La familia de un hombre de Tucsón que murió bajo custodia policial en abril está buscando obtener un total de $19 millones de dólares de los contribuyentes de la ciudad y de tres policías presentes en la escena.
Los abogados de la familia de Carlos “Adrián” Ingram-López anunciaron el martes 4 de agosto que presentaron una notificación formal de reclamo en el caso, un recurso precursor de una demanda que da a los acusados de irregularidades la oportunidad de evitar una acción judicial al aceptar un acuerdo.
Los funcionarios de la ciudad “realmente necesitan poner su dinero donde está su boca”, dijo el abogado de lesiones personales Matt Schmidt, uno de los tres abogados de Tucsón que representan el patrimonio del hombre fallecido y su hija de 2 años, Sophie Ingram.
El padre de Schmidt, el abogado Ted Schmidt, quien también es parte del equipo legal, dijo que un pago es la única forma de arreglar las cosas para una familia víctima de la mala conducta policial.
“No conozco otra manera que tomar dinero de la ciudad y dárselo a Sophie”, dijo Schmidt padre.
Unas 400 personas asistieron a una vigilia el jueves por la noche en El Tiradito, un santuario público al sur del centro de Tucsón, y muchos caminaron a la estación de policía, donde mostraron su indignación.
La notificación busca $10 millones de la ciudad y $3 millones de cada uno de los tres ex oficiales del Departamento de Policía de Tucsón que, según el jefe del Departamento de Policía de Tucsón (TPD, por sus siglas en inglés), violaron varias políticas relacionadas con el arresto durante el incidente.
El abogado de la ciudad, Mike Rankin, se negó a comentar sobre la demanda.
Ingram-López, de 27 años, quien tenía el corazón agrandado, un historial de abuso de cocaína y estaba drogado durante su enfrentamiento con la policía, murió el 21 de abril en el piso del garaje de su abuela. Ella había llamado al 911 diciendo que él estaba corriendo desnudo y actuando de manera errática.
El video de la cámara corporal de la policía grabó un encuentro de más de 10 minutos en el que los agentes inmovilizaron a Ingram-López con las esposas y lo mantuvieron boca abajo.
Una vez, al inicio del forcejeo, Ingram-López exclamó: “No puedo respirar”, antes de quedarse en silencio, muestra el video.
Se supone que los sospechosos detenidos y esposados en el suelo deben mantenerse de lado en posición de recuperación, según la política del TPD, una de varias reglas que incumplieron tres agentes de policía durante el incidente, mostró una investigación interna del TPD.
Los tres oficiales, a quienes se les permitió permanecer en servicio después del incidente, renunciaron cuando se enfrentaron a una acción de despido.
El caso ha recibido una amplia atención en Tucsón y en otros lugares desde junio, cuando la policía notificó tardíamente al ayuntamiento y publicó imágenes de video del incidente dos meses después de que ocurrió.
El caso está siendo revisado por el FBI y por la Fiscalía del Condado Pima (Pima County Attorney’s Office), que aún no han dado a conocer sus decisiones.
El médico forense del Condado Pima dictaminó que la forma de muerte de Ingram-López era “indeterminada”. La causa de la muerte se atribuyó a un “paro cardiaco súbito en el contexto de una intoxicación aguda por cocaína y restricción física”, con el agrandamiento del corazón como una “condición contribuyente significativa”.
La familia pagó recientemente una segunda autopsia que sugirió que la policía pudo haber causado la muerte, pero no llegó a emitir una nueva causa de muerte.
En cambio, la segunda autopsia encontró que la muerte era “más consistente con” asfixia.
“Su muerte es más consistente con la asfixia debido a una vía respiratoria comprometida, que se explica mejor por la posición boca abajo que restringe su respiración”, dijo.
ADVERTENCIA: VIDEO GRÁFICO. Obtenido desde la cámara corporal de un policía tratando de detener a Carlos Ingram-López, de 27 años, el 21 de abril de 2020. Ingram-Lopez murió en custodia de la policía. Video proporcionado por el Departamento de Policía de Tucsón.
Los abogados de la familia dijeron que los oficiales, uno de los cuales era un ex paramédico, deberían haber reconocido que el estado sumamente agitado del hombre lo ponía en alto riesgo de una crisis médica y debieron haber llamado a los paramédicos de inmediato.
La muerte de Ingram-López ocurrió más de un mes antes de que George Floyd, un hombre de color, muriera en Minneapolis por la rodilla de un oficial de policía blanco en su cuello, lo que provocó protestas en todo el país por la brutalidad policial contra los las personas de color.
El abogado de los sobrevivientes de Ingram-López citó la pancarta de Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan) que la alcaldesa de Tucsón, Regina Romero, colgó afuera de su oficina en el Ayuntamiento mientras defendían públicamente una compensación financiera en una videoconferencia de prensa el 4 de agosto.
Los abogados dijeron que si la ciudad cree que la vida de las personas de color es importante, los funcionarios deberían demostrarlo resolviéndose fuera de los tribunales.
“Es maravilloso que podamos enarbolar una pancarta en el Ayuntamiento diciendo que Black Lives Matter”, dijo el abogado Ted Schmidt. Ahora es el momento de que el ayuntamiento “siga el camino”, dijo.
También el 4 de agosto, el departamento de policía anunció que había ocurrido una muerte bajo custodia en la madrugada de ese día.
Esa muerte involucró a un hombre de 29 años que probablemente murió de una sobredosis de drogas, dijo el jefe de policía de Tucson, Chris Magnus.
A raíz de las protestas por la muerte de Ingram-López, el ayuntamiento ahora exige la notificación pública rápida por parte de la policía de cualquier muerte bajo custodia.
