Esta historia fue creada por La Estrella de Tucsón con el apoyo de la Asociación de Escritores de Educación (EWA, por sus siglas en inglés) para indagar sobre cómo la pandemia está afectando los planes de estudiantes latinos universitarios y enlazarlos a ellos y a sus familias con recursos disponibles. Visita tucson.com/laestrella/becas para consultar una guía de becas e información útil para estudiantes.
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Cuando Liz Vega y su madre recibieron por correo un folleto de la Universidad de Arizona hace unos años, experimentaron un sentimiento similar al de muchos padres de estudiantes que pretenden asistir a la universidad: el impacto del costo. El “costo por la educación” para estudiantes residentes del estado como Vega, decía el folleto, era de alrededor de $25,000.
“Mi mamá me dijo ‘bueno, eso es mucho, y no estoy segura de cómo vas a pagar eso’”, recuerda Vega.
Pero Vega tenía una ventaja que la mayoría de los estudiantes no tienen: su preparatoria estaba al otro lado de la calle de la universidad a la que esperaba asistir. Así que poco después de recibir ese folleto, caminó desde Tucson High a la oficina de ayuda financiera de la UA y pidió una aclaración.
La respuesta que recibió fue alentadora. Resulta que el “costo por la educación” era una estimación, y sería significativamente menor si Vega viviera en casa con su familia, como ella planeaba. También se distribuiría el costo en dos semestres, no lo pagaría en un solo pago.
Tres años después, Vega es estudiante de tercer año de psicología y ciencias políticas en la UA. Tiene un trabajo en la oficina de ayuda financiera, donde asiste a otros estudiantes a descifrar la terminología que confunde a tantas familias: acrónimos como COA (Costo de Asistencia), EFC (Contribución Familiar Esperada) y FAFSA, abreviatura de la Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera Federal para estudiantes.
“El lenguaje de ayuda financiera puede ser extremadamente confuso, especialmente si perteneces a la primera generación”, dijo Vega, quien es la primera de su familia en asistir a la universidad.
Para los padres latinos que fueron a la universidad en otro país o nunca asistieron a ninguna, determinar cómo financiar la educación de sus hijos puede ser abrumador. El costo es alto, la terminología es desconocida y la información no siempre está disponible en español. La ayuda financiera puede parecer distante y pedir prestado para pagar la universidad puede sentirse riesgoso.
Sunnyside ha recaudado más recursos y creado un fondo de emergencia para ayudar a familias de bajos ingresos a permanecer seguros en casa durante la crisis actual.
Aunque muchos padres latinos quieren, e incluso esperan, que sus hijos estudien una carrera universitaria de cuatro años, algunos finalmente deciden que no vale la pena, según Rafael Meza, director principal de Excelencia Inclusiva y Desarrollo Comunitario en la Universidad de Arizona y vicedecano de Admisiones.
“Existe un estereotipo de que uno no recibirá mucho por su dinero”, dijo Meza, quien es originario de Tucsón y ex alumno de la UA de primera generación. Las familias se preguntan, “¿para qué ir a la universidad si vas a terminar con tanta deuda? Mejor sería conseguir un trabajo o asistir a un colegio comunitario”.
Esa actitud puede ser una de las razones por las que las tasas de inscripción a la universidad de alumnos latinos siguen estando por debajo de las de los alumnos blancos, tanto a nivel nacional como en Arizona, donde los latinos representan casi la mitad de las inscripciones de K-12. En 2017, el 46% de los egresados hispanos de las preparatorias de Arizona se inscribieron en la universidad, en comparación con el 60% de los estudiantes blancos, según la Junta de Regentes de Arizona.
Cerrar, o al menos reducir, esa brecha impulsaría tanto a las familias latinas como a la economía estatal.
Con miles de baby boomers (personas nacidas entre 1946 y 1964) jubilándose cada año, y un número creciente de empleos que requieren educación más allá de la preparatoria, Arizona no podrá sostener su fuerza laboral a menos que muchos más hispanos obtengan un título o acreditación superior.
