia, pero pueden hacerlo si el desalojo debe llevarse a cabo “en interés de la justicia” y por infracciones materiales, como actividades criminales o una violación significativa del contrato de arrendamiento.
Ahora, con una nueva moratoria federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no se supone que sucedan los desalojos a menos que haya una infracción material grave. La clave es hacer que la gente firme una carta modelo para que los propietarios y los tribunales sepan lo que está sucediendo.
Eso puede resultar desafiante por varias razones, dijo Kristen Randall, agente de policía que preside el condado, incluidas las personas que no están al tanto de la orden o no la entienden lo suficientemente bien como para firmarla.
Desde que los casos comenzaron a escucharse nuevamente aquí a principios de junio, después de que los tribunales estuvieron cerrados durante varias semanas debido al COVID-19, los datos del condado muestran que 472 personas o familias han sido desalojadas.
Algunos de estos desalojos se debieron a actividades delictivas o un incumplimiento significativo del contrato de alquiler, dijo Randall, pero otros involucraron a personas que simplemente no tenían suficiente dinero para pagar.
Ahora, incluso con la nueva orden de los CDC, se han programado más de 250 audiencias de desalojo aquí en lo que va de septiembre.
Se estima que 365,000 inquilinos de Arizona pueden enfrentar el desalojo en los próximos cuatro meses, con 74,000 de ellos en riesgo viviendo en el Condado Pima, según muestra un análisis reciente de la firma consultora Stout Risius Ross.
Prisa por ayudar antes de que venzan las moratorias
La Ciudad de Tucsón trabajaba en 4,000 solicitudes de asistencia para vivienda y servicios públicos recibidas durante un período de un mes, desde principios de agosto hasta principios de septiembre.
La ciudad no aceptará más solicitudes, dijo Liz Morales, directora de Desarrollo Comunitario y de Vivienda de Tucsón, pero lo hará si hay más fondos federales disponibles.
El tiempo que lleva completar cada aplicación es abrumador, dijo Morales. “Y hemos contratado a tres agencias, así que no es por falta de gente”, dijo.
En este momento, la ciudad tiene $4.5 millones en dólares federales para distribuir, dijo Morales, entre los fondos de ayuda para el coronavirus y los fondos de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario.
¿Uno de los principales objetivos de la ciudad? Ayudar a tantas personas como sea posible con el alquiler antes de que se levanten las moratorias de desalojo.
Para ayudar, el estado ha proporcionado fondos adicionales para dotar de personal a las agencias locales y también está trabajando para facilitar los requisitos de elegibilidad, dijo Janelle Johnsen, oficial de comunicaciones del Departamento de Vivienda de Arizona.
“Me es imposible apelar”
El desalojo de Bustamante, el maestro de Sunnyside, se otorgó “en interés de la justicia”. Los documentos judiciales no brindan más explicaciones, excepto que su solicitud de reconsideración fue denegada porque “no había fundamentos legales”.
Emilio Bustamante empaca las pertenencias de su familia en un hotel cerca del aeropuerto. Él dice: “Supongo que fui ingenuo” al pensar que la moratoria de desalojos del estado lo protegería.
Durante la audiencia inicial de Bustamante, cuando se dictó por primera vez la orden de desalojo a fines de julio, trató de subir documentos pero no se aceptaron. Durante la audiencia, no sintió que tuviera la oportunidad de decirle al juez que toda su familia había estado enferma o que no había podido entregarle los documentos.
La jueza Susan Bacal no fijó otra audiencia y, en cambio, tras una audiencia que duró menos de 10 minutos, dictaminó el desalojo. Bustamante se quedó atónito.
Después de que se dictó la sentencia de desalojo y su caso continuó, Bustamante quiso presentar una apelación pero no pudo pagarla después de que Bacal fijó una fianza de casi $6,000, la cantidad que debía en concepto de renta atrasada, restitución y recargos por mora como parte del fallo.
El propósito de la fianza es garantizar que se le reembolse al arrendador o al dueño de la propiedad, pero Bustamante, quien trató de que el juez renunciara a la cantidad, dijo que el arrendador ya le había dicho a la corte que no quería el alquiler o las tarifas atrasados. simplemente quería que la casa estuviera vacía para poder venderla.
¿Podría Bacal haberle permitido apelar?
Según las reglas de procedimiento delineadas por la Corte Suprema de Arizona, los jueces que presiden el caso de desalojo pueden “renunciar a la fianza si el apelante presenta una declaración jurada satisfactoria de su incapacidad para pagar”.
El tribunal superior también insta a los jueces a que, al brindar orientación sobre cómo manejar estos casos durante la pandemia, “otorguen generosamente aplazamientos y hagan adaptaciones” para cualquier persona que tenga dificultades para participar en sus procedimientos.
Al final, ninguno ayudó a Bustamante, quien no tenía la experiencia para presentar argumentos legales.
Cuando estaba angustiado en las semanas posteriores a su desalojo, Bustamante a veces le enviaba un mensaje de texto a Bonnie Bazata, gerente de programa de Ending Poverty Now del condado, cuya agencia lo había ayudado.
En una noche particularmente mala, Bustamante le envió a Bazata un mensaje diciendo que sentía que le había fallado a su familia. Bazata rápidamente lo corrigió. “Ella me dijo: ‘No, Emilio, no le fallaste a tu familia. El sistema te falló a ti”.