Pero no será fácil. La diferencia abismal de inscripción entre estudiantes blancos e hispanos tiene muchas causas y requerirá múltiples soluciones, incluida la inversión de más dinero en las escuelas primarias y secundarias públicas de bajo rendimiento que inscriben de manera desproporcionada a estudiantes de color.
Sin embargo, un primer paso podría ser desmitificar el proceso de pago de la universidad y refutar algunos mitos y percepciones erróneas comunes que impiden que los latinos asistan a la universidad. Aquí tenemos cinco de ellos.
Mito 1. La universidad es inalcanzable
Las universidades estadounidenses son caras, sin duda, y cada vez lo son más. En la última década, la matrícula y las cuotas han aumentado en más de un 20% en todos los sectores, según The College Board. Durante ese tiempo, las universidades públicas de cuatro años aumentaron su costo de inscrpción a una tasa anual promedio de 2.2% por encima de la inflación.
También es cierto que las familias ahora asumen más del costo de la universidad que antes, debido a los recortes presupuestarios estatales y la incapacidad de la ayuda financiera federal para mantener la misma velocidad que la del aumento del costo de matrícula.
Pero hay una gran diferencia entre el precio de lista (el costo que la universidad anuncia en folletos como el que recibió Vega) y el precio neto, que es lo que las familias realmente pagan. Vivir y comer en casa, como lo que ella optó por hacer, puede reducir la cuenta a la mitad, en algunos casos.
Si tiene bajos ingresos, también es probable que los estudiantes con residencia permanente o ciudadanía califiquen para los apoyos económicos estatales y federales y los créditos en los impuestos, incluyendo el apoyo económico federal llamado Pell Grant, que llegó a ser de $6,195 el año pasado.
Las becas pueden reducir aún más sus costos, aunque toma tiempo encontrarlas. Para simplificar el proceso de búsqueda, la Universidad de Arizona ha creado un buscador que hace coincidir a los estudiantes con millones de dólares de becas internas y externas. La Estrella de Tucsón está lanzando su sitio bilingüe BECAS, en www.tucson.com/laestrella/becas, que también incluye una guía de ayudas financieras a las que estudiantes latinos de pueden aplicar, incluyendo algunas para personas con DACA e indocumentadas.
Alex Núñez, encargado de selección para el programa de honores de la UA, recomienda a los estudiantes empezar anticipadamente a buscar ayuda financiera y solicitar tantas becas como puedan encontrar, por pequeñas que sean.
“No le des poco valor a una ayuda de $500”, les dice Núñez. “Si un sábado ocupas una hora escribiendo el ensayo, esa será la máxima cantidad que ganarás en una hora en tu vida”.
En 2015-16, los estudiantes pertenecientes a familias de bajos ingresos pagaron una matrícula neta promedio y cuotas de $2,340 para asistir a una universidad pública de cuatro años, muy por debajo del costo promedio cotizado en $9,410, según el sitio College Board. En las universidades públicas más caras, los estudiantes de menores ingresos pagaron $7,580, menos de una cuarta parte del costo anunciado. Pero la opción más económica fue el colegio comunitario, donde pagaron $550.
Mito 2. FAFSA no vale la pena... ni el riesgo
Cada año, miles de familias que calificarían para la ayuda financiera federal no presentan la Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera Federal (FAFSA) y por lo tanto renuncian a miles de millones en dinero gratis para asistir a la universidad, según un estudio de NerdWallet.
Algunas de estas familias asumen que no calificarían para recibir la ayuda; a otras les preocupa compartir su información personal con el gobierno federal, particularmente si uno de los padres del estudiante es indocumentado. Otras familias se ven abrumadas por la complejidad de la solicitud.
De hecho, presentar la solicitud de FAFSA es mucho más simple de lo que solía ser.
Ahora, casi todos los solicitantes completan la solicitud en línea, donde la lógica de exclusión, junto con una herramienta que importa los datos tributarios del IRS, permite a los declarantes evitar contestar muchas de las preguntas y anticipar la respuesta de otras.
Esas tecnologías han reducido el tiempo promedio para llenar la solicitud de FAFSA de más de una hora a menos de un tercio de eso, según el Departamento de Educación.
Cortesía de Meghan McKenney
Meghan McKenney, directora de asesoramiento en la Oficina de Becas y Ayuda Financiera de la Universidad de Arizona.
Meghan McKenney, directora de asesoramiento en la Oficina de Becas y Ayuda Financiera de la Universidad de Arizona, les dice a las familias que primero soliciten su nombre de usuario y contraseña, conocido como FSA ID. Una vez que obtengan eso, deben juntar todos los documentos que necesitarán para llenar la solicitud de FAFSA antes de empezar. Si se quedan atorados, la universidad tiene un equipo de servicio al cliente integrado por 10 personas que les pueden ayudar.
¿Y qué pasa con las preocupaciones sobre la privacidad? Los funcionarios de las universidades y escuelas confirman que se compartirán los datos de los estudiantes con las agencias federales para confirmar su estatus migratorio, pero no los datos de sus padres. Los padres indocumentados simplemente deben ingresar una serie de ceros en lugar de su número de seguro social, según Norma Navarro-Castellanos, directora ejecutiva de ayuda financiera y becas en el Colegio Comunitario Pima (PCC).
“Todo lo que ingrese en la solicitud es solamente para el propósito de la educación de su hijo”, explica María Federico Brummer, directora de Servicios Estudiantiles Mexicoamericanos del Distrito Escolar Unificado de Tucsón.
Mito 3. Estás solo en esto
Cuando Deborah Santiago, la CEO de Excelencia in Education - una organización sin fines de lucro con sede en Washington que ayuda a estudiantes latinos -, estaba terminando la escuela preparatoria a mediados de la década de 1980, tuvo que averiguar cómo inscribirse en la universidad y solicitar la ayuda financiera por sí misma. Sus padres puertorriqueños no habían ido a la universidad hasta entonces y vivían en España, donde su padre servía en el Ejército.
“Mis padres siempre decían que yo fuera a la universidad, pero no sabían cómo, ni dónde”, dice Santiago. “La responsabilidad recaía en mí para averiguar cómo pagarla”.
Así que ella hizo lo que muchos estudiantes de su generación hicieron: buscó la ayuda de sus maestros y consejeros.
Hoy en día, esa ayuda es más difícil de encontrar. A medida que la carga de trabajo de los consejeros han aumentado y sus responsabilidades se han multiplicado, el tiempo que pueden dedicar a los estudiantes en particular para la planificación universitaria se ha reducido. A nivel nacional, actualmente hay un promedio de solo 1 consejero por cada 430 estudiantes, muy por encima de la proporción 1 por cada 250 recomendada por la Asociación Americana de Consejeros Escolares. La proporción en Arizona es la peor del país: 1 consejero por cada 905 estudiantes.
“No tenemos los fondos para proporcionar la preparación privada que muchos distritos más ricos tienen”, dice N.J. Utter, directora de educación profesional y técnica del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside. “Así que corresponde a los jóvenes”.
Afortunadamente, las organizaciones comunitarias y las organizaciones sin fines de lucro han llenado este vacío, ofreciendo de todo, desde noches para completar la solicitud de FAFSA hasta asesoramiento particular intensivo desde que están en secundaria.
Los distritos escolares locales y las universidades también han participado, ofreciendo programas específicos para los padres. La Universidad de Arizona tiene un taller de un día para padres de estudiantes de secundaria y un programa más largo de 12 semanas para padres de estudiantes de primaria.
PCC ofrece talleres específicos para estudiantes indocumentados sobre cómo financiar la universidad, dado que no son candidatos para ayuda federal o estatal.
También la mayoría de los consejeros ayudarán si uno toma la iniciativa, según Hilda Ladner, la oficial de Diversidad, Equidad e Inclusión en el Colegio Pima.
“Aunque estén abrumados, si puedes establecer una relación con ellos, están ahí para ayudar, y lo quieren hacer”.
Mito 4. La carta de otorgamiento es una oferta final
La carta de otorgamiento, también conocida como la oferta de ayuda financiera, es el documento que las universidades envían a los solicitantes admitidos con detalles de su “paquete” de ayuda financiera. Puede incluir subvenciones, préstamos, becas o alguna combinación de éstos, y se le puede pedir que firme y lo devuelva a la escuela, indicando si acepta o rechaza cada fuente de ayuda.
Pero no es una oferta final. Los latinos han sido afectados desproporcionadamente por la pandemia: un 40% informan que han sufrido un recorte salarial, y casi un 30% dicen que han sido despedidos, según una encuesta realizada en marzo por Pew Research Center. Eso se compara con un 27% y un 20% de todos los estadounidenses.
Si tu situación financiera ha cambiado desde que presentó la solicitud de FAFSA, siempre puedes solicitar que su otorgamiento sea reevaluado; este es un proceso conocido como “evaluación profesional”. Podrías calificar para recibir ayuda federal o institucional adicional. Durante este año de la pandemia, algunas universidades están activamente promoviendo que las familias lo hagan.
Tampoco te desanimes si tu solicitud es rechazada. Cuando Vega recibió su carta inicial de otorgamiento, no se incluía el Arizona Assurance Program, que es un generoso programa de becas para estudiantes de bajos ingresos. Así que se fue a la universidad para preguntar si había algo que pudiera hacer y se enteró de que podía apelar la decisión. Lo hizo y obtuvo el apoyo.
“Muchos estudiantes no quieren hacer preguntas porque tienen miedo, les da pena”. Su consejo: “No tengas miedo, no seas tímido, y lucha por ello”.
Navarro-Castellanos dice a las familias que tomen la elección de una universidad como si fueran consumidores y que comparen las diferentes fuentes de ayuda como lo harían con cualquier otra compra grande.
“Tú eres el que está de compras, y está en tu poder determinar no sólo si esta escuela es una buena opción para ti, sino que si es algo que puedes pagar. Hay que abogar por ti mismo.”
Mito 5. Pedir prestado es una mala idea
Los latinos tienen una reputación de ser reacios a endeudarse y son menos propensos que la comunidad blanca o afroamericana a pedir prestado para pagar la universidad. En 2015-16, solo el 29% de los latinos aceptaron préstamos federales, en comparación con casi la mitad de los prestatarios negros y el 38 % de los prestatarios blancos, según un análisis de Excelencia in Education. También tomaron préstamos por menor cantidad que cualquier grupo racial y étnico, con un promedio de $6,571.
“Les preocupa que si aceptan un préstamo, nunca lo pagarán”, explica Brummer.
Esas preocupaciones no son infundadas. Los prestatarios latinos son más propensos a dejar de pagar su deuda que los blancos, con una tasa de falta de pago de 35% por un periodo de 12 años, según Excelencia in Education.
Pero la falta de pago no está distribuida uniformemente en toda la variedad educativa. Por ejemplo, las personas que abandonan sus estudios universitarios y las que asisten a una universidad con fines de lucro son más propensas a retrasarse con su préstamo que aquellas que se gradúan de una universidad pública o privada de cuatro años.
Si bien es prudente limitar el endeudamiento al mínimo necesario, asumir alguna deuda para pagar la universidad puede ser una buena inversión. En Arizona, las personas con títulos de cuatro años ganan casi el doble que aquellas con solo un diploma de high school: $53,091 de salario promedio frente a $27,708, según un estudio de la Junta de Regentes de Arizona en 2016. A lo largo de una carrera, los graduados universitarios ganarán un estimado de $1 millón más que aquellos con solo un diploma de preparatoria.
La clave es recordar que no todos los préstamos son creados de igual manera. Los préstamos estudiantiles privados, que son emitidos por bancos, cooperativas de crédito y agencias estatales, son generalmente (pero no siempre) más caros que los préstamos federales y tienden a ofrecer menos opciones de pago y beneficios para los prestatarios. A menudo requieren que el estudiante empiece a pagar cuando todavía sigue en la universidad, y por lo general no ofrecen condonación del préstamo para servidores públicos (aunque algunas agencias estatales sí lo ofrecen). Las tasas de interés varían según la entidad crediticia y las circunstancias individuales.
Los préstamos federales, en cambio, vienen con términos y condiciones consistentes, establecidos por la ley. El pago del préstamo no comienza sino hasta que el prestatario se gradúa, deja la escuela o si reduce su inscripción a menos de medio tiempo, y hay opciones para posponer temporalmente los pagos. Si uno es de ingresos bajos o medianos, puede calificar para un préstamo subsidiado que no acumulará intereses mientras que el estudiante todavía asista a la universidad.
“El temor de pedir prestado es enorme”, dice McKenney. Ella les dice a las familias que aunque pedir un préstamo estudiantil federal es un compromiso serio, a menudo es una opción más barata que un préstamo privado o pagar la escuela con tarjeta de crédito.
Ladner dice que las familias deben ver un préstamo como una inversión en los ingresos futuros de sus hijos y tener un plan para pagarlo.
“No todos los préstamos son malos, especialmente si te permite terminar más rápido”, explica Santiago. “Pero hay que sentirse cómodo con lo que esto significa”.
ENGLISH VERSION
When Liz Vega and her mom got a brochure in the mail from the University of Arizona a few years ago, they experienced a feeling familiar to many parents of college-bound students: sticker shock. The total “cost of attendance” for in-state students like Vega, the flyer said, was around $25,000.
“My mom was like ‘Wow, that’s a lot, and I’m not sure how you’re going to pay for that,’” Vega recalled.
But Vega had an advantage most students don’t: her high school was across the street from the university she hoped to attend. So shortly after receiving the brochure, she walked over from Tucson High to the financial aid office and asked for a clarification. The response she got was reassuring. The “cost of attendance,” it turned out, was an estimate, and would be significantly less if Vega lived at home, as she planned. It would also be spread out over two semesters, not paid in one lump sum.
Three years later, Vega is a junior at the university, studying psychology and political science. She has a job in the office of financial aid, where she helps other students decipher the jargon that trips up so many families – acronyms like COA (Cost of Attendance), EFC (Expected Family Contribution), and FAFSA, shorthand for the Free Application for Federal Financial Aid.
“Financial aid language can be extremely confusing, especially if you’re first generation,” said Vega, who is the first in her own family to attend college.
For Latino parents who attended college in another country or never went, figuring out how to finance a child’s education can feel overwhelming. The price tag is high, the terms are unfamiliar, and the information isn’t always available in Spanish. The financial payoff may seem remote, and borrowing to pay for college can feel risky. While many Latino parents want – and even expect- their children to attend a four-year college, some ultimately decide that it’s not worth it, says Rafael Meza, senior director for Inclusive Excellence and Community Development at The University of Arizona, and an assistant dean of undergraduate admissions.
“There’s a stereotype that you’re not going to get a whole lot for your money,” said Meza, who is a Tucson native and former first-generation UA student himself. Families figure, “why go, if you’re going to have this debt. You should just get a job or go to a community college.”
That mindset may be one reason Latino college enrollment rates continue to lag behind those of white students, both nationally and in Arizona, where Latinos make up roughly half of K-12 enrollments. In 2017, 46 percent of the state’s Hispanic high school graduates enrolled in college, compared to 60 percent of its white students, according to the Board of Regents.
Closing — or at least narrowing – that gap would boost Latino families and the state economy alike. With thousands of baby boomers retiring each year, and a growing number of jobs requiring education beyond high school, Arizona won’t be able to sustain its workforce unless many more Hispanics earn a postsecondary degree or credential.
But it won’t be easy. The enrollment gulf between white and Hispanic students has many causes, and will require multiple solutions, including investing more money in the low-performing public primary and secondary schools that disproportionately enroll students of color.
A first step, though, might be to demystify the process of paying for college and debunk some of the common myths and misperceptions that keep Latinos from college. Here are five of them.
1. College is Unaffordable
American colleges are expensive, for sure, and growing ever more so. Over the past decade, tuition and fees have gone up by more than 20 percent, across sectors, according to The College Board. During that time, public four-year colleges grew their tuition at an average annual rate of 2.2 percent beyond inflation.
It’s also true that families are shouldering more of the cost of college than they used to, thanks to state budget cuts and the failure of federal aid to keep pace with rising tuition.
But there’s a big difference between sticker price – the cost that college’s advertise in brochures like the one Vega received – and net price, what individual families actually pay. Living and eating at home, as she opted to do, can cut your bill in half, in some cases.
If you’re low income, you’re also likely to qualify for state and federal grants and tax credits, including the federal Pell Grant, which topped out at $6,195 last year.
Scholarships can cut your costs still further, though it takes time to find them. To streamline the search process, the University of Arizona has created a search engine that matches students with millions of dollars in internal and external scholarships.
Alex Núñez, a recruiter for the university’s honors college, urges students to start early and apply for as many scholarships as they can find, no matter how small.
“Don’t overlook the $500 award,” Núñez tells them. “If you spend an hour on a Saturday writing the essay, that’s the most you’re going to make in an hour in your life.”
In 2015-16, students from the lowest-income families paid an average net tuition and fees of $2,340 to attend a public four year, far below the $9,410 average sticker price, according to the College Board. At pricier private four-years, the lowest-income students paid $7,580, less than a quarter of the advertised price. But the cheapest option by far was community college, where they paid just $550.
2. The Fafsa is Not Worth the Hassle – or the Risk
Each year, thousands of families who would qualify for federal financial aid fail to file the Free Application for Federal Financial Aid, forgoing billions in free money for college, according to a study by NerdWallet.
Some of these families assume they won’t qualify for aid; others are wary of sharing their personal information with the federal government, particularly if a parent is undocumented. Some are stymied by the form’s complexity.
In fact, filing the Fafsa is much simpler than it used to be. Nearly all applicants now complete the form online, where skip-logic and a tool used to import tax data from the IRS allow filers to bypass many of the form’s questions and pre-fill others. Those technologies have cut the average time to complete the Fafsa from over an hour to less than a third of that, according to the Education Department.
Meghan McKenney, director of counseling in the University of Arizona’s Office of Scholarships and Financial Aid, tells families to apply for their user name and password, known as an FSA ID first; once they have it, they should gather all the documents they’ll need to complete the Fafsa before they start it. If they get stuck, the university has a 10-person customer service team that can help.
And what about privacy concerns? College and school officials say that while students’ data will be shared with federal agencies, to confirm their immigration status, parents’ information won’t be. Undocumented parents should simply enter a string of zeros in place of their social security number, said Norma Navarro-Castellanos, executive director for financial aid and scholarships at Pima Community College.
“Everything that goes on there is just for the purpose of your child’s education,” said Maria Federico Brummer, director of Mexican American student services for the Tucson Unified School District.
3. You’re on Your Own
When Deborah Santiago, the CEO of Excelencia in Education, a Washington-based nonprofit, was finishing up high school in the mid-1980’s, she had to figure out how to apply for college and financial aid by herself. Her Puerto Rican parents hadn’t been to college, and they were living in Spain, where her dad was serving in the military.
“My parents always said I’d go to college, but they didn’t know how, or where,” she said. “The onus was on me to figure out how to pay for it.”
So Santiago did what many students of her generation did: she sought help from teachers and guidance counselors.
These days, such help is harder to come by. As counselors’ caseloads have risen, and their responsibilities have multiplied, the amount of time they have to spend with individual students on college planning has shrunk. Nationally, there is now an average of only one counselor for every 430 students, well above the 1:250 ratio recommended by The American School Counselor Association. Arizona has the worst ratio in the nation: 1:905.
“We don’t have the funding to provide the private prep that a lot of wealthier districts do,” said NJ Utter, director of career and technical education for the Sunnyside School District. “So its incumbent on the kids.”
Fortunately, community-based organizations and non-profits have filled the void, offering everything from Fafsa completion nights to intensive one-on-one advising, starting as early as middle school.
Local school districts and colleges have also stepped up, offering programming specifically for parents. The University of Arizona has a one-day workshop for parents of middle schoolers and a longer, 12-week program for parents of elementary-aged students.
Pima Community College offers workshops on financing college specifically for undocumented students, who aren’t eligible for federal or state aid.
And most guidance counselors will help, too, if you take the initiative, said Hilda Ladner, the diversity, equity and inclusion officer at Pima Community College.
“While they are overwhelmed, if you can build a relationship with them, they are there to help, and they want to help,” she said.
4. The Award Letter is a Final Offer
The award letter – also known as the financial aid offer– is the document that colleges send to admitted applicants with details of their financial aid “package.” It may include grants, loans, scholarships, or some combination of these, and you may be asked to sign and return it to the school, accepting or rejecting each source of aid.
What it isn’t is a final offer. Latinos have been disproportionately impacted by the pandemic, with 40 percent reporting that they have taken a pay cut, and nearly 30 percent saying that they have been laid off, according to a survey conducted by the Pew Research Center in March. That compares to 27 and 20 percent of all Americans.
If your financial circumstances have changed since you filed the Fafsa, you can always request that your award be re-evaluated – a process known as “professional judgement.” You may qualify for additional federal or institutional aid. This pandemic year, some colleges are actively encouraging families to do so.
Don’t be too discouraged by denials, either. When Vega got her initial award offer, it didn’t include the Arizona Assurance Program, a generous grant program for low-income students. So she walked over to the university to ask if there was anything she could do, and learned that she could appeal the decision. She pled her case, and she got the grant.
“A lot of students don’t want to ask questions, because it is scary, it is intimidating,” she said. Her advice: “don’t be scared, don’t be shy, and go for it.”
Navarro-Castellanos tells families to approach college selection as consumers, comparing different aid officers just as they would with any other purchase.
“You are the one who is shopping, and it is in your power to determine not only is this school a good fit for you, but is it something you can afford,” she said. “You have to be a self-advocate.”
5. Borrowing is a Bad Idea
Latinos have a reputation for being debt-averse and are less likely to borrow to pay for college than their black or white peers. In 2015-16, only 29 percent of Latinos accepted federal loans, compared to nearly half of black borrowers and 38 percent of white borrowers, according to an analysis by Excelencia in Education. The also borrowed the least of any racial and ethnic group — $6,571, on average.
“They are worried that if they take a loan, they’ll never pay it off,” said Brummer.
Such fears are not unfounded. Latino borrowers are more likely to default on their debt than white ones, with 35 percent lapsing over a 12-year period, according to Excelencia in Education.
But defaults are not distributed evenly across the education spectrum. College dropouts and those who attend for-profit colleges are more likely to default than those who graduate from a four-year public or private college, for example.
While its wise to limit borrowing to the minimum you need, taking on some debt to pay for college can be a good investment. In Arizona, individuals with four-year degrees make nearly twice as much as those with a high school diploma alone — $53,091 in median wages versus $27,708 – according to a 2016 study by the Board of Regents. Over the course of a career, four-year college-graduates will earn an estimated $1-million more than those with only a high school diploma.
The key is to remember that not all loans are created equal. Private student loans, which are issued by banks, credit unions, and state agencies, are generally (but not always) more expensive than federal loans, and tend to offer fewer repayment options and borrower benefits. They often require payments starting when the student is still in college, and don’t typically offer loan forgiveness for public servants (though some state agencies do). Interest rates vary by lender and individual circumstances.
Federal loans, by contrast, come with a consistent set of terms and conditions set by law. Repayment doesn’t begin until the borrower graduates, leaves school, or falls below half-time enrollment, and there are options to postpone repayment temporarily. If you’re low- or middle-income you may qualify for a subsidized loan, which won’t accrue interest while the student is still in college.
“The fear of borrowing is huge,” said McKenney. She tells families that while taking out a federal student loan is a serious commitment, it’s often a cheaper option than a private loan or paying by credit card.
Families should approach loans as an investment in their child’s future earnings, and have a plan for paying it off, said Ladner.
“Not all loans are bad, especially if it allows you to finish more quickly,” said Santiago. “But you have to feel comfortable with what it means.”